Recuperación tras sismos exige ayuda externa y consenso político

📅 7 de julio de 2026🕐 hace 1 min🔗 Fuente: TenemosNoticias.com🕑 8 min de lectura

La catástrofe del 24 de junio pasado no solo cobró más de 3500 vidas, hasta la fecha, sino que destruyó sectores clave como vivienda y vialidad. Óscar Torrealba y Asdrúbal Oliveros advierten que la reconstrucción superará la capacidad financiera del Estado. Ambos expertos coinciden en que la recuperación económica dependerá de un estricto consenso político, transparencia institucional y ayuda internacional.

Caracas. El horizonte macroeconómico de Venezuela para 2026 se ha derrumbado tras el doblete sísmico del 24 de junio pasado. Con pérdidas estimadas entre los 6700 y los 14.900 millones de dólares en los escenarios más conservadores, el desastre sepulta el proyectado crecimiento del 4 % al 6,5 % previsto por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, afecta la previsión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Mientras la cifra oficial de víctimas fatales asciende a 3535 personas, según el reporte oficial hasta este 6 de julio, y los daños en infraestructura amenazan con desbordar la capacidad financiera del Estado. Además, la reconstrucción nacional entra en una carrera contrarreloj que dependerá críticamente de la transparencia institucional y de la ayuda global.

Estas proyecciones iniciales, calculadas por organismos multilaterales y firmas de análisis financiero, evidencian que el segundo semestre del año se consagrará por completo a la reconstrucción, lo que anula la viabilidad de cualquier pronóstico previo a la catástrofe.

Ante esta realidad, los economistas Óscar Torrealba y Asdrúbal Oliveros coinciden en que el fenómeno telúrico desarticula por completo cualquier plan de expansión estimado para la economía venezolana durante este año.

Fotografía: Armando Díaz.

Pérdidas incalculables

“Toda esta tragedia ha desnudado una serie de problemas; entre ellos, el tema estadístico. El Estado venezolano no cuenta con la capacidad técnica, institucional, moral ni económica para atender esta calamidad, lo que se traduce también en la ausencia de capacidad para medir el impacto del doblete sísmico. Por lo tanto, hay una enorme dispersión en el cálculo de los daños”, aseguró Óscar Torrealba, economista y profesor universitario.

En este sentido, el especialista explica que el costo económico real podría oscilar desde el 4,6 % del Producto Interno Burto (PIB), unos 6500 millones de dólares. Además, podría llegar hasta el 33 %, que representa la estimación máxima reportada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), equivalente a unos 37.000 millones de dólares.

“Con estos cálculos de las Naciones Unidas podemos presumir, utilizando una metodología de aproximación, que el PIB de nuestro país podría estar rondando los 110.000 o 120.000 millones de dólares”, explicó.

Torrealba añadió que, más allá de los deterioros estructurales visibles, otra variable crítica es el costo de la reconstrucción. Este es un monto que suele superar significativamente al de los daños iniciales.

“La dispersión es demasiado grande y es difícil hacer proyecciones cuando no hay estadísticas. Yo no tengo una estimación personal, pero si hubiese transparencia en las cifras, para los economistas sería mucho más fácil generar conclusiones en esta materia”, sostuvo.

Aliados para Venezuela

Para Torrealba, la recuperación nacional dependerá “indiscutiblemente” del auxilio internacional que se logre canalizar y de la voluntad de las principales fuerzas políticas del país.

“La ayuda para un país que sufrió un terremoto y que tiene una estimación de daños que ronda los 9000 millones de dólares —lo que supera con creces la capacidad financiera del Estado— pasa obligatoriamente por la comunidad internacional. Sin embargo, la situación política exige que haya una auditoría de acompañamiento y una especie de consenso con la sociedad civil para que se involucren en la fiscalización de la ayuda, por una razón muy clara: la corrupción”, alegó.

Asimismo, detalló que un requisito indispensable para que las entidades multilaterales otorguen financiamiento es la solidez institucional. Sin embargo, Venezuela carece de ese atributo en la actualidad.

“Imaginemos que el FMI, el Banco Mundial o la CAF otorguen ayuda a Venezuela. ¿Con cuál institución se van a entender para esas auditorías de seguimiento?, ¿quién explicará los parámetros para invertir los recursos y bajo qué criterios se priorizarán? Todo esto implica un arreglo institucional al que será muy difícil llegar a corto plazo”, opinó.

El especialista recalcó que la reactivación no responde únicamente a la inyección de recursos. Más bien, responde a las garantías y al valor que dichos fondos generen a largo plazo.

