AN aprueba en primera discusión reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos

Este jueves 22 de enero, la Asamblea Nacional (AN) aprobó, en primera discusión, el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, cuyo objetivo es actualizar el marco jurídico del sector energético venezolano.

La presentación del proyecto fue realizada por el diputado Orlando Camacho (MSV/Aragua), presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la AN. Durante su intervención ante la plenaria, explicó que la reforma incorpora modelos de negocios derivados de la Ley Constitucional Antibloqueo y busca adaptar la legislación vigente a las condiciones actuales de la industria petrolera global.

Camacho señaló que la ley vigente, sancionada en 2006, requiere ajustes para responder a la competitividad del mercado energético internacional y a los cambios en la economía global. Indicó que la industria petrolera mundial atraviesa un proceso de transformación que demanda marcos regulatorios ágiles y predecibles.

El diputado también recordó que los plazos de las primeras empresas mixtas creadas bajo el esquema de 2006 vencen durante el año 2026, lo que convierte la actualización de la ley en un elemento de atención para el sector.

El proyecto consta de 18 artículos y se organiza en tres grandes ejes de modificación:

1. Incorporación de modelos de negocio derivados de la Ley Antibloqueo, tales como los Contratos de Participación Productiva (CPP), en los cuales la empresa operadora asume la gestión integral a su propio riesgo y costo, y el Estado retribuye mediante una participación porcentual sobre los volúmenes fiscalizados.
2. Garantía de viabilidad económica para campos no desarrollados (“Greenfields”), que incluye equilibrio en el régimen fiscal y flexibilidad en las regalías para atraer inversiones en áreas actualmente sin desarrollo.
3. Aumento de las garantías jurídicas para la inversión extranjera y nacional, mediante mecanismos independientes de resolución de conflictos, en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por su parte, el diputado Miguel Pérez Abad indicó que la actual matriz energética global ha cambiado y requiere una evolución tecnológica que la ley vigente, sancionada hace dos décadas, no contempla en su totalidad.

Pérez Abad destacó que Venezuela cuenta con 270 mil millones de barriles certificados en la Faja Petrolífera del Orinoco, pero advirtió que en 88 años solo se ha explotado el 2,8% de ese recurso. Incluso aumentando la producción a cinco millones de barriles diarios, se requerirían 90 años de explotación constante, lo que hace imperativo capitalizar y monetizar el crudo mediante incentivos que atraigan capitales frescos.

El parlamentario desglosó que para los próximos cinco años Venezuela requiere una inversión superior a 100 mil millones de dólares, de los cuales 80 mil millones se destinarían a perforación, explotación y distribución, y 20 mil millones a infraestructura logística, incluyendo la construcción de un nuevo puerto para aliviar la saturación del Complejo de José y aumentar la capacidad de almacenaje.

Pérez Abad subrayó que la inversión debe abarcar tanto la recuperación de campos maduros (“brownfields”) como el desarrollo de campos vírgenes (“greenfields”). Además, destacó que el objetivo es incrementar la producción actual de 1,2 millones de barriles a 1,5 millones en el corto plazo, un desafío que se complica por el bloqueo financiero internacional que ha limitado la participación del país en circuitos de crédito global durante la última década.

Sobre el financiamiento internacional, el parlamentario aclaró que las empresas operadoras dependen de la confianza de la banca global para apalancar proyectos basados en activos probados.

Fuente: Asamblea Nacional