Crece la presión para que María Corina vuelva a Venezuela ante las reservas en Washington

No existe una posición unánime dentro de la Administración Trump ni una instrucción oficial del Despacho Oval que cierre la puerta a su regreso. Pero un sector centrado en sostener a Delcy Rodríguez y su régimen durante esta etapa de transición considera, sin embargo, que Machado debe permanecer por ahora en Estados Unidos. Donald Trump ha apoyado a Delcy Rodríguez en repetidas ocasiones, alabando su cooperación y diciendo que se entiende muy bien con ella.

Fuentes y asesores próximos a esa posición trasladaron este sábado a ABC que no ven oportuno el regreso de una dirigente cuya presencia podría alterar el frágil equilibrio político del país. Machado respaldó la candidatura de Edmundo González en las presidenciales de 2024, cuyo resultado fue denunciado como fraudulento por la oposición y cuestionado por numerosos gobiernos.

Reuters informó este sábado de que varios altos cargos de Washington han recibido con frustración las gestiones de Machado para volver de inmediato a Venezuela. «Apoyamos que regrese, pero ¿tiene que ser 24 horas después de una catástrofe humanitaria masiva?», planteó un funcionario de la Casa Blanca a la agencia. Esas fuentes añaden que prefieren un momento en el que no haya contestación del régimen hasta que haya un proceso electoral, sin riesgo de mayores tensiones cuando hay sospechas de colaboración previas de Delcy Rodríguez con EE.UU.

El periodista español Javier Negre entrevistó la semana pasada a Delcy Rodríguez para la versión en español del canal estadounidense Real America’s Voice. Se trata de la primera entrevista que concede desde que asumió el poder tras la extracción de Nicolás Maduro. Su difusión, prevista para esta semana, se ha aplazado por los terremotos.

Reunión entre Delcy y María Corina

En la conversación, Rodríguez asegura que estaría dispuesta a reunirse con María Corina Machado en el futuro, aunque reclama antes que la oposición pida perdón por episodios que califica de «violencia política». La petición contrasta con las denuncias de graves violaciones de derechos humanos atribuidas al chavismo por organismos internacionales.

Otras voces dentro de la Administración y del Capitolio sostienen, en cambio, que su presencia tendría un valor decisivo en una emergencia que ha dejado al descubierto las limitaciones del aparato estatal venezolano. «No se trataría de hacer campaña ni de abrir una batalla política, sino de estar junto a los damnificados en la mayor tragedia que ha vivido Venezuela en décadas», señalan estas fuentes. «Machado jamás convertiría una situación así en un acto político». Fuentes en su entorno coinciden, no sería una entrada pensada en la dimensión política o en hacer activismo de ningún tipo.

En una tribuna publicada en ABC el día después del terremoto, Machado presentó una estructura de voluntariado como la base de la respuesta ciudadana a la catástrofe. «Para afrontar tales retos contamos ya con una formidable red ciudadana», escribió sobre la denominada «red 600-K», articulada por el Comando Con Venezuela, Vente y las organizaciones firmantes del Acuerdo de Panamá. Según sostuvo, en las elecciones robadas por Nicolás Maduro la misma red logró digitalizar el 85% de las actas electorales en 48 horas se activa ahora «para desplegar un gigantesco operativo de solidaridad y atención ciudadana».

Autoridad moral

Para quienes defienden su regreso, la dirigente conserva una autoridad moral y una capacidad de movilización que el poder interino de los Rodríguez no posee. Recuerdan que ha arriesgado su vida dentro del país y mantiene una conexión directa con una sociedad que se siente abandonada, sin información suficiente y sin un horizonte claro de reconstrucción. Machado vivió perseguida por Maduro, bajo riesgo de arresto, hasta que salió el año pasado para recibir el premio Nobel de la Paz, que dedicó a Trump tras la extracción de Maduro.

El debate coincide, además, con la situación de los presos políticos. La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en febrero bajo el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, no ha supuesto la liberación de todos ellos. Foro Penal contabilizaba 373 detenidos por razones políticas el 22 de junio.

Entre ellos sigue Perkins Rocha, abogado y estrecho colaborador de Machado. Fue excarcelado en febrero, pero permanece bajo arresto domiciliario, con grillete electrónico y custodia policial. El 12 de mayo, Trump aseguró ante periodistas que lograría sacar «a todos» los presos políticos de Venezuela. Más de seis semanas después, esa promesa sigue sin cumplirse plenamente.

La diáspora pide su vuelta

Desde la captura de Nicolás Maduro en enero, Delcy Rodríguez ha mantenido una estrecha cooperación con Washington. Esa relación ha incluido la apertura del sector petrolero a empresas estadounidenses, una creciente coordinación diplomática y de seguridad y la deportación a Estados Unidos de Alex Saab, antiguo aliado de Maduro y señalado como pieza clave de su entramado económico. Saab había recibido clemencia de Joe Biden en 2023, dentro de un intercambio de presos, y ahora afronta un nuevo proceso judicial en Miami. La Constitución venezolana impide la deportación de nacionales, y Saab, colombiano de nacimiento, tiene pasaporte de ese país, como ministro que fue de Maduro.

El eventual regreso de Machado plantea así una cuestión de fondo para Washington: si Estados Unidos sostiene que tiene capacidad de influencia sobre las autoridades venezolanas durante la emergencia, también deberá aclarar hasta qué punto puede garantizar que la líder opositora entre, se desplace y ayude libremente a sus compatriotas.

Machado ha guardado silencio en los últimos días, según su entorno, para no dificultar una relación institucional delicada. Pero quienes defienden su vuelta creen que Venezuela necesita movilizar todas sus energías para reconstruirse, no administrar la tragedia desde el control político.

A ambos lados del Atlántico se ha alzado ya un clamor para que Washington facilite su regreso. La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que estuvo recientemente en Washington, se dirigió este sábado a Donald Trump y Marco Rubio: «¿Frustrados? ¿Quiénes y por qué? ¿Aceptarían ellos el veto de una dictadura para volver a su país mientras sus compatriotas agonizan bajo los escombros? María Corina Machado tiene derecho a regresar a Venezuela. Es su sitio, hoy más que nunca. Para acompañar a su pueblo y honrar a sus muertos. Trump y Rubio tienen la responsabilidad urgente de garantizarlo».

Al margen de ese debate, Vente Venezuela, el movimiento político de Machado, y el comando Todos con Venezuela han activado una red de apoyo para atender a los damnificados.

En paralelo, numerosos militantes participan en la iniciativa más amplia «Pueblo apoya a pueblo», que ha reunido 241 centros de acopio: 104 en 17 estados venezolanos y otros 137 en 18 países. Entre ellos figura el instalado en la Universidad Central de Venezuela, uno de los mayores del país.

Estados Unidos ha comprometido ya 150 millones de dólares para la emergencia y prepara un nuevo paquete de ayuda de nueve cifras, cuya cuantía todavía no ha sido precisada. Sobre el terreno operan equipos de búsqueda y rescate de Virginia y Los Ángeles, a los que se sumarán rescatistas de Miami.

Además, personal estadounidense ha reparado una de las pistas del aeropuerto internacional Simón Bolívar, en La Guaira, para permitir la llegada de hospitales móviles, material médico y suministros. Washington también ha desplegado el buque anfibio USS Fort Lauderdale, que puede utilizarse para evacuar personas y trasladar ayuda.