Bruselas propone excluir de la protección temporal a los ucranianos en edad militar que huyan a Europa | elperiodico.com
La Comisión Europea ha propuesto este viernes extender el sistema de protección temporal para los refugiados ucranianos durante al menos un año más, pero por primera vez excluirá a las personas «con obligaciones militares» según la legislación de Ucrania, tal y como había pedido el gobierno de Volodomir Zelenski.
«Nuestra propuesta establece que no se debe otorgar protección temporal a las personas recién llegadas a quienes no se les permite salir de Ucrania debido a sus obligaciones militares según la ley ucraniana”, ha dicho el comisario de Interior, Magnus Brunner, en una rueda de prensa. Brunner ha defendido que la propuesta «tiene en cuenta las necesidades de defensa y recuperación de Ucrania, que están en constante evolución». Según el Ministerio de Defensa ucraniano, la movilización se aplica a ciudadanos de entre 25 y 60 años «que se consideran aptos para el servicio militar».
El comisario ha asegurado que la decisión se ha tomado con base en una petición del propio gobierno ucraniano. A ojos del austríaco, la propuesta permite «mantener la credibilidad del marco de protección» y, al mismo tiempo, ajustarlo «a las necesidades legítimas de Ucrania». Brunner reconoce además que también responde a las quejas de los países europeos que acogen más refugiados ucranianos.
La protección temporal
Aprobada en 2001 en respuesta a la guerra en la antigua Yugoslavia, la directiva de protección temporal está pensada para eso, para dar protección de manera temporal en caso de una afluencia «masiva o inminente» de personas desplazadas desde fuera de la UE. Se activó por primera vez en 2022 en respuesta a la invasión rusa de Ucrania y se ha ido renovando después de manera progresiva ante la continuación del conflicto.
La directiva establece que estas personas tienen derecho a un permiso de residencia que dependerá de la duración de la protección temporal y podrán viajar libremente por la UE por un periodo limitado de tiempo. Además, deberán tener acceso al mercado laboral, a una vivienda, a la asistencia sanitaria y a la educación en el caso de los menores. En algunos casos permite también la reunificación familiar.
Entre 2022 y mayo de 2027, casi cinco millones de ucranianos han solicitado la protección temporal y más de 100.000 han solicitado asilo. La nueva extensión amplía este tipo de protección hasta marzo de 2028. Las personas en edad militar que estén en territorio comunitario no verán afectada su situación. Quienes estén aún en Ucrania, sin embargo, podrán seguir solicitando asilo si lo desean.
Brunner ha defendido la necesidad de dar «continuidad» y «previsibilidad» a los ciudadanos ucranianos que se encuentran en territorio comunitario. «Esto protegerá a las familias que han construido sus vidas en Europa y también se han integrado en la sociedad, por ejemplo, encontrando trabajo, contribuyendo también a la economía de la UE, aprendiendo el idioma, yendo a la escuela, estableciendo negocios…», ha dicho el comisario.
Retorno y recuperación
La Comisión Europea ha propuesto, además, avanzar en los esfuerzos para avanzar hacia un modelo que se aleje de la respuesta de emergencia hacia un modelo con permisos de residencia más largos o el retorno. De hecho, Bruselas ha anunciado que creará un proyecto piloto en colaboración con las autoridades ucranianas para facilitar los retornos voluntarios.
«Estamos lanzando un programa piloto de retorno y recuperación voluntaria para apoyar a quienes deseen regresar hoy y también para prepararnos para apoyar los retornos una vez que la situación lo permita», ha explicado Brunner. Sin embargo, tanto la exclusión de personas en edad militar como los programas de retorno despiertan suspicacias.
Michael O’Flaherty, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, una institución ajena a la UE, ha cuestionado la propuesta. «La situación actual en Ucrania no cumple las condiciones para un retorno digno y seguro», ha dicho O’Flaherty en un comunicado. El comisario de derechos humanos ha advertido que esa transición «sin una red de seguridad sólida» puede llevar a miles de personas «al limbo legal, la pobreza y retornos involuntarios e inseguros».
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