Daniel Ortega, «en la diana», tras quitarse la última careta | elmundo.es

El líder indígena Brooklyn Rivera reapareció en mayo, lleno de cables y en los huesos, en el hospital de Managua donde acabaría muriendo días después. Llevaba tres años en paradero desconocido después de ser declarado «traidor a la patria» y fue el séptimo opositor que perdía la vida bajo custodia del Estado desde 2019. Ocho familiares suyos que viajaron a la capital nicaragüense para reclamar el cuerpo están hoy desaparecidos. Y tampoco se tienen noticias del obispo Abelardo Mata Guevara desde el 29 de junio.

Detenidos fueron también, en 2021, todos los candidatos opositores antes de las elecciones presidenciales, de modo que el ganador fue, ¡sorpresa!, Daniel Ortega. El presidente reformó la Constitución en 2025 para, entre otras cosas, establecer la figura de su copresidenta -antes vicepresidenta-, su mujer, Rosario Murillo, con la que tiene siete hijos y a la que llaman «bruja» no sólo por invocar a los espíritus. Algunos de sus efectos terrenales: más de 300 muertos solamente en la represión de las protestas de 2018, un éxodo del 10% de la población, medio millar de críticos expulsados y a los que se despojó de la nacionalidad, todos los medios de comunicación independientes confiscados y exiliados en Costa Rica.

¿Qué añade, pues, que un decrépito Ortega declare, como hizo el pasado 19 de julio, «aquí no volverá a haber elecciones»? ¿Por qué lo hace precisamente ahora, con Estados Unidos metido en Venezuela y presionando cada vez más a Cuba, la fiel correligionaria e inspiradora del régimen sandinista?

El premio Cervantes y recién elegido miembro de la Real Academia Española Sergio Ramírez, refugiado en Madrid desde hace cinco años, califica la declaración de «estrambótica» y afirma a EL MUNDO que «no cambia mucho lo que está pasando en el país». Desde 2006, explica el escritor -quien fue vicepresidente de Ortega en el primer Gobierno tras la derrota del dictador Anastasio Somoza y renegó del sandinismo en su célebre Adiós, muchachos-, «no ha habido realmente elecciones», sino «fraudes electorales». «Realmente no sé cuál es el propósito», dice Ramírez, «pero buscar cómo llamar la atención en estos momentos le puede resultar fatal, porque se están poniendo en la diana. Nadie se acordaba de Ortega».

El autor conoce el percal, si bien confiesa no haber esperado nunca hasta dónde llegaría la «traición» que supuso ser perseguido y desterrado. A esa mezcla de «viejo caudillismo decimonónico», «esquema familiar dinástico muy conservador», «retórica antiimperialista» y «partido hegemónico de corte leninista», sólo le falta, estima, declarar único al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

A su amiga Gioconda Belli, también escritora y residente en Madrid -ambos están entre los más de 300 nicaragüenses a los que el Gobierno español naturalizó después de que Ortega los despojara de su nacionalidad-, lo único que le alegra es que «esto haya sacado a Nicaragua del olvido». La autora opina que fue «un gesto de gran crueldad y de falta de todo tipo de escrúpulos, el día que se celebra el fin de una dictadura en Nicaragua [la de los Somoza, en 1979] anunciar que va a haber otra dictadura».

Vieja correligionaria del sandinismo, bestseller desde su primera novela –La mujer habitada (1988)-, se exaspera al denunciar el uso espurio del aniversario. «Además de que nos confiscaron casas, pasaportes, pensiones, está confiscando la soberanía de siete millones de nicaragüenses, y aprovecha un acto que conmemora el fin de una dictadura que nos costó sangre, una lucha larguísima, para decir que su dictadura va a existir a perpetuidad«, nos dice.

Belli ve la cancelación de elecciones como una «raya negra», pero recuerda que «lo que pasó fue un proceso». «En primer lugar, vació las instituciones, encarceló candidatos, destruyó partidos, abolió el Estado de derecho en Nicaragua. Esta es la conclusión». Para ella, fue incluso dudosa la elección democrática en 2006 del mandatario sandinista: «Logró, con un pacto con el presidente más corrupto de Nicaragua [Arnoldo Alemán, 1997-2002], que se bajara el porcentaje electoral del 45% al 35% y él ganó con el 38%, así que, en realidad, más de la mitad de Nicaragua votó contra él». Jamás, asegura, consideró digno del cargo a Ortega ni en su primer mandato: «Pienso que lo pusieron ahí porque era el más opaco, y creyeron que su ego era menor que el de los otros [líderes sandinistas]».

En cualquier caso, añade Belli, la abolición de la alternancia no sería más que «un reflejo de la debilidad que tienen»: «Están mandando por miedo y por las armas, por eso no pueden tener elecciones, porque si creyeran que realmente el pueblo los apoya, no tendrían miedo».

Ese miedo es evidente también para Douglas Castro Quezada, participante en las protestas de 2018, apátrida hasta que Colombia le concedió asilo y nacionalidad y hoy estudiante de posgrado becado en Londres. «Ortega no está dispuesto a ir a elecciones ni siquiera sólo con zancudos [opositores a modo], porque cree que eso le abre un problema, y lo que está haciendo es reducir la incertidumbre al máximo» y así blindar «la sucesión presidencial», refiere el joven.

