EE.UU. planea desplegar 3.000 técnicos y asumir la administración temporal de Venezuela

El proyecto, todavía en una fase preliminar, contempla el envío a Venezuela de unas 3.000 personas y una inversión inicial próxima a los 3.000 millonesde dólares (2.600 millones de euros). No se trataría de un contingente militar ni de una fuerza de combate. Una parte importante del equipo procedería del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, acompañada por especialistas civiles en infraestructuras, urbanismo, logística, comunicaciones, energía y ordenación territorial.

Su misión sería participar en la recuperación de carreteras, puertos, aeropuertos, redes eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua y edificios públicos dañados por los seísmos. También asumirían tareas de coordinación de la ayuda y de planificación de las prioridades para reconstruir las zonas más afectadas.

Durante semanas, el equipo de Donald Trump ha analizado distintas fórmulas para asumir un mayor control sobre la transición venezolana. El propio presidente ha llegado a bromear en público con la posibilidad de convertir Venezuela en el Estado número 51 de Estados Unidos, una hipótesis que no forma parte de los planes reales examinados por su Administración.

La idea que se discute consiste en dotar al país de una estructura provisional con capacidad para afrontar la emergencia, sostener los servicios básicos y evitar que la reconstrucción quede enteramente bajo el control de las instituciones heredadas del chavismo.

Una fuente consultada por ABC compara el modelo, con todas las cautelas, con los acuerdos de libre asociación que EE.UU. mantiene con las Islas Marshall y otros pequeños Estados del Pacífico. La comparación es únicamente política y funcional. Aquellos acuerdos fueron negociados entre países soberanos y regulan materias como la defensa, la financiación y la libre circulación. Venezuela se encuentra en una situación constitucional, territorial e institucional completamente distinta.

El plan continúa en discusión y no ha sido aprobado ni anunciado públicamente por la Casa Blanca. Tampoco existe una fórmula jurídica cerrada ni un acuerdo definitivo sobre quién dirigiría esa administración, durante cuánto tiempo estaría vigente o qué instituciones venezolanas conservarían sus competencias.

La propuesta ha provocado algunas resistencias dentro de la Administración Trump. Washington busca establecer una presencia estadounidense amplia, con responsabilidades concretas y capacidad de supervisión, pero sin anexionarse Venezuela ni integrarla formalmente en Estados Unidos. Sería una tutela temporal y limitada, vinculada a la emergencia, la reconstrucción y la transición política.

La hoja de ruta de EE UU

El primer movimiento visible de esa nueva arquitectura se produjo esta semana con el anuncio de una mesa de trabajo entre las dos asambleas nacionales que reclaman autoridad en Venezuela: la elegida en 2015, reconocida por EE.UU. y por una parte de la oposición como la última institución legislativa legítima, y la controlada por el chavismo.

Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, y Jorge Rodríguez, presidente de la cámara creada posteriormente bajo control del régimen y hermano de la actual presidenta, anunciaron por separado el inicio de una «agenda de trabajo conjunta» a partir del próximo 1 de agosto.

Ambas partes presentan el diálogo como una respuesta a la emergencia provocada por los terremotos y como un instrumento para promover la reconstrucción, la estabilidad y el «fortalecimiento de la democracia». El proceso cuenta con respaldo estadounidense y sitúa a Washington en una posición central dentro de la reorganización política del país.

El anuncio no contiene todavía un acuerdo sobre elecciones, liberación de presos políticos, regreso de los exiliados o distribución del poder. Tampoco resuelve la disputa sobre la legitimidad de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder después de la caída de Nicolás Maduro y se ha convertido en la principal interlocutora de EE.UU. dentro del aparato chavista.

Lo que inaugura el acuerdo es una negociación formal entre una parte de la oposición institucional y la estructura legislativa del régimen. La catástrofe humanitaria proporciona la justificación inmediata para sentarlos en una misma mesa, pero el alcance del proceso puede ir mucho más allá de la reconstrucción.

