Sudáfrica, ante una protesta antimigrantes el 30 de junio

El grupo antimigración March and March exige que todos los migrantes irregulares abandonen Sudáfrica antes del 30 de junio. El Gobierno dice estar preparado ante un posible estallido de violencia.

«No permitiremos ningún intento de desestabilizar nuestro país, por parte de nadie, marchen o no», declaró el jueves 25 de junio de 2026 el presidente del país Cyril Ramaphosa.

El ministro Firoz Cachalia ya ha lanzado una advertencia a quienes estén pensando en cometer actos ilegales durante las protestas contra la inmigración del 30 de junio. Ha dicho que no se tolerará delincuencia, intimidación, violencia, destrucción de la propiedad ni ningún intento de socavar la seguridad pública.

Reacción tardía 

El ministro admitió que «hemos tardado demasiado en pronunciarnos con claridad sobre este tema. No hay motivo alguno por el que alguien tenga que acudir a una manifestación con un objeto que pueda utilizarse como arma».

Las agresiones a extranjeros en Sudáfrica se han multiplicado en las últimas semanas. Las bandas ciudadanas —incitadas por partidos populistas de derecha— recorren las calles buscando a supuestos inmigrantes indocumentados, saqueando, destruyendo negocios de extranjeros o intimidándolos. En la práctica, todas las personas percibidas como inmigrantes de origen africano o asiático están en el punto de mira.

Según cifras de la Oficina de Estadística de Sudáfrica, en 1996 el 2,1 por ciento de la población de Sudáfrica era inmigrante. En 2022, el 3,9 por ciento, es decir, son unos 2,4 millones de extranjeros, con o sin documentación válida.

Un «dilema» del propio Gobierno

Las brutales oleadas de violencia sacuden al país una y otra vez desde la apertura democrática del país, en 1994.

«El Gobierno sudafricano se ha creado en gran medida a sí mismo esta situación», comenta la analista política Tessa Dooms, directora del laboratorio de ideas Rivonia Circle. La experta señala que el Ejecutivo «ignora los problemas, permite la corrupción, deja que el deterioro vaya en aumento y solo reacciona cuando la situación alcanza su punto álgido».

El Gobierno se encuentra ahora a la defensiva. «No están preparados, analizan la situación de forma equivocada. Creen que se trata simplemente de un movimiento contra los inmigrantes, cuando en realidad la migración es precisamente lo que se ofrece como solución a personas que están descontentas por muchos otros problemas», asegura Dooms.

Los problemas de cobertura en el ámbito sanitario, la educación y, sobre todo, el elevado desempleo juvenil afectan al tejido social. La desigualdad va en aumento. «No se trata de que la gente sea xenófoba, sino de que ven este movimiento en particular como un espacio donde pueden ser escuchados y encontrar soluciones sencillas a problemas complejos», apunta Dooms. Ella no cree que «el Gobierno esté en absoluto preparado para afrontar esto el 30 de junio».

La policía sudafricana está movilizando sus fuerzas para las huelgas y protestas previstas, y el ministro Cachalia ha contratado empresas de seguridad privada por 32 millones de euros.

Corrupción en las autoridades

Ante estas medidas, Dooms se muestra escéptica, porque no se puede simplemente convencer a la gente de que respete los derechos humanos, «para ello, son necesarias las fuerzas del orden». Además critica la falta de procesamientos, arrestos y juicios policiales por delitos.

Todo esto ocurre en un contexto donde los altos mandos policiales del país están en la Comisión Madlanga, creada por el presidente Cyril Ramaphosa en julio de 2025 para investigar graves denuncias de corrupción, injerencia política e infiltración del crimen organizado en la policía.

En el país no hay confianza en la policía. «Las víctimas de estos ataques siguen viendo a la policía sudafricana como una institución xenófoba», afirma Fredson Guilengue, miembro de la Fundación Rosa Luxemburgo, con sede en Johannesburgo.

¿Está Sudáfrica legitimando narrativas falsas?

«Desde una perspectiva institucional, la gestión de la inmigración en Sudáfrica se caracteriza por la corrupción y la ineficiencia», critica Guilengue. Esto alimenta aún más la frustración de la población, crea un terreno fértil para la justicia por mano propia y favorece la pertenencia de la población a grupos radicales.

El Gobierno no ha logrado prevenir esta violencia, sino que parece estar respaldando los argumentos de estos grupos xenófobos, porque lleva a cabo cada vez más deportaciones, también vigila a personas en empresas y lugares de trabajo e impone multas a quienes emplean a inmigrantes indocumentados.

«Se han implementado numerosos cambios de política, junto con medidas a nivel institucional y cambios en la gestión fronteriza, lo que esencialmente significa que el Gobierno respalda la narrativa de que Sudáfrica está siendo atacada por extranjeros», afirma el politólogo.

Y otro punto crucial destaca el experto: combatir el desempleo juvenil es crucial, los jóvenes son muy susceptibles a discursos de grupos populistas de derecha. Según la Oficina de Estadística, el desempleo juvenil entre los jóvenes de 15 a 24 años alcanzó el 60,9 por ciento en el primer trimestre de 2026.

(rmr/ms)