El departamento de Cabaas, en El Salvador, amaneci este martes rodeado de 7.000 soldados y 1.000 policas que han cercado las entradas y salidas para «evitar la salida de pandilleros y cortar todas las lneas de suministro de los grupos terroristas». As lo ha informado en sus redes sociales el presidente salvadoreo, Nayib Bukele, quien ha explicado que en las ltimas semanas y producto de su ‘guerra’ contra las pandillas, Cabaas, situado a 75 kilmetros de la capital, «se ha convertido en el lugar con mayor nmero de clulas terroristas, que han llegado ah buscando sus reas rurales para ocultarse».
Por ello, el mandatario ha advertido de que el cerco militar y policial se mantendr mientras los operativos «puedan extraer a todos los pandilleros», si bien ha sealado que los visitantes y turistas de este departamento pueden estar «tranquilos y realizar sus actividades normalmente». Bukele ha remarcado que este masivo cerca «garantiza an ms la seguridad de la zona» y ha insistido en que «no lo levantaremos hasta dar con todos los delincuentes».
El presidente ha acompaado su mensaje con varias fotos en las que se observa a cientos de militares y policas formados en filas y fuertemente armados patrullando por el bosque y por zonas urbanas. Este gran despliegue se da despus de que el pasado domingo, dos agentes de la Polica Nacional Civil fueran heridos en el cantn Maquilishuat, de Ilobasco, en una supuesta emboscada con un grupo armado. La propia Polica se encarg de informar del ataque: «dos de nuestros agentes resultaron lesionados tras una agresin ilegtima cometida por terroristas en Ilobasco, Cabaas». Ello provoc que se desplegara un fuerte dispositivo para dar con el paradero de los atacantes, mientras que el ministro de la Defensa Nacional, Ren Merino, inform que los dos agentes heridos fueron trasladados en helicptero hacia San Salvador para recibir atencin mdica.
El cerco militar y policial forma parte de la fase cinco del Plan de Control Territorial, que Bukele puso en marcha el 23 de noviembre de 2022 y que tiene como objetivo «extraer la plaga» de pandilleros en las grandes ciudades del pas centroamericano. As, acusa a estos grupos de formar parte de «organizaciones terroristas internacionales», en referencia a la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, que cuentan con 70.000 miembros, segn estimaciones del Gobierno. Concretamente, el presidente ha denominado «Extraccin» a esta quinta fase en la que participan en total 14.000 tropas.
Desde que se implement, es el quinto cerco que se lleva a cabo, despus de que el pasado mes de mayo, se desplegaran 5.500 soldados y policas en Nueva Concepcin, Chalatenango, tras el asesinato de un polica por parte de supuestos pandilleros. La primera prueba de la fase quinta del Plan de Control Territorial fue el pasado 2 de octubre de 2022 cuando se instal un cerco militar en Comasagua, despus de que asesinaran a un hombre de 36 aos un da antes en este municipio de 14.000 habitantes situado a 100 kilmetros de la capital. Policas y militares registraron, interrogaron y buscaron tatuajes alusivos a las pandillas.
Diez das despus, se implant un cerco en Soyapango, donde participaron 8.500 militares y 1.500 agentes policiales. El 24 de diciembre del pasado ao, Bukele tambin cerc la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, con 1.000 militares y 130 policas, mientras que ese mismo da extendi esta medida a la comunidad La Granjita, tambin en la capital del pas, con 1.000 soldados y 100 agentes.
Desde que inici su mandato en junio de 2019, el presidente salvadoreo puso en marcha el citado Plan de Control Territorial que se tradujo en una militarizacin de las calles, sobre todo, a partir de la fase cuatro, que consisti en una «incursin en los territorios». El Plan no evit que, en marzo de 2022, se registraran 62 muertes violentas atribuidas a las pandillas, lo que provoc que el 27 de ese mes la Asamblea Legislativa aprobara el Rgimen de Excepcin, con el apoyo de 67 de los 84 diputados, que se ha prorrogado ya en 16 ocasiones. Desde entonces, han sido detenidas ms de 71.000 personas tras quedar suspendidas las garantas constitucionales de la libertad de asociacin y reunin, derecho de defensa, plazo de la detencin administrativa e inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.
En ese contexto, Bukele implement los cercos militares al reconocer que «an quedan pandilleros, pocos, en las ciudades y en el campo y tenemos que ir y extraerlos» para evitar que los delincuentes puedan huir a las montaas o a otras comunidades o ciudades. En este sentido, defiende que «prcticamente, tienen que quedarse adentro esperando que vayamos por ellos». El da que se puso en marcha esta medida ya avis que «no les vamos a dar la posibilidad de escapar porque los militares los van a tener cercados y, si alguien quiere suplirlos de armamento, municin, alimentos, telfonos o de todo lo que utilizan para amedrentar a la poblacin, ah van a interceptar tanto a los delincuentes, como a los que colaboren con ellos para ponerlos a la orden de las autoridades y sean procesados».
JUICIOS SUMARIOS Y AUMENTO DE PENAS
Todas estas medidas represivas han venido acompaadas de reformas judiciales en la Asamblea Legislativa, donde el partido de Bukele, Nuevas Ideas, cuenta con mayora desde el 1 de mayo de 2021. El ltimo gran paquete de modificaciones legislativas lo aprob el pasado mircoles la Asamblea, con los votos de 67 de los 84 parlamentarios, con el fin de que se puedan celebrar juicios sumarios en El Salvador en grupos de hasta 900 personas.
As, quienes sean arrestados en el marco del Rgimen de Excepcin, podrn ser agrupados en alguno de los grupos o clulas de pandilla para ser sometidos a un solo proceso penal. Con esta medida, segn defiende el decreto enviado por el Gobierno salvadoreo, «se busca facilitar a los jueces dictar sentencia de forma ms rpida a los criminales y evitar que miembros de estas estructuras delictivas salgan en libertad».
Por su parte, organizaciones de derechos humanos ya han advertido del riesgo de no individualizar los casos judiciales, dado que se podra llegar a condenar a personas inocentes que no estn relacionadas con las pandillas. Estas entidades cifran en al menos 5.490 las «vctimas directas» de violaciones a derechos humanos bajo el rgimen de excepcin.
Otra de las reformas aprobadas en la Asamblea establece que quienes sean detenidos durante este rgimen podrn permanecer en prisin hasta 24 meses antes de que la Fiscala los lleve a juicio o decida su liberacin, mientras que tambin se ha aumentado hasta 60 aos las penas de prisin para los lderes o cabecillas de las pandillas, frente a los 45 actuales.
Conforme a los criterios de
The Trust Project
Fuente de TenemosNoticias.com: www.elmundo.es
Publicado el: 2023-08-01 19:00:59
En la sección: Internacional // elmundo