La pugna interna en Washington

La decisión de colocar a Figuera al frente de ese canal, en lugar de María Corina Machado, ha generado inquietud en sectores de la oposición venezolana. Según una fuente conocedora de las conversaciones, Washington intenta avanzar en la construcción institucional sin provocar una ruptura con quienes consideran imprescindible mantener una relación de trabajo con Delcy Rodríguez y con otras figuras del antiguo régimen.

Durante los últimos días, dos altos funcionarios estadounidenses, uno vinculado recientemente a la Casa Blanca para asuntos latinoamericanos y otro perteneciente al área económica del Departamento de Estado, han viajado y mantenido contactos en Venezuela con representantes de la oposición y del chavismo, según la misma fuente. El contenido y el alcance de esas conversaciones no han sido revelados oficialmente.

El periodista Javier Negre, que ha adelantado varias gestiones recientes de la Administración Trump sobre Venezuela y publicó este miércoles una entrevista con Delcy Rodríguez, aseguró que Washington prepara «el mayor acuerdo de la historia de Estados Unidos con Venezuela». Según Negre, el plan se hará público «en unas semanas» y contempla «billones de dólares».

La disputa no se enfrenta simplemente a partidarios y adversarios del chavismo. Dentro de la Administración estadounidense existen diferencias sobre el orden de las prioridades, el calendario electoral y el precio que debe pagarse para mantener la estabilidad mientras se desarrolla la reconstrucción.

Un sector considera que la emergencia obliga a trabajar temporalmente con Delcy y Jorge Rodríguez, funcionarios del régimen y mandos que todavía conservan capacidad administrativa y control territorial. Su argumento es que un derrumbe inmediato de esas estructuras podría dejar al país sin una autoridad capaz de distribuir ayuda, mantener los servicios básicos o garantizar un mínimo de seguridad.

Otro grupo sostiene que una transición excesivamente apoyada en esas mismas figuras corre el riesgo de rehabilitar al chavismo y de apartar a quienes obtuvieron la legitimidad política en las elecciones presidenciales de 2024.

EE.UU. reconoció a Edmundo González Urrutia como ganador de aquellos comicios y sostuvo que Nicolás Maduro carecía de legitimidad democrática. Tras la caída de Maduro, Delcy asumió la jefatura provisional del Estado por decisión de las instituciones controladas por el chavismo, que justificaron el relevo por la ausencia del presidente.

Tutela para la reconstrucción

Una fuente opositora plantea una contradicción directa: si Washington no reconocía a Maduro como presidente legítimo, ¿de dónde procede la legitimidad de una sucesora que había sido designada vicepresidenta por el propio Maduro? «Ellos mismos han minado la estructura jurídica de Delcy», resume esa fuente.

La tesis es que EE.UU. puede tratarla como interlocutora de hecho, porque conserva el control de una parte del aparato estatal, pero tendría mayores dificultades para reconocerla como autoridad legítima. La distinción entre poder efectivo y legitimidad democrática se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción dentro del Gobierno estadounidense.

Los partidarios de Machado sostienen que ella y González Urrutia conservan una legitimidad de origen derivada de las elecciones. Delcy, en cambio, depende de la cadena institucional del chavismo. Quienes recelan de Machado temen que su regreso inmediato rompa el equilibrio alcanzado con las autoridades provisionales y convierta la reconstrucción en una confrontación abierta por el poder.

Michael Kozak, alto responsable del Departamento de Estado para el Continente Americano, trató esta semana de contener esa disputa durante una esperada comparecencia ante el Senado en la que quedó en evidencia la tensión interna en esta Administración ante la crisis en Venezuela.

Kozak aseguró abiertamente que EE.UU. no se opone al regreso de Machado. «Todos conocemos y admiramos a María Corina», afirmó. «Nuestra posición es que todos los que han estado en el exilio deben poder regresar, y eso incluye, en primer lugar, a María Corina».

Sin embargo, la Administración, por encima de Kozak, había tratado anteriormente de impedir que la dirigente opositora regresara durante la fase más grave de la emergencia, ante el temor de que su entrada complicara la distribución de ayuda y desestabilizara los contactos con Delcy Rodríguez. Esa aparente contradicción refleja las diferencias entre quienes defienden su incorporación inmediata y quienes prefieren aplazarla.

