La ofrenda de unas reclusas chilenas a las víctimas de los terremotos en Venezuela: “La solidaridad no se pierde por estar en una cárcel” – AlbertoNews

En la cárcel de San Joaquín, en un municipio al sur de Santiago de Chile, donde unas 800 mujeres cumplen condenas —la mayoría por delitos menores—, se despertó un gesto de solidaridad por una tragedia ocurrida a más de 4.900 kilómetros de distancia. Tras conocer que la ciudad de La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas, había quedado devastada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela, las internas organizaron una colecta que terminó reuniendo 375.480 pesos chilenos (unos 400 dólares).

Por El País

La iniciativa nació apenas unos días después de los seísmos. “En la misa del domingo posterior al terremoto les dijimos que ‘nadie es tan pobre como para no tener nada que dar, ni tan rico como para no tener nada que recibir’”, cuenta a EL PAÍS la hermana Nelly León, religiosa de la Congregación del Buen Pastor y la única mujer que ejerce como capellana en las cárceles chilenas. La frase movilizó a las reclusas, que decidieron aportar parte del escaso dinero con el que cuentan y llevarlo en un tarro a la siguiente misa, el 5 de julio.

Lo ocurrido conmovió al sacerdote jesuita Jorge Costadoat, que hacía un reemplazo a un compañero que suele asistir a la capilla de la penitenciaría. Al finalizar la ceremonia, el religioso conservó un pequeño papel donde la hermana León había anotado el monto de la primera colecta: 296.480 pesos [US$317]. Días después decidió contar la historia en una carta publicada en El Mercurio. Pero la cifra había crecido con una nueva donación de 80.000 pesos (US$85,6), según León. Todo el dinero fue depositado a Caritas, en Chile, a través de dos transferencias para hacerlo llegar a su equipo en Caracas.

Los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela han dejado más de 5.100 muertos, más de 16.700 heridos y un número aún indeterminado de personas desaparecidas. Según el balance de las autoridades de ese país, hay más de 128.300 familias afectadas por los sismos, de las cuales 17.907 personas han quedado sin una vivienda debido a los destructivos temblores. En una primera evaluación, la Oficina de las Organización de Naciones (ONU) para la Reducción del Riesgo de Desastres estimó que los daños físicos directos en viviendas e infraestructura podrían alcanzar unos 37.000 millones de dólares.

Para Costadoat, doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, el valor de la colecta de las reclusas en Chile trasciende el monto reunido: “Estas mujeres son muy pobres, por lo que es muy significativo que hayan tenido esta sensibilidad”. Resalta que, en un lugar donde casi todo escasea, compartir se convirtió en una forma de recordar que la solidaridad también puede nacer entre quienes menos tienen recursos.

La población reclusa de San Joaquín es diversa, por lo que también está integrada por mujeres migrantes de Perú, Bolivia, Argentina, Venezuela y de otros países. “Las familias de las [internas] venezolanas, afortunadamente, están bien, porque ninguna se encuentra en La Guaira. Hoy nos preparamos para que ellas envíen mensajes de apoyo a las familias. Pero antes debemos tener un contacto más directo, alguien en Venezuela que nos pueda ayudar a recibirlo”, explicó León, que además lidera Mujer Levántate, una fundación que promueve la dignidad de la población femenina privada de libertad en Chile.

La capellana lleva 21 años evangelizando en la penitenciaría de San Joaquín. De ahí que recuerda que, en ocasiones anteriores, las privadas de libertad han sido solidarias en otras crisis, como la pandemia, cuando algunas de ellas renunciaron sus alimentos para donarlos a comedores en sectores populares del país, o durante el terremoto en el norte de Chile de magnitud 8,3, en 2015, donde muchas se ofrecieron para colaborar: “A veces la sociedad civil ignora que detrás de los barrotes hay personas. Se tiene el concepto de que todas son malas, pero basta con darse una vuelta por la cárcel para ver que hay mujeres solidarias que sufren, lloran el dolor de ellas y del otro, capaces de ponerse en el lugar de otras personas”.

La historiadora Ana María Stuven reacciona ante la recaudación de fondos de las reclusas: “La solidaridad no se pierde por estar en una cárcel. Hay que entender que la prisión es un espacio de mucha pobreza, que puede enseñarnos que siempre hay algo que puedes dar, independientemente de las carencias”.

Stuven es doctora en historia por la Universidad de Stanford y presidenta de la Corporación Abriendo Puertas, una oenegé que se dedicada a capacitar a reclusas en oficios para su reinserción laboral. De ahí que ha estudiado a fondo la penitenciaría de San Joaquín, donde la mayoría de la población femenina cumple condenas relativamente cortas por delitos menores, cuyo perfil no dista del promedio de las mujeres encarceladas en Chile. “Por el temor que se tiene a la delincuencia, a veces se tiende a demonizar a las personas que han cometido algún delito y, por tanto, a considerar que la cárcel es la mejor solución”, indicó.

Una de las principales preocupaciones de los chilenos es la inseguridad. Según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), un 55% de los consultados opina que la delincuencia se debe a la falta de condenas o bajas penas, mientras que un 44% lo asocia al consumo de drogas y alcohol y un 43% cree que otra de las principales causas son las bandas de narcotráfico.

Stuven asegura que la mayoría de las que cumplen penas en recintos penitenciarios lo hacen por delitos ligados al microtráfico de drogas, aunque observa que han aparecido en los últimos años algunas condenadas por integrar bandas de narcotraficantes (en una proporción menor a los hombres, recalca). Pero también por delitos contra la propiedad, como hurtos y robos. En tanto, una baja proporción más baja se encontraría en las cárceles por homicidios.

La experta sostiene que, en el caso de las condenadas por delitos menores, cuando se les limitan las redes de apoyo y encuentran dificultades para la reinserción social, “no solo no disminuye la delincuencia, sino que también se contribuye a la reincidencia en el delito”. Y concluye: “Hay que elaborar programas adecuados de reinserción”.

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