Terrorismo de Estado: política del régimen

El terrorismo de Estado es una forma de violencia política, que ocurre cuando un gobierno utiliza sus instituciones, recursos y fuerzas de seguridad para difundir el temor entre la población civil, con el propósito de alcanzar objetivos políticos o mantener el control social.

​A diferencia del terrorismo convencional, que es perpetrado por grupos no estatales o clandestinos, en este caso es el propio garante del orden y la ley que utiliza métodos ilegales y sistemáticos contra sus ciudadanos.

Algunas de las ​características principales, que utiliza el aparato estatal, es el empleo de las fuerzas armadas, policía, servicios de inteligencia y, en ocasiones, grupos paramilitares que actúan bajo la protección del gobierno, como es el caso venezolano, en el que participan activamente los llamados «colectivos».

Otro elemento que pone en práctica el régimen es la violación de los derechos humanos, que se manifiesta a través de prácticas como la tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias sin debido proceso.

La ​instauración de un clima de miedo, tiene por objeto, no solo castigar a una persona específicamente, sino también enviar un mensaje paralizante a toda una sociedad o a sectores específicos como la oposición, prensa, sindicatos y demás.

También otra de las maneras de aplicar el terrorismo de Estado, es la ​suspensión de las garantías legales, para gobernar bajo estados de excepción permanentes, anulando los derechos constitucionales.

Los ​métodos más comunes para llevar a cabo tan perverso y antidemocrático propósito, permite al régimen actuar bajo las sombras, deteniendo a las personas en lugares secretos, para evadir la responsabilidad legal y la mirada internacional.

A la ​propaganda y censura, se suma el control de la narrativa oficial, que se realiza para justificar la violencia como una «necesidad de seguridad nacional», o una lucha contra enemigos internos, acusando a sus víctimas mediante la ​persecución ideológica, que aún prosigue con el régimen de Delcy Rodríguez, sin  aplicar la Ley de Amnistía, que es excluyente.

​En el ámbito del derecho internacional, muchas de estas acciones son clasificadas como crímenes de lesa humanidad, lo que significa que no prescriben y pueden ser juzgados por tribunales internacionales.

El régimen venezolano enfrenta desde hace algunos años, denuncias sobre el terrorismo de Estado, que reposan en la Corte Penal Internacional, ONU y otros organismos internacionales, sin que lamentablemente se hayan pronunciado, pero con la firme esperanza de que este delito que jamás prescribe, haga justicia en cualquier momento.

Informes de inteligencia, revelan que ante el incumplimiento a carta cabal, de las condiciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos para la transición acordada, se hace necesaria la realización de las elecciones presidenciales en el presente año, tras la intervención que desplazó a Nicolás Maduro, del poder que asumió ilegalmente el 28 de julio de 2024.

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