La Amazonía es una de las regiones más silenciadas, según la FLIP. En la investigación cartografías de la información, la organización defensora de la prensa en Colombia asegura que en regiones como el Putumayo, los medios locales, comunitarios y redes de comunicadores indígenas, por las mismas condiciones de inseguridad y falta de recursos económicos, no informan a profundidad sobre la gravedad de los hechos que ocurren en la región.
La FLIP también documentó que “en Putumayo 70 % de la población vive en municipios en silencio, lugares donde no existen medios de comunicación que produzcan noticias locales, sólo en su capital, Mocoa y Puerto Asís sus habitantes tienen una oferta con suficiente información local”.
A ello se suma que el Putumayo tiene una limitación de conectividad a Internet, lo mismo que ocurre en los demás departamentos amazónicos y que dificulta enormemente el trabajo sobre el terreno.
El ambientalista colombiano Óscar Sampayo y sus compañeros, citados por el blog “Ethic”, son testimonio de los que han recibido amenazas de muerte.
«Recibimos panfletos o comunicados membretados dados por estas fuerzas narco-paramilitares donde nos mencionan que somos un obstáculo al desarrollo, que estamos impidiendo que […] las empresas realicen y ejecuten sus trabajos. Por eso muchos de nosotros hemos decidido abandonar el territorio para que no nos asesinen o exiliarnos para que no nos criminalicen ni judicialicen», se dice en el blog.
Informar desde el territorio es a menudo demasiado comprometido y demasiadas veces, los líderes ambientalistas y los periodistas prefieren guardar silencio a poner en riesgo sus vidas y la de sus familiares y comunidades.
“Hacer investigación en Colombia sobre temas de violaciones de derechos humanos –le dice a democraciaAbierta José Guarnizo, cofundador y director de Voragine, un sitio web de periodismo de investigación–, conlleva muchos riesgos.
Para nadie es un secreto, por ejemplo, que hay zonas del país donde no hay Estado, incluso lugares donde ni siquiera llega el ejército. En esos territorios son los grupos armados ilegales los que controlan la entrada y salida de personas.
Y en muchas ocasiones hemos tenido que abortar misiones porque no hay garantías de seguridad, como es el caso de algunas zonas del Putumayo, Tumaco, Amazonas, por citar algunos ejemplos”.
Los llamados “actores del conflicto», que habitualmente son simplemente miembros del crimen organizado, incluidos mineros ilegales y narcotraficantes, aprovechan la ausencia del Estado para imponer su ley particularmente en el sur del país, en los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo.
Confrontarles a ellos es exponer la propia vida, por lo que es muy difícil reportar sobre lo que realmente está ocurriendo en los territorios que ellos controlan con total impunidad.
Ángela Martín Laiton, una periodista beneficiaria de una beca para reportería sobre crisis climática de democraciaAbierta, escribió recientemente diciendo que «por motivos de seguridad no he podido entrar al resguardo indígena Awá. Ha sido muy difícil pero el tema de las minas antipersonal y el recrudecimiento del conflicto ha llevado a que lxs líderes me recomienden no ingresar por ahora».
La situación es conocida por el nuevo gobierno de Gustavo Petro que, en su declarado empeño por acabar con la violencia armada por medio de su apuesta por la Paz Total, puede prestar especial atención a este fenómeno, enquistado por causa de la ausencia del Estado en el territorio y la impunidad alrededor de los crímenes.
Las cifras son elocuentes: según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, entre enero y diciembre de 2022, 189 líderes defensores de los derechos humanos, entre los que se encuentran 33 líderes ambientales, habían sido asesinados.
Fuente de TenemosNoticias.com: ipsnoticias.net
Publicado el: 2023-04-21 11:03:49
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