La organización Espacio Público denunció que un ciudadano permanece detenido luego de que realizara un comentario en TikTok sobre un video que hacía referencia a la supuesta captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses.
El caso, según la ONG, refleja un patrón de acciones contra personas por sus opiniones en redes sociales. En este contexto, varias organizaciones han alertado sobre arrestos vinculados a publicaciones críticas hacia el gobierno venezolano.
El detenido, identificado como Yorman Acevedo, fue arrestado el 13 de enero en el estado Aragua por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). De acuerdo con Espacio Público, el ciudadano fue acusado de “instigación al odio”.
Tras su detención, Acevedo permaneció incomunicado durante casi tres semanas. La organización indicó que estuvo 19 días en condición de “desaparición forzada”, período durante el cual sus familiares desconocían su paradero. Posteriormente, lograron ubicarlo en el centro penitenciario El Rodeo I, en el estado Miranda.
No obstante, la incertidumbre sobre su situación continúa. La ONG informó que el pasado 24 de marzo “hubo un traslado de detenidos de El Rodeo I hacia el Centro Penitenciario Yare III”, pero hasta ahora no existe confirmación oficial sobre si Acevedo fue incluido en ese grupo. Según Espacio Público, sus familiares no han recibido información clara, aunque “parientes de otros detenidos les aseguraban que sí”.
Ante este escenario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió otorgar medidas cautelares a favor del detenido, al considerar que enfrenta una “situación de gravedad y urgencia”, con riesgos para su vida, integridad personal y salud.
Fallas en ley contra el odio
El contexto en el que ocurre este caso también ha generado cuestionamientos dentro del propio oficialismo. En febrero, el dirigente Jorge Arreaza reconoció fallas en la aplicación de la legislación vigente, señalando que la ley contra el odio se ha aplicado “a veces muy bien y a veces muy mal”. Asimismo, mencionó detenciones de ciudadanos “por unos mensajes en su teléfono” tras revisiones en controles policiales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado su preocupación por el uso de este tipo de normativas, al considerar que pueden derivar en restricciones al derecho a la libre expresión y en detenciones arbitrarias.