Kozak explicó que Washington busca «un punto intermedio» para las elecciones. «No queremos elecciones demasiado pronto, cuando no puedan celebrarse porque todavía hay muchas cosas que cambiar, pero tampoco queremos que queden demasiado lejos», declaró.

El funcionario enumeró algunos de los trabajos pendientes: actualizar el registro electoral, incorporar a nuevos votantes, nombrar autoridades electorales independientes y reconstruir la infraestructura necesaria. «No queremos que esto se prolongue, pero tampoco queremos hacerlo en medio de un terremoto», añadió.

Al mismo tiempo, el Departamento de Estado reconoce que una transición indefinida reduciría la presión sobre el chavismo y ahuyentaría las inversiones necesarias para reconstruir Venezuela. «La gente no invertirá a largo plazo si no existe un gobierno democrático», advirtió Kozak.

Planes de transición en marcha

Según una fuente próxima a las negociaciones, el anuncio de la mesa entre las dos asambleas se aceleró antes de la audiencia del Congreso para permitir que la Administración mostrara avances concretos. Jorge Rodríguez habría aceptado el mecanismo con rapidez para evitar aparecer como un obstáculo ante los legisladores estadounidenses.

Esa precipitación habría debilitado su posición, porque lo obligó a reconocer como interlocutora a la Asamblea de 2015, una institución que el chavismo había declarado extinguida y carente de autoridad. Rodríguez ha pasado así de negar su legitimidad a aceptar una agenda conjunta con su presidenta.

La discusión incluye también el destino personal y judicial de Delcy y de otros dirigentes del chavismo. Una de las interpretaciones que circulan entre personas próximas al proceso vincula la reciente ofensiva de Marco Rubio contra la Corte Penal Internacional con la posibilidad de ofrecer una salida negociada a algunos responsables del régimen.

Rubio anunció el lunes una campaña de todo el Gobierno estadounidense para «desmantelar» la CPI y presionar a otros países para que abandonen el tribunal o suspendan su financiación. Lo hizo en una tribuna en el diario ‘The Wall Street Journal’.

El secretario de Estado acusó a la Corte de librar «una guerra contra nuestro país, no con balas o misiles», sino mediante «la fuerza del llamado derecho internacional». Prometió utilizar sanciones, restricciones de visados, prohibiciones de viaje y presión diplomática para desmantelarla «ladrillo a ladrillo, si es necesario».

Según esa interpretación entre la oposición al chavismo, el debilitamiento de la Corte podría facilitar algún compromiso destinado a convencer a Delcy y a otros dirigentes de que abandonen el poder sin temor a una persecución inmediata.

Se trata, sin embargo, de una hipótesis política formulada por fuentes próximas al proceso, no de un vínculo confirmado por la Administración. EE.UU. no puede extinguir por sí solo las investigaciones abiertas por la CPI ni eliminar eventuales responsabilidades por crímenes de lesa humanidad. Tampoco podría impedir que otros países recurrieran a sus tribunales nacionales o a mecanismos de jurisdicción universal.

Según una fuente dentro de la Administración, el general Francis Donovan, del Mando Sur, y John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, mantienen enfoques diferentes sobre el alcance de esa estructura.

El primero representaría una visión más vinculada a la seguridad, la logística y el control operativo. El segundo defendería una aproximación diplomática basada en preservar parte de las instituciones venezolanas y alcanzar acuerdos con actores locales. La existencia de esas diferencias no ha sido reconocida públicamente por Washington.

La Casa Blanca quiere evitar dos desenlaces. El primero sería una desintegración institucional que obligara a una intervención militar mucho mayor. El segundo, una estabilización sin democracia en la que Delcy y su entorno conservaran el control bajo una apariencia de transición.

Entre ambos extremos, Washington intenta construir la administración provisional, una mesa política y, después, un calendario electoral. El objetivo declarado es que los venezolanos elijan finalmente a su Gobierno. El problema es quién controla el país hasta entonces, quién administra los miles de millones destinados a la reconstrucción y quién decide qué dirigentes pueden participar en la transición.