En uno de los accesos al campo de refugiados palestinos de Balata, el más populoso de toda Cisjordania, hay que sortear una barrera de erizos de hierro con piedras a los lados listas para la batalla. Desde el 7 de octubre, las incursiones militares israelíes se suceden varias veces por semana y el campo vuelve a estar empapelado con carteles de “mártires” abatidos durante las redadas. Las calles son tan angostas que el sol apenas encuentra espacio para colarse. En menos de medio kilómetro cuadrado de edificios de hormigón viven 14.000 personas. De un modo u otro, casi todas dependen de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Con el futuro de la agencia pendiendo ahora de un hilo, también sus vidas orillan el naufragio.
En los campos de refugiados de toda la región, la UNRWA funciona casi como un Estado, financiado con las donaciones de países y particulares. Se encarga de la educación, la recogida de basuras y el saneamiento, gestiona clínicas de atención primaria y ofrece asistencia a las familias más pobres. Pero enfrenta recurrentes problemas financieros, incluso antes de que 16 países suspendieran sus donaciones en respuesta a las alegaciones israelíes contra un puñado de sus empleados. “Estamos en crisis al menos desde hace ocho años. Se han tomado medidas para aumentar la eficiencia del gasto, pero aun así hay muchas estrecheces”, asegura Muawia Amar, el responsable del programa de educación de la agencia en Cisjordania. Las clases tienen demasiados alumnos, no hay dinero para renovar los ordenadores o mantener las instalaciones y el programa para rehabilitar viviendas en Balata se quedó sin fondos hace cinco años.
El pasado mes de enero Israel acusó a una docena de sus empleados en Gaza de participar en el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, en el que murieron 1.150 israelíes y otros 250 fueron secuestrados. UNRWA despidió a los trabajadores señalados y abrió dos investigaciones, a pesar de que hasta hoy no ha recibido prueba o informe alguno de Israel sobre las acusaciones. Desde entonces, la mayor parte de los países que congelaron las aportaciones, las han reanudado. Un grupo que no incluye, sin embargo, a Estados Unidos, su mayor contribuyente con cerca del 30% del presupuesto. Una situación que se mantendrá como mínimo hasta marzo de 2025 por decisión del Congreso.
Dudas sobre el próximo año escolar
Con cientos de millones de euros evaporados, la agencia dice tener fondos hasta finales de mayo, pero a partir de ahí tendrá que redoblar la tijera y establecer prioridades si quiere seguir operando. La situación es particularmente dramática en Gaza, donde el 70% de la población es refugiada, pero reverberará en todos los campos palestinos, desde Siria a Jordania pasando por el Líbano. “Podremos acabar el año escolar, la pregunta es si podremos reabrir en agosto para el próximo curso”, dice Amar desde Balata. “Estamos hablando de más de medio millón de estudiantes en toda la región que se quedarán en la calle si no llegan los fondos”.
Los colegios públicos de la Autoridad Nacional Palestina no son en estos momentos una alternativa. Solo abren dos días a la semana por la crisis económica que enfrenta el gobierno de Ramala. De momento, la UNRWA ha tenido que cancelar los campamentos de verano y no está renovando algunos contratos temporales. “A eso hay que añadirle el millón de consultas médicas gratuitas que nuestras clínicas realizan cada año o las decenas de miles de familias que dependen del salario de nuestros trabajadores”, añade Amar.
Crisis económica y repunte de la violencia
El momento es el peor de los posibles. A la penuria económica en Cisjordania hay que añadirle el repunte de la violencia, con las constantes incursiones de los militares israelíes en pueblos, ciudades y campos de refugiados. Generalmente por las noches o al despuntar del sol, pero a veces en pleno día, con los estudiantes en clase. “Algunas niñas se ponen a vomitar o no dejan de ir al baño. No pueden concentrarse y quieren irse a casa. Muchas dejan de venir al colegio durante días porque enferman o porque los padres consideran que no es seguro”, asegura la directora del Colegio de Preparatoria para Niñas de Balata, Maraheen Wafa.
Maraheen Wafa, directora del colegio de Preparatoria para Niñas de la UNRWA en Balata. / RICARDO MIR DE FRANCIA
Durante una clase de ciencias con 38 estudiantes, el periodista pregunta en cuántas de sus casas han irrumpido los soldados desde el 7 de octubre: la mitad levantan la mano. Y cuando pregunta si conocían personalmente a alguien asesinado estos meses, un tercio la levanta. “Cada día vemos a más niños con problemas mentales y cuadros de depresión entre sus padres por la violencia en los campos y la crisis económica”, asegura el director de la clínica de Balata, el doctor Haytham Abu Eita. Los pacientes han aumentado un 50% en el último años. “Nuestros servicios son más necesarios que nunca. Gente que antes iba a otros hospitales, ahora no puede pagarlo. La gente no tiene ingresos. No pueden trabajar en Israel. Y este el único centro médico completamente gratuito en toda Cisjordania”.
Campaña para el cierre de la UNRWA
Para la UNRWA, a la que Israel acusa también de ser una suerte de extensión de Hamás, la financiación no es el único problema. La campaña israelí para tratar de tratar de expulsarla de los territorios ocupados, donde lleva operando desde hace siete décadas por mandato de la comunidad de naciones, va mucho más allá. Ahora impide a sus trabajadores el acceso hasta su sede central en Jerusalén Este, donde trata de expropiar sus edificios, y pone muchas trabas para renovar los visados de los trabajadores extranjeros de la agencia, según han denunciado altos cargos de la UNRWA.
La actitud de los soldados en los cerca de 500 ‘checkpoints’ que jalonan Cisjordania también se ha vuelto abiertamente hostil. “Cuando ven uno de nuestros coches lo paran, lo inspeccionan y a menudo humillan al personal que viaja en su interior”, asegura Amar, el responsable del programa de educación. Como medida preventiva, la agencia ha empezado a retirar los distintivos de sus vehículos y ha pedido a sus trabajadores que se quiten los característicos chalecos azules de la ONU cuando viajan por las carreteras.
“Israel ve a la UNRWA como el símbolo de los refugiados palestinos”, dice Amar desde Balata. “Piensa que si logra desmantelar la agencia le resultará más fácil acabar con el derecho al retorno o la compensación contemplada como alternativa”. Pero nada de eso desaparecerá sobre el papel por más que logre cerrar la agencia, un instrumento que paradójicamente le ha servido a Israel durante décadas para no tener que proveer a los refugiados los servicios básicos que como potencia ocupante prescribe el derecho internacional humanitario.
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.elperiodico.com
Publicado el: 2024-04-21 11:33:30
En la sección: El Periódico – internacional