Israel da por descontada alguna medida del TIJ que no impida continuar la destrucción de Gaza

La Convención de Genocidio, de la cual son parte ambos países, establece que, en caso de conflicto o diferencia sobre su aplicación, las partes tienen que formalizar el disenso antes de pedir la intervención, vía demanda, del Tribunal. Israel denunció que Suráfrica le informó de su posición, pero no le dio la oportunidad en una reunión de debatir el tema, lo que ha dado por hecho la existencia de un conflicto de interpretación que no se ha producido.

Según las normas, empero, existen dos modelos para incoar un procedimiento. Uno es el que ha señalado Israel. Es decir los dos países notifican al Tribunal un documento de naturaleza bilateral. El acuerdo, donde todavía no figuran las palabras demandante y demandado, indica el objeto preciso de la controversia y la identidad de las partes.

Pero no es la única. La otra es la presentación de una solicitud unilateral del estado demandante con el demandado. En este tipo de solicitud se exige al demandante una descripción de los parámetros por los cuales atañe al TIJ (por ejemplo, Convención contra el Genocidio, cuya jurisdicción es obligatoria) y una puntualización de los hechos en los que se basa su petición. Esta es la vía elegida por Suráfrica el 29 de diciembre de 2023 después de informar, por nota verbal a Israel el 21 de diciembre, que quería debatir sobre la controversia, circunstancia que finalmente no tuvo lugar.

Frenar la ofensiva en Gaza

Este procedimiento, que llevará años de tramitación judicial, solo acaba de comenzar en las audiencias del pasado jueves y viernes por razón de que Suráfrica pide al Tribunal la aplicación de medidas urgentes de carácter provisional, como, por ejemplo, una orden a Israel para que frene su ofensiva militar en Gaza porque la muerte de 23.000 palestinos desde el 7 de octubre de 2023  tendría “plausiblemente” rasgos de “exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”.

El tribunal adoptará una decisión con celeridad porque se trata de una petición urgente (el equivalente a una medida cautelar urgente en el ordenamiento jurídica español) y porque, además, el 6 de febrero próximo vencen los mandatos de cuatro magistrados que va a ser sustituidos, entre ellos el de la presidenta, la jueza norteamericana Joan Donoghue.

Las intervenciones de los representantes de Israel el pasado viernes 12 se basaron en su concepción sobre el tipo de guerra que impulsa su país en Gaza, al margen de la crítica situación de Cisjordania después de 7 de octubre, con episodios diarios de limpieza étnica.

Esa concepción consiste en señalar que Hamás supone una amenaza existencial para Israel y también para Oriente Próximo y que es necesario acabar cuanto antes con el gobierno de Gaza, en manos de los dirigentes políticos de Hamás, y con su organización militar.

Los abogados israelíes han enfatizado que las Fuerzas Armadas de Israel (IDF) son cuidadosos con la población civil y que intentan minimizar los “daños colaterales” mediante un sistemático aviso a los civiles, por radio y mediante octavillas, que deben abandonar las casas y recintos que van a ser objetivos militares. Con todo, estos avisos, que requieren las leyes de la Convención de Ginebra, no sustituyen la necesaria adopción de medidas para proteger a la población, por ejemplo, con la selección del tipo de municiones y armamentos que se utilizan. Y si como Israel ha admitido, sus IDF lanzaron dos bombas de 2.000 libras (907,2 kilogramos) suministradas por Estados Unidos, en sus ataques contra el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, a primeros de noviembre pasado.

Cumplir con la «proporcionalidad»

El ejército de israelí, por tanto, no considera de cumplimiento obligado las reglas de “proporcionalidad”. Si bien todo lo justifica con el ataque de Hamás del 7 de octubre, en sus incursiones reiteradas en Gaza a lo largo de los años previos al 7/10, tampoco las tenía en cuenta.

