El Pacto para el Futuro debe incluir las necesidades específicas de las personas presas y liberadas

WEST PALM BEACH, EEUU – Este mes, integrantes de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo se reunieron en Nairobi para la Conferencia de la Sociedad Civil de la ONU en Apoyo de la Cumbre del Futuro para exigir que se prioricen sus problemas en el Pacto para el Futuro, que buscará impulsar los objetivos de desarrollo sostenible.

Fue un momento crucial para que la sociedad civil influyera en las posiciones de los países de cara a la adopción del Pacto y sus anexos: el Pacto Mundial Digital y la Declaración sobre las Generaciones Futuras.

Un colectivo a menudo marginado en el discurso sobre el desarrollo mundial son las personas encarceladas o liberadas, relegadas a la periferia del discurso internacional en la materia. Y cuando se les incluye, se les mezcla con una amplia gama de “sectores marginados” y no se abordan sus problemas específicos. Por el contrario, se perpetúa su exclusión.

Pensemos que solo en Estados Unidos hay más de dos millones de personas en la cárcel. Los más expuestos a esta discriminación son los pobres, los consumidores de drogas y las minorías raciales.

Este país tiene el mayor número de presos del mundo por país; mayor que la población de Barein o Yibuti. De hecho, esta estadística es superior a la población combinada de los 10 países menos poblados del mundo.

A pesar de ello, los índices de delincuencia se han reducido en las últimas tres décadas, pero los encarcelamientos y las condenas siguen siendo cada vez mayores y más largas.

Irónicamente, el himno nacional de Estados Unidos, el Star-Spangled Banner, expresa que el país es la tierra de la libertad.

Para acelerar nuestros objetivos de desarrollo, incluidas nuestras aspiraciones de paz, justicia e instituciones sólidas, y los de reducción de las desigualdades, es imperativo mitigar y, en última instancia, acabar con el flagelo del encarcelamiento masivo en Estados Unidos.

Hubo esfuerzos nacionales relativos en este sentido. Desde 2017, abril se designa como el Mes de la Segunda Oportunidad en Estados Unidos, para concienciar sobre los retos a los que se enfrentan las personas con antecedentes penales.

Además, la promulgación de políticas ofrece opciones para una segunda oportunidad, como formación laboral, oportunidades educativas y servicios integrales de reinserción en la sociedad. Sin embargo, no es suficiente, ya que se necesita más voluntad política para aprovechar el potencial de esta oportunidad.

Además, si bien eso es fundamental para acabar con el estigma y apoyar a las personas perjudicadas por el sistema en su reinserción en la sociedad, también es importante reconocer que algunas personas ni siquiera tienen una primera oportunidad en la vida.

Existe una correlación significativa entre el encarcelamiento masivo y la privación de las primeras oportunidades, que afecta de manera desproporcionada a muchas personas que nunca han tenido verdaderas oportunidades en la vida.

La pobreza, en sus diversas manifestaciones, como el acceso -o la falta de acceso- a la educación y las desigualdades de ingresos, entre otras, a menudo empuja a las personas a situaciones desesperadas de supervivencia.

Además, los ciclos de consumo de drogas en los que caen muchas personas, son más difíciles de romper para los pobres debido a la falta de seguro médico y de sistemas de apoyo adecuados.

Las estadísticas penitenciarias de la Oficina de Justicia muestran que todos los estados llevan a la cárcel residentes negros en mayor proporción que a residentes blancos. Estos prejuicios raciales también están presentes en las sentencias, lo que aumenta las disparidades en el sistema de justicia penal.

Podría argumentarse, además, que existe un incentivo económico para mantener el encarcelamiento masivo. El trabajo gratuito de los presos, puesto de manifiesto por el “programa de arrendamiento de convictos” que comenzó en Estados Unidos en 1908, se sigue imitando hasta la fecha de forma modificada.

Esencialmente, las cárceles y prisiones se han convertido en el sistema de esclavitud legalizado que permite la 13 Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Las repercusiones del encarcelamiento masivo son nocivas. Entre ellas, el deterioro de la salud mental, la disminución del bienestar físico, la propagación de enfermedades y la violencia sexual.

Desde el punto de vista económico, tras su puesta en libertad, las personas excarceladas se enfrentan a obstáculos sistémicos para obtener ingresos sostenibles, una vivienda asequible y la aceptación de la sociedad.

Al salir de la cárcel, la vida de las personas liberadas cargan con las consecuencias colaterales arraigadas en la estigmatización y la marginación, que conducen al ostracismo social. Al no poder reintegrarse con éxito, algunos individuos terminan reincidiendo.

Aunque la sociedad funciona con arreglo a un contrato social definido por leyes y reglamentos que rigen el orden, debe haber consecuencias en caso de contravención. Sin embargo, estas no deben centrarse únicamente en el castigo, sino también en la rehabilitación, sin recurrir nunca a la destrucción.

A medida que el mundo vislumbra un nuevo sistema de gobernanza mundial y una agenda para el desarrollo después de 2030, es importante que estas reformas se reflejen a nivel regional, nacional y de base, hacia un mundo justo y equitativo.

Los miembros de las Naciones Unidas, en sus negociaciones en curso sobre el Pacto para el Futuro, deben considerar la reforma de la justicia penal y sus implicancias en el desarrollo y los derechos humanos. Hasta entonces, fracasaremos en la promesa de no dejar a nadie atrás en nuestros objetivos colectivos para las personas y el planeta.

Oswald Newbold preside la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Profesionales de la Reinserción Inc., también es coordinador de Reinserción en el Centro de Reinserción de Riviera Beach. Se lo puede contactar en: [email protected]