La organización Aula Abierta advirtió este martes que, durante las últimas casi tres décadas, en Venezuela se ha consolidado un patrón sostenido de políticas estatales que habrían impactado directamente en la libertad académica, la autonomía universitaria y otros derechos fundamentales vinculados al ámbito educativo.
A través de un comunicado, la ONG sostuvo que el país atraviesa un escenario en el que resulta imprescindible insistir en la búsqueda de verdad frente a presuntas violaciones de derechos humanos. A su juicio, este proceso no solo responde a un deber moral hacia las víctimas, sino también a compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de investigación, sanción, justicia y reparación.
En ese contexto, la organización enfatizó: “Solo con la verdad será posible sentar las bases para garantizar la justicia y la reparación integral de las víctimas, muchas de las cuales presentan elementos coincidentes con crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de lesa humanidad”.
Aula Abierta afirmó que el conjunto de registros documentados por estudiantes, profesores, organizaciones civiles y organismos internacionales apunta a una participación generalizada de los poderes públicos en acciones que habrían contribuido al debilitamiento progresivo de las universidades del país.
Según la ONG, el Poder Ejecutivo habría mantenido una política prolongada de restricción presupuestaria que afecta el funcionamiento del sistema universitario. A ello se sumarían decisiones legislativas que, a su juicio, habrían introducido modificaciones contrarias a la Constitución y a la Ley de Universidades, alterando la estructura de representación académica. En paralelo, señaló que el Poder Judicial ha dictado más de 50 fallos desde 2010 que tendrían implicaciones directas sobre la autonomía universitaria y la libertad académica.
Instituciones educativas bajo control político
La organización recalcó que estas dinámicas no pueden interpretarse como simples limitaciones económicas, sino como parte de un esquema más amplio de control político sobre las instituciones de educación superior.
Asimismo, Aula Abierta pidió evitar que la exigencia de verdad sea asociada con discursos de odio, especialmente en un contexto donde sigue vigente la Ley contra el Odio, la cual ha sido cuestionada por distintos organismos internacionales por su posible uso para restringir la disidencia.
En esa línea, la ONG subrayó: “Las expresiones sobre los hechos ocurridos en los últimos 27 años no pueden ser estigmatizadas como polarizantes. Las autoridades tienen la obligación de ser más abiertas y tolerantes a las críticas sobre sus acciones y omisiones”.
