«El cncer de las autocracias se est extendiendo por el mundo» | elmundo.es

«Que Espaa entienda que este cncer se est extendiendo por el mundo». Las palabras del boliviano Zvonko Matkovi, actual presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, pusieron colofn a la primera jornada del foro Rostros de la Tortura, organizado en Madrid por el movimiento prodemocracia World Liberty Congress (WLC). Activistas, familiares y exprisioneros polticos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia unieron sus voces, convencidos de que slo juntos se puede enfrentar a las autocracias que «trabajan articuladas, aprenden entre ellas, poltica, militar y econmicamente. Tambin con la represin. Las tcticas para perseguir, encarcelar, torturar y matar son las mismas», desvel el ex preso poltico venezolano Leopoldo Lpez, anfitrin del encuentro.

«Las democracias vienen perdiendo terreno en el planeta: siete de cada 10 personas viven hoy bajo regmenes autocrticos«, calcul el lder de Voluntad Popular, cuya sede en Amazonas fue atacada en las ltimas horas.

Lpez desmenuz las herramientas que usan y se prestan las dictaduras del planeta para mantenerse en el poder. Unas dictaduras que adems estn de fiesta, tras el nuevo triunfo electoral de Vladimir Putin, celebrado por todo lo alto por sus aliados latinoamericanos. «Ha triunfado nuestro hermano mayor, est triunfando en todos los frentes de batalla. Son buenos presagios», se ufan Nicols Maduro tras darse a conocer los resultados de unas «votaciones ejemplares», como aadi Daniel Ortega.

Ante la impunidad de los regmenes, el WLC y sus invitados apostaron por el desafo frontal. Nada ms entrar a la sala de exposiciones levantada para la ocasin aparecen las cadenas de mano de las distintas revoluciones, los «rostros de la tortura». «Los derechos humanos no tienen fronteras, no pueden ser defendidos en las islas de pas», aadi Lpez antes de recordar el hito histrico ocurrido en febrero, cuando la Corte Penal Internacional tom la decisin de continuar la investigacin sobre los delitos de lesa humanidad de Venezuela y designar a tres juezas para ello.

Javier El Hage, de Human Rights Foundation, distingui los distintos regmenes, definiciones que tantas controversias han producido en el pasado. Nicaragua, «convertida por Ortega en una crcel», como asegur el ex prisionero poltico Lesther Alemn, es una dictadura que camina hacia el totalitarismo, empeada la pareja presidencial Daniel Ortega/Rosario Murillo en parecer la Corea del Norte del continente.

Cuba y Venezuela son dictaduras, regmenes autoritarios completos. Mientras a Bolivia, que mantiene entre rejas a la ex presidenta Jeanine ez y a varios dirigentes opositores de primera lnea, como Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, se la considera un rgimen hbrido con cierta fachada democrtica.

Uno de los primeros en sufrir en su propio cuerpo «a la autocracia escondida en una democracia» fue el propio Matkovc, acusado de terrorismo por un fiscal que acab huyendo de Bolivia para denunciar que se trataba de un caso montado desde el poder, que le llev a la crcel durante ocho aos. «Bolivia no tiene la repercusin meditica de otros pases», insisti, pese al fraude electoral promovido por Evo Morales en 2019. La semana pasada el pas andino recibi al Grupo de Puebla (GP), empeado en mitigar los efectos de la guerra fratricida puesta en marcha entre las facciones del presidente Luis Arce y del ex mandatario Morales. La delegacin del GP, que rene a dirigentes izquierdistas, populistas, revolucionarios y algn progresista, estuvo encabezada por el ex presidente del Gobierno espaol, Jos Luis Rodrguez Zapatero, y la vicepresidenta chavista, Delcy Rodrguez. El GP ha abierto sus puertas, de par en par, a la dictadura de Cuba y Venezuela, a las que defiende desde el primer da de su puesta en marcha.

Terribles torturas

Si un caso hace patente la violacin de derechos humanos en Bolivia, se es el del lder cocalero Csar Apaza, torturado con tal saa que ha quedado paraltico. «Depende de otros presos para alimentarse, incluso para cambiar de paal. Todo ello sin medicamentos», comprob en su celda la activista Jhanisse Vaca Daza.

Tambin «experto en torturas» es Luis Ziga, dirigente de la Asamblea de la Resistencia Cubana, tras 19 aos en las prisiones de su pas. «Torturan porque necesitan establecer el terror en la sociedad, torturan a quienes tienen la osada de protestar o rebelarse. Las crceles son tan importantes porque necesitan el control a perpetuidad», precis Ziga.

Tanto Ziga como Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, sumaron un dato tras otro slo unas horas despus de la ltima gran revuelta en las calles de Santiago de Cuba y Bayamo, ambas al oriente de la isla. Cientos de ciudadanos se lanzaron a las calles para gritar por el hambre y los constantes apagones que afectan al pas, incapaz de superar su crisis sistmica.

Con 1.067 prisioneros polticos, Cuba encabeza el ranking de presos en el continente, por delante de los 267 venezolanos, entre los que destacan seis con nacionalidad espaola, cuatro mujeres y dos hombres. La ltima incorporada a la lista es la reputada activista Roco San Miguel, implicada sin pruebas en una nueva supuesta conspiracin contra Maduro.

Segn los clculos de Molly de la Sota, presidenta de Familias de Presos Polticos Militares, el chavismo ha denunciado 35 «conspiraciones», que sirven despus como justificacin para encarcelar a dirigentes, militares o familiares. Una persecucin que ha roto fronteras en las ltimas semanas, tras el secuestro, ejecucin y entierro bajo una capa de cemento del teniente rebelde venezolano Ronald Ojeda, que contaba con estatuto de refugiado poltico en Chile.

«Tenemos miedo a la represin transnacional. Con la muerte del teniente Ojeda han querido dejar un mensaje para todos nosotros: el mundo no es seguro para nadie«, sentenci De la Sota.

Los presentes en el acto recibieron las palabras finales de la luchadora venezolana con una mezcla de estupor y de indignacin, pero con la decisin tomada de enfrentar con todas sus fuerzas a las autocracias continentales, pese a que la comunidad internacional sea «ciega, sorda y muda», como aclar la activista nicaragense Alexa Zamora, una de las 300 personas a las que Ortega arrebat su ciudadana, en lo que a todas luces ya es un conflicto global entre democracias y dictaduras.