Suráfrica insiste en que si bien en La Haya no se discute sobre crímenes de guerra, Israel incumple con los protocolos de Ginebra sobre proporcionalidad. El Protocolo 1 convertido en ley consuetudinaria internacional prohibe los ataques que pueden “causar pérdida de vidas humanas, heridas a civiles, daño a objetivos civiles, o a una combinación de ellos que sería excesiva en relación con la ventaja directa militar prevista”. Israel, pues, subordina la “proporcionalidad” a la destrucción de Hamás lo más rápido posible.

Precisamente, en la defensa de la acción militar, los abogados han señalado que Hamás está tan “empotrado” en el pueblo palestino que es imposible no atacar hospitales, escuelas, mezquitas y centros de distribución de alimentos. “Este es el tipo de enemigo al que combatimos”, explicaron. 

Es evidente. El jefe militar que ordena lanzar dos bombas de 2.000 libras sobre un campo de refugiados de Jabalia, a cuatro kilómetros de Ciudad de Gaza, sabe lo que está haciendo. Los abogados, precisamente, aseguraron el viernes al tribunal que los asesores legales del ejército trabajan codo a codo para que se cumplan sus instrucciones.

En su alegato, los abogados explicaron que todas las declaraciones de Netanyahu, ministros, y militares sobre la necesidad de exterminar a los palestinos aportados por Suráfrica no tenían carácter oficial y contravienen la estrategia israelí. Que lo único válido es la conducta del gobierno. Pero, ¿y acaso no es es la acción militar la que habla por sí misma?

Uno de los testimonios aportados -página 64 de la demanda- más sugerente ha sido el de Ezra Yachin, reservista de 95 años, a quien las FDI dieron un uniforme para enrolarse en la guerra y arengar a la tropa. Yachin es una leyenda. Porque en 1948, antes de la creación del estado de Israel, participó, como miembro de una organización terrorista, en la exterminación del célebre pueblo palestino de Dar Yassin. La noticia de la masacre, con palestinos colgados de los árboles y mujeres violadas, aterrorizó a gran cantidad de palestinos que huyeron de sus tierras. Fue el antecedente de lo que en árabe se llama la primer Nakba (catástrofe). Primera porque los palestinos hablan ahora de la segunda Nakba.

En su arenga, Yachin exhortó a sus jóvenes camaradas de armas: “Sed triunfantes y acabad con ellos, no dejéis ninguno atrás. Borrad su memoria. Borrad a sus familias, madres y niños. Estos animales no pueden serguir viviendo. Si tenéis un vecino árabe, no esperéis, id a su casa y disparadle”

El tribunal, pues, tiene una ardua tarea en los próximos quince días. La presión, asumen especialistas consultados en La Haya, va a ser muy grande.

El antencedente de Myanmar

El abogado William Schabas, profesor de derecho en la Universidad de Middlesex del Reino Unido, defendió a Myanmar (antes Birmania) en cargos de genocidio Occidental, contra el grupo étnico de Rhoginya de Myanmar, a solicitud de Gambia. En 2020 el TIJ emitió una orden parecida a la que ahora solicita Suráfrica en la para que “adopte todas las medidas en su poder para prevenir la comisión de todos los actos dentro del alcance del artículo II de la Convención contra el Genocidio, en particular a) matar miembros del grupo; b) causar daños serios físicos o mentales al grupo; y c) provocar en el grupo condiciones de vida calculadas para producir su destrucción física o parcial  y d) imponer medidas dirigidas a prevenir nacimientos dentro del grupo”.

En una entrevista con el diario israelí Haaretz, Shabas señaló que el “TIJ acordará en el caso de Gaza medidas provisionales, entre ellas que Israel interrumpa sus acciones. Myanmar respondió al Tribunal que no estaba cometiendo genocidio. Si ahora el tribunal dicta esa orden, Israel dirá que no se trata de genocidio”.

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Con todo, Israel no es Myanmar. La Administración Biden factura -al margen del Congreso- los misiles y municiones que ahora mismo se usan en Gaza.

Pero si se dicta la orden y la guerra continúa “será muy humillante para Israel”, dice Shabas. Y, también, será más difícil para Estados Unidos y la coalición que apoya a Israel seguir con su respaldo incondicional.