El mandatario «se desató en su honestidad» y, al hacerlo, según Castro Quezada, «cometió un error». Porque ahora «lo que quedó claro es que a Ortega lo que más le preocupa es el tema electoral», y eso va a animar a la oposición. «Muchos sectores tienen miedo de ser vistos como complacientes al pedir elecciones y reclaman posturas más radicales, como intervenciones o sanciones más fuertes», explica. «El mensaje que esto nos deja es que, inclusive en las dictaduras, los demócratas no tienen que dejar de insistir en que haya elecciones».

Que Ortega se quitó totalmente la careta fue lo mismo que pensó Alexa Zamora, defensora de derechos humanos también exiliada en España por su participación en las movilizaciones de hace ocho años. «Él siempre ha querido vender que su permanencia en el poder es el resultado de la voluntad popular, un argumento que también esgrimen muchos de sus aliados fuera de Nicaragua, apelando al principio de soberanía», expone. En un principio, y al igual que su compatriota Douglas, lo ve como una «torpeza estratégica», pero tampoco lo quiere aseverar rotundamente.

Las nuevas reformas a la Constitución, iniciadas el pasado lunes, incluyen la reducción del Parlamento en número y funciones. Desde esta perspectiva, discurre Zamora -aludiendo a la captura en Caracas de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la consiguiente imposición de Delcy Rodríguez como presidenta encargada-, «tal vez pretendan quitarse del camino intermediarios para evitar un escenario como el que se está viendo en Venezuela«.

UN RÉGIMEN DÉBIL

La activista, sin embargo, no ve a Washington interviniendo en Nicaragua de esta manera. «No creo que haya necesidad de llegar a ese punto, porque ya de por sí el régimen se encuentra aislado y débil». Por no hablar, continúa, del «potencial efecto que tienen estas declaraciones de Ortega dentro de su propio núcleo de poder». ¿Por qué? «Porque quienes tengan aspiraciones al poder no van a encontrar una vía para llegar a él, y esta compresión sí o sí va a terminar por fragmentarlo».

Nacida en 1988, Alexa Zamora militó de adolescente en el Frente Sandinista, que la decepcionó al comprobar de primera mano que los programas sociales, calcados del castrismo, estaban podridos de corrupción y que, también a la cubana, los Consejos del Poder Ciudadano sólo servían para identificar a los disidentes. Entregó el carné cuando la mandaron llamar para regañarla por haberse hecho amiga «de una muchacha que no era afín al partido». Involucrada en plataformas opositoras a raíz de las protestas de 2018, fue acusada de terrorismo y narcotráfico.

El exilio la libró de la cárcel. Un exilio que no está exento de riesgos, recuerda. Más allá del caso extremo del militar nicaragüense retirado Roberto Samcam, asesinado en Costa Rica presuntamente por órdenes de Managua, y otros similares, indica Zamora, «la pérdida de la nacionalidad es una forma de represión transnacional, porque dejas de existir». Eso, que llama un copy-paste de patrones que existen en Cuba, es una estrategia calculada: «El tiempo que podrías dedicar a luchar contra la dictadura ahora lo tienes que usar para subsistir».

Por eso, lamenta que parte de la sociedad española aún mire a Nicaragua con la nostalgia de haber sido la «revolución de los 80». Aún se encuentra con gente que dice que «todo lo que nosotros hacemos es una estrategia orquestada por la CIA y por Estados Unidos, y lamentablemente, lo cree de buena fe». Respecto a la concesión de naturalización por parte de España, destaca la buena voluntad «no solamente del PSOE sino también del PP y de otras facciones». «Y yo creo que ahí está la clave del asunto», zanja, «en entender nuestra realidad más allá del lente ideológico, porque lo que pasa en Nicaragua no es un tema de izquierda contra derecha, sino un régimen que se enraiza en el poder más allá del bienestar de sus ciudadanos».

Tanto ella como Gioconda Belli y Sergio Ramírez sólo tienen palabras de agradecimiento hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, con una salvedad: España, que ante los últimos acontecimientos se ha limitado a declarar que buscará con la Unión Europea una «posición común», debería ser, como plantea Zamora, «una voz muchísimo más activa y beligerante». Ella propone, como ejemplo, la revisión de acuerdos comerciales, como el AdA (Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica), lo cual «puede ser positivo de cara a una apertura democrática en Nicaragua». España, considera Belli, «no puede invitar a Nicaragua a la próxima Cumbre Iberoamericana», y tanto Europa como América deben «aislar a Nicaragua como lo que es: una dictadura sangrienta».

Su país, dice la escritora, «necesita el apoyo internacional, porque tenemos una situación de represión tan intensa que es bien difícil que la gente pueda organizarse dentro». «Más nueces y menos ruido», pide a la comunidad internacional Sergio Ramírez. Porque antes de la última salida de Ortega, ha habido años y años de supresión del Estado de derecho. Este es el asunto, concluye: «No se ha sido enérgico ni determinante para ver cómo la democracia en Nicaragua se ha venido disolviendo».