Sacarlos de los escombros y luego enterrarlos: el laberinto de los familiares – Efecto Cocuyo

A Johana Hernández (42) la rescataron sin vida sus propios familiares. El edificio donde vivía en Catia la Mar, en el estado de La Guaira, se desplomó durante el doble terremoto del 24 de junio. Ella estaba con su esposo y su hijo de 10 años, a quienes pudieron sacar con vida de entre los escombros.

Sus allegados viajaron desde Caracas a la costa equipados con palas y taladros eléctricos para hacer las excavaciones por su cuenta. “Los rescatistas llegaron después de que nosotros ya los habíamos sacado de los escombros”, relata uno de los familiares. En medio del desespero que causa una escena como esa, donde el dolor y la acción se juntan, decidieron romper la cadena de custodia del cuerpo y meter el cadáver de Johana en un carro particular y trasladaron a la morgue de Bello Monte, en Caracas. Este domingo 28 de junio, aún esperaban en los alrededores la entrega del cuerpo para poder enterrarla.

Los familiares contaron que debieron hacer un pago móvil de 100 dólares al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y que, en total, han gastado cerca de 350 dólares en todo el proceso. La sepultarán en Caracas luego de completar las gestiones con un servicio funerario privado.

La incertidumbre de los que no aparecen

A los familiares de Jonaiker Jospe Ortiz Lara (29) les dijeron en el Senamecf que la institución cubrirá el traslado y la cremación. Sin embargo, su estatus sigue siendo el de desaparecido. Daniel acababa de llegar a Maiquetía en el vuelo 164 de expatriados desde los Estados Unidos y las autoridades lo habían trasladado a un hotel en la urbanización La Llanada, en La Guaira.

El miércoles 24 de junio, antes de la 1:00 p.m., se comunicó con sus familiares para avisarles que estaba haciendo los trámites para sacar la cédula. Ese fue el último contacto. En Los Valles del Tuy lo esperaban. Hoy, su mamá, primos, tías y amigos lo buscan sin descanso en los hospitales de La Guaira y de Caracas, y han ido tres veces a Bello Monte. “Nos dicen que esperemos la próxima actualización. De los 164 pasajeros del avión, solo han encontrado con vida a 12”.

En los alrededores de la Medicatura Forense hay docenas de personas que esperan una respuesta. Y aunque se aferran a la esperanza de encontrar con vida a sus allegados, en paralelo se ven obligados a iniciar el agónico laberinto de los servicios funerarios.

Una logística de guerra

Lo primero que necesitan los deudos para tramitar una cremación o sepultura es el certificado de defunción emitido por los centros de salud (si la persona muere hospitalizada) o por el Senamecf. 

Pero con una cifra que supera los 1.450 fallecidos, la gestión de la muerte desde la institucionalidad ha tomado tintes de una logística de guerra, en gran parte porque muchos cuerpos no están identificados.

En condiciones normales, el proceso ya es engorroso y lento: la mayoría de las veces los familiares deben buscar “hasta por debajo de las piedras” a un médico para que firme el certificado EV-14; luego, el Registro Civil debe emitir el acta de defunción para que una funeraria privada se encargue del resto. Quienes cuentan con recursos delegan toda la responsabilidad y el papeleo en las empresas privadas.

Hoy, nada de eso existe. Ante la saturación de las morgues principales, patólogos de emergencia y expertos forenses trabajan a contrarreloj combinando la identificación presencial con el descarte por fotografías y pruebas de ADN. Como los análisis genéticos tardan días, los familiares quedan atrapados en un limbo, sin confirmación ni certificado.

En la acera del dolor

Quienes no pueden costear la vía privada dependen por completo del Estado. Las alcaldías han asumido la entrega de ataúdes y la logística de los sepelios, pero la gratuidad viene acompañada de una dolorosa pérdida de control para los deudos. “Nos han contado que se llevan los cuerpos y luego te llaman a los días solo para entregarte las cenizas, uno no puede estar en ese evento”, comenta un afectado. 

En momentos de catástrofe, las directrices gubernamentales suelen inclinarse por la cremación masiva o los entierros en fosas comunes, pero en la contingencia actual, ambas alternativas se encuentran colapsadas.

A esto se suma el drama de las familias que desean llevarse los cuerpos al interior del país, lo que representa un gasto extra en fletes de traslado que resulta impagable para la mayoría. Quienes tienen seguros funerarios privados o colectivos logran facilitar el desembolso de altas sumas.

A la saturación física se suma un muro aún más difícil de franquear: el silencio institucional. Hasta la fecha, no existe un canal de información oficial que centralice las dudas de los deudos. Nadie informa con claridad cómo operan los servicios de emergencia, si quedan espacios disponibles en los cementerios municipales de la capital o si el Estado dispone de una reserva real de urnas donadas para la contingencia. 

En Bello Monte, la única certeza se propaga de boca en boca, dejando a las familias a la deriva en un mercado de rumores donde la desinformación agrava aún más el duelo.

En medio de ese escenario irregular, Aldo Rivas llegó a la morgue de Bello Monte junto a dos compañeros en su camioneta de servicios funerarios. “Venía a buscar a un fallecido por el terremoto para llevarlo a Barinas, pero aún no estaba en esa morgue. Mientras esperamos, me puse a la disposición para hacer traslados locales”, relató. A las 2:00 p.m. ya había realizado cuatro viajes.

A pocos metros de él, trabajadores del grupo Previsora Monte Ávila caminaban entre la multitud repartiendo folletos de sus servicios. Explicaban que, a pesar de informar sobre sus paquetes habituales, en solidaridad por la tragedia estaban ofreciendo traslados y cremaciones sin costo.

Defender el último reducto de humanidad

En una emergencia que lo desmantela todo, el respeto por los caídos se convierte en la última línea de defensa de una sociedad para evitar que la muerte se transforme en un trámite en serie.

Tanto la familia de Johana, que gastó lo que no tenía para evitar la fosa común, como los allegados de Daniel, que se niegan a que su regreso al país sea una cifra borrosa en una lista de desaparecidos, persiguen exactamente lo mismo: el descanso de sus muertos.