A 33 años del final de la dictadura de Augusto Pinochet, Chile se propone redoblar esfuerzos para encontrar a miles de detenidos y desaparecidos de los que aún no se conoce su destino. Todo sucede en un contexto en el que la figura de Pinochet volvió al primer plano al ser calificado de «estadista» por un dirigente de la oposición de derechas.
La dictadura de Augusto Pinochet se inició en 1973 y terminó en 1990, pero su sombra es alargadísima, tal como admitió el propio presidente Gabriel Boric esta semana, durante la «cuenta pública» anual en la que hizo balance de sus primeros 15 meses de Gobierno.
«No claudicaremos en el deber moral que representa agotar todos los recursos necesarios para que los detenidos desaparecidos y ejecutados cuyos cuerpos aún no son encontrados, puedan descansar en paz», dijo el mandatario de 37 años, nacido cuando la dictadura de Pinochet ya se encaminaba hacia su fin.
Boric anunció que destinará 17,5 millones de dólares para fortalecer el Servicio Médico Legal (SML) en 2024 y así avanzar en la búsqueda de víctimas de la dictadura.
«Es una ocasión propicia para que reafirmemos que ninguna diferencia entre nosotros nos llevará a descuidar y dejar de defender la democracia y los derechos humanos», añadió el presidente, que está al frente del gobierno más a la izquierda desde el que en los ’70 encabezó Salvador Allende, derrocado por Pinochet.
«Por esto aprovecho esta solemne ceremonia para pedir a los que estamos aquí reunidos, las y los representantes de la República en toda su diversidad, a que nos unamos como un solo cuerpo, como una sola alma, para evitar que el veneno de la falta de empatía y de la intolerancia se siga inoculando en nuestro cuerpo colectivo», enfatizó Boric.
Pese a que la búsqueda de las víctimas de la dictadura ha unido a todos los gobiernos de la democracia recuperada en 1990, la unidad que busca Boric no es sencilla.
Tras la victoria de la derecha dura en la elección para convencionales constituyentes que deben sancionar una nueva Constitución que deje en el recuerdo la nacida en 1980, bajo Pinochet, el ambiente político está enrarecido en Chile.
Una reciente encuesta reveló que el 36% de los chilenos aprueba el golpe de Estado de Pinochet por haber evitado que Chile cayera en el marxismo. El golpe se produjo el 11 de septiembre de 1973, una fecha de la que se están por cumplir 50 años.
A la vez, el convencional constituyente más votado en las últimas elecciones, Luis Silva, provocó un gran impacto al definir a Pinochet como «un estadista».
«Hay un dejo de admiración por el hecho de que Augusto Pinochet fue un estadista», dijo Silva, aunque lamentó las «atroces» violaciones a los derechos humanos.
Boric no dejó pasar la frase de Silva: «Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente anti demócrata, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto. Fue también corrupto y ladrón. Cobarde hasta el final, hizo todo lo que estuvo a su alcance por evadir la justicia. Estadista jamás».
La etiqueta de «estadista» pegada en la figura de Pinochet perturbó a la oposición de derechas, que en su mayor parte se ha ido despegando de los años del dictador, pero que vuelve a ser vinculada a él tras las afirmaciones de Silva.
Michelle Bachelet, ex presidenta, asistió a la «cuenta pública» de Boric y rechazó la reivindicación de la figura del dictador: «Nadie puede justificar las violaciones de derechos humanos, nadie puede justificar el que se justifique un golpe de Estado. Chile es un país democrático, tenemos que ser capaces de resolver nuestros problemas a través de las vías democráticas. La democracia no es perfecta, pero al menos nos permite encontrar vías de resolver nuestros conflictos».
Miembro del Partido Socialista (socialdemócrata), Bachelet conoce la historia de primera mano: su padre, el general Alberto Bachelet, fue detenido en 1974 y torturado hasta la muerte.
Según las diversas comisiones de la verdad que han contabilizado las ejecuciones, desapariciones y violaciones a los derechos humanos, el número de víctimas de la dictadura de Pinochet supera las 40.000 personas. De ellas, 3.065 están muertas o desaparecidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
El Informe Rettig, que realizó la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 1991, sólo contabilizó ejecuciones y desapariciones: 2.279 muertes a manos de las fuerzas de seguridad.
En 2003 se constituyó la «Comisión Valech», bautizada así en honor a Sergio Valech, ex obispo de Santiago. El informe que esa comisión presentó en noviembre de 2004 habla de más de 30.000 víctimas. En su segundo informe, presentado en 2011, la comisión habla de 40.018 víctimas de la dictadura.
Pinochet sancionó en 1978 una Ley de Amnistía que protegía de procesos judiciales a acusados de violar los derechos humanos entre 1973 y 1978. Sin embargo, en 1998, la Corte Suprema estableció que ese decreto del dictador era inaplicable en lo referente a los derechos humanos.
Alrededor de 1.500 miembros de las fuerzas militares y de seguridad fueron investigados por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Varios centenares fueron condenados por los tribunales de justicia a penas a cumplirse en libertad, mientras que 129, la mayoría en torno a los 80 años, están presos en Punta Peuco, una cárcel exclusiva para ellos.
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.elmundo.es
Publicado el: 2023-06-02 08:17:32
En la sección: Internacional // elmundo