En diciembre de 2024, el Ministerio de Salud de la Provincia de Salta junto a Unicef presentaron la Hoja de Ruta de Atención Integral en Salud a Adolescentes Gestantes Menores de 15 años.
La subsecretaria de Medicina Social de Salta, María Gabriela Dorigato, y la responsable de maternidad e infancia, Patricia Leal, explican por teléfono desde sus despachos en la capital de Salta que, ante la detección de un embarazo por abuso sexual, el protocolo establece la activación inmediata de un equipo interdisciplinario.
“Se acompaña desde el primer momento a cada adolescente, se la asesora en cuanto a sus derechos y se le hace un acompañamiento tanto médico como psicológico”, dice Dorigato.
Sin embargo, varios agentes sanitarios que se dedican a brindar atención médica dentro de las comunidades, aseguran que la Hoja de Ruta es un cúmulo de buenas intenciones que no refleja lo que realmente pasa en los territorios y que ellos están desbordados..
“Acá teníamos un agente sanitario wichí que había nacido en la comunidad, pero desde que murió, hace un año, no tenemos. Ahora viene uno de Carboncito, que no es fijo, sino que va rotando”, cuenta Lola.
En el área sanitaria de la ruta 81, los embarazos por abusos sexuales son considerados una problemática de salud pública. La zona, que comprende los departamentos de Rivadavia y San Martín, registra el mayor porcentaje en toda la provincia de nacidos vivos de madres niñas y adolescentes (10-14 años), aunque Dorigato y Leal señalan que no existen datos desagregados por pueblos originarios.
Las autoridades no respondieron un pedido de información pública sobre la cantidad de agentes sanitarios, obstetras, ginecólogas, psicólogas y trabajadores sociales destinados a los equipos multidisciplinarios.
La Hoja de Ruta, presentada por las autoridades sanitarias como una guía intercultural, establece que los profesionales deben informar en lengua materna el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), disponible para cualquier persona hasta la semana 14 de embarazo, o a una interrupción legal (ILE), sin plazos en casos de violación o de riesgo para la vida o la salud de la persona gestante.
Según un monitoreo publicado en 2024 por la organización Católicas por el Derecho a Decidir, 95 % de las mujeres indígenas afirmaron que los equipos de salud sexual y reproductiva no hablan la lengua de su pueblo; 78,8 % dijeron que no se les brindó información sobre los pasos para acceder a la interrupción del embarazo y 84,1 % que no se realizó el procedimiento dentro del plazo legal establecido.
En Salta, las dificultades en el acceso al aborto encuentran otra barrera en la influencia que ejercen actores contrarios a la igualdad de derechos: iglesias, fundaciones, pero también políticos, jueces, fiscales, abogados, policías, médicos. Incluso autoridades locales. En 2020, la ciudad de Orán, una de las localidades neurálgicas del Chaco salteño, se declaró “provida” (contraria al acceso al aborto).
La licenciada en obstetricia Janet Meoniz cuenta que en el hospital de la ciudad de Tartagal – otra localidad importante del norte de Salta – la presión de estos grupos se intensifica los lunes de 9 a 13 horas, cuando funciona el consultorio IVE-ILE en el hospital de Tartagal.
“Es como una organización paralela que va rotando. Son evangelistas, católicos, hasta trabajadores del propio hospital. Siempre hay alguien diciendo que no hay médica y que las interrupciones no se hacen más”, relata Meoniz.
El hospital de Tartagal cuenta con el único consultorio de IVE-ILE que atiende todo el año y garantiza la práctica de aborto en todas las causales. En enero, la médica residente Araceli Gorgal estaba sola en el consultorio.
Su compañera estaba con licencia maternal, y la vacante no se llenó. Hasta el año pasado, se realizaban en este consultorio 100 interrupciones de embarazo por mes. Pero desde que asumió el presidente Javier Milei solo disponen de 10 cajas de misoprostol al mes. “Ahora hay que elegir a quién”, dice Gorgal.
Frente a la escasez, explica la joven médica, el criterio es atender primero a adolescentes, mujeres de comunidades indígenas y multíparas (con más de un parto). Le consulto cuán común es que reciban a niñas o adolescentes wichí embarazadas. Araceli, que trabaja hace cuatro años en el consultorio, piensa unos minutos y responde: “Como mucho habrán sido 10”. ¿Y por abusos sexuales?: “No he tenido, pero eso no quiere decir que no sucedan”.
Araceli es de Buenos Aires. Participó en la conformación de Red Universitaria por el Derecho al Aborto y, sin embargo, cree que en estos años ha tenido que
desarmar muchos preconceptos que traía como feminista porteña y blanca. “Desde que estoy acá solo tengo más preguntas y reflexiono constantemente sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos”.
Recuperar a las mujeres estrellas
A más de 140 kilómetros de Tartagal, lideresas wichí recorren La Cortada, otra de las comunidades emplazada al margen de la ruta 81, invitando a participar del taller que comenzará en una hora en un centro comunitario que les presta el salón.
Es mediodía y el espacio está aún vacío, aunque poco a poco las mujeres se irán acercando. El espíritu del encuentro es recuperar el protagonismo que las mujeres indígenas – las “mujeres estrellas”, según la cosmovisión wichí – tenían en sus territorios. Antes de la colonización, eran ellas las que transmitían los saberes ancestrales vitales para la supervivencia y el desarrollo del pueblo indígena.
Fuente de TenemosNoticias.com: ipsnoticias.net
Publicado el: 2025-06-30 05:47:00
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