“No es lo mismo invertir 100.000 dólares en un país con libertad económica y garantías jurídicas, que invertirlos donde no se garantizan los derechos. Lo ideal sería darle valor a esa inversión a futuro; es decir, que tras la reconstrucción física, esos recursos sirvan como un motor para impulsar la economía”, detalló.

Reconstrucción

Por su parte, el economista y consultor empresarial Asdrúbal Oliveros ratifica que los desastres naturales ejercen un impacto severo y prolongado sobre el PIB de las naciones damnificadas.

“Los terremotos ocurridos no solo dejan una tragedia humana de dimensiones aún difíciles de cuantificar; también modifican profundamente las perspectivas económicas del país. La evidencia internacional muestra que un sismo de gran magnitud puede generar pérdidas equivalentes a entre el 3% y el 10% del PIB, dependiendo del daño físico y de la capacidad de respuesta del Estado”, afirmó.

Bajo las evaluaciones preliminares de Oliveros, el saldo de daños se sitúa entre los 7500 millones y los 9000 millones de dólares. Esto representa cerca del 8,5 % del PIB nacional.

“Los sectores más afectados serán vivienda, infraestructura, comercio, transporte y logística. La reconstrucción demandará entre 12.000 millones y 15.000 millones de dólares, una magnitud que supera ampliamente la capacidad financiera del Estado venezolano”,
advirtió.

Este impacto macroeconómico se traduce en la devastación de infraestructura clave: de acuerdo con las últimas actualizaciones, al menos 190 edificios colapsaron por completo. Asimismo, otros 856 presentan daños estructurales graves en todo el país.

Sectores residenciales del municipio Chacao, como Altamira y Los Palos Grandes, sufrieron desplomes masivos de edificaciones. Mientras tanto, el patrimonio arquitectónico también reporta daños severos, incluyendo la Ciudad Universitaria de Caracas.

Venezuela no podrá sola

Oliveros coincidió con Torrealba al advertir que la nación carece de las herramientas necesarias para afrontar el proceso de reconstrucción de forma aislada.

“Venezuela no podrá enfrentar sola este desafío. No se trata únicamente de conseguir financiamiento. Será indispensable movilizar asistencia técnica, equipos especializados, hospitales de campaña, infraestructura temporal, créditos de rápido acceso y mecanismos internacionales de coordinación. La cooperación internacional dejará de ser un complemento para convertirse en una condición necesaria para la recuperación”, aseguró el analista en una publicación en su canal de Substack.

La lectura positiva, a su juicio, es que por primera vez en años confluyen condiciones políticas y diplomáticas que hacen viable dicha cooperación.

“El restablecimiento de relaciones con organismos financieros internacionales abre una ventana que hasta hace pocos meses parecía cerrada. Sería un error convertir esta ayuda en un nuevo terreno de confrontación política. Después de un terremoto, los países no necesitan discursos sobre soberanía; necesitan ingenieros, maquinaria, hospitales, agua potable, electricidad y capacidad para reconstruir”, señaló.

Un consenso necesario

Ante la magnitud de la catástrofe y los llamados a la asistencia externa, representantes del Gobierno central, incluido balances provistos por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Además, confirmaron el despliegue de más de 29.000 efectivos nacionales, 27.000 voluntarios y la recepción de al menos 4338 rescatistas e ingenieros internacionales.

La administración pública decretó el estado de emergencia general con el propósito de centralizar las operaciones de salvamento, remoción de escombros y restablecimiento de los servicios públicos de electricidad y agua potable.

Oliveros insistió en que este sismo no solo movió la tierra, sino que desplazó por completo el horizonte macroeconómico de Venezuela.

“La economía venezolana acaba de entrar en una nueva etapa. La rapidez con la que logremos combinar el esfuerzo del Estado, la capacidad del sector privado, la contraloría de la sociedad civil y el apoyo decidido de la comunidad internacional determinará no solo el desempeño económico de 2026, sino las posibilidades reales de recuperación durante la próxima década”,
adelantó.

En tanto que los equipos multilaterales y las brigadas internacionales de rescate continúan removiendo los escombros físicos de las zonas más golpeadas. Por otro lado, el verdadero sismo institucional apenas comienza para Venezuela.

En una nación históricamente marcada por la opacidad de sus datos y la fractura política, la rendición de cuentas y la fiscalización ciudadana ya no son demandas teóricas. Por el contrario, son los pilares urgentes de los que dependerá la llegada de fondos financieros de emergencia.

El éxito de la reconstrucción física no solo medirá la capacidad del país para levantar sus escuelas y viaductos. También medirá su madurez para pactar un consenso de supervivencia económica antes de que el invierno institucional termine por sepultar el futuro de la próxima década.