Los ecuatorianos decidieron preservar Yasuní, pero la implementación es confusa

QUITO – La decisión de los ecuatorianos de poner fin a las operaciones petroleras en el Parque Nacional de Yasuní, en una consulta popular en agosto, supuso un triunfo para la sociedad civil y un hito mundial en la democracia ambiental, pero a la hora de la implementación, el resultado se empaña.

Pese a ser una decisión democrática, tomada por la mayoría de los ecuatorianos, el cese de actividades petroleras, para las autoridades el veredicto no ha sido claro.

Durante las elecciones presidenciales y legislativas del 20 de agosto, 59 % de los votantes se pronunciaron por el Sí a la extracción de petróleo en una de las áreas protegidas con mayor biodiversidad del mundo, parte de la Amazonia ecuatoriana y reserva de la biósfera desde 1989.

Al mismo tiempo, 68 % de los electores del Distrito Metropolitano de Quito desecharon que siga la exploración y explotación minera en su territorio, para mantener la biodiversidad del Chocó Andino, un bosque al noroeste de la capital y que la provee de agua.

En medio de una crisis política y de inseguridad delictiva sin precedentes en Ecuador, las dos votaciones fueron un hito histórico a nivel democrático y ambiental, además de evidenciar que los ecuatorianos apuestan por alternativas que alejen al país del extractivismo del que desde hace décadas depende su economía de este país sudamericano.

“El proceso de consulta deja un precedente porque es una forma de establecer lo que se denomina una democracia ambiental, donde la gente decide que se explota y que no. Estos principios en la práctica van en armonía con los derechos de la naturaleza que están contemplados en la constitución ecuatoriana, de proteger la naturaleza más allá del rédito económico”: Ximena Ron Erráez.

Pero el No, es decir la respuesta que permitía seguir extrayendo petróleo en el bloque Yasuní ITT, ganó en las provincias donde se encuentra el parque nacional: Orellana y Sucumbíos. Este es uno de los argumentos de las actuales autoridades para detener el cumplimiento de la consulta, alegando que las zonas involucradas están de acuerdo con la explotación petrolera.

Ximena Ron Erráez, abogada constitucionalista,  remarca que el Estado ecuatoriano no puede escapar a la obligación de acatar el resultado de la consulta.

“En lo que se refiere a la Constitución ecuatoriana, implica una disposición supraconstitucional es decir tiene que ser acatada de forma obligatoria por las autoridades no hay posibilidad constitucionalmente hablando de que las autoridades no acaten esta consulta”, dijo a IPS.

Ron Erráez también menciona la falta de voluntad política que existe.

El 5 de septiembre, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso en una reunión con comunidades indígenas calificó a la consulta como “no aplicable”.

La filtración de un video con esas declaraciones generó malestar entre los grupos de sociedad civil que impulsaron la consulta desde hace más de 10 años. Yasunidos, el  grupo que nació para revertir la decisión en 2013 del gobierno del entonces presidente Rafael Correa (2007-2017) de empezar la explotación petrolera en el Yasuní, se ha declarado en Asamblea permanente.

El gobierno de Correa había planteado un proyecto que buscaba mantener bajo tierra el petróleo en Yasuní ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), también conocido como Bloque 43, de casi 2000 hectáreas y parte del cual está dentro de la reserva de la biosfera y el resto en la llamada zona de amortiguamiento.

La iniciativa consistía en la compensación económica internacional por no explotar el yacimiento, con reservas que superarían los 1500 millones de barriles,  y mantener así la preservación de la biodiversidad del parque y sus áreas circundantes. Pero no dio los resultados esperados y el gobierno decidió su cancelación.

Ello pese a que en Yasuní, con una extensión de 10 700 kilómetros cuadrados en el noreste del país y dentro de la cuenca amazónica,  existen unas 150 especies de anfibios, 600 de aves y 3000 de flora, además de comunidades indígenas, parte de ellas en aislamiento voluntario.

Para activistas ambientales y organizaciones promotoras de mantener el petróleo de Yasuní bajo tierra, la gestión del proyecto mostró el dilema de encontrar alternativas a la industria extractiva y la falta de voluntad política real de los poderes políticas para establecer soluciones ante ella.

Ron Erráez cita un hecho importante: Lasso, en el poder desde mayo de 2021, será un presidente saliente después que el 15 de octubre se realice la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y quien debe cumplir el mandato de la consulta popular sobre el parque nacional va a ser su sucesor.

Una dificultad es que ese sucesor o sucesora, que asumirá sus funciones el 25 de noviembre, tendrá un mandato de solo año y medio, destinado a completar el periodo de Lasso, quien convocó a unas inéditas elecciones anticipadas para evitar que prosperase su  probable destitución por parte de la legislativa Asamblea Nacional.

Para Alex Samaniego, quien participó desde Scientist Rebellion Ecuador en Yasunídos, siempre estuvo claro que la campaña para las consultas populares del Yasuní y el Chocó Andino eran procesos de largo aliento, que no terminaban con el resultado a favor o en contra de las urnas.

“Sabemos que tenemos que defender el resultado, defender los votos de la ciudadanía y hacer que las consultas se cumplan en su totalidad” dijo a IPS.

Según el activista ambiental, lo que queda claro es que el proceso democrático en esta consulta va a servir de referente en muchos países, incluido Brasil, con comunidades en una lucha constante por combatir el cambio climático que buscan alternativas a las industrias extractivas.

“Se nos dice todo el dinero que trae el petróleo a la economía, pero el dinero que queda en las comunidades es muy poco”, señaló Samaniego, quien menciona alternativas como el turismo comunitario y las biomedicinas y bioindustrias, como alternativas económicas a la explotación petrolera.

Para Ron Erráez “el proceso de consulta deja un precedente porque es una formae de establecer lo que se denomina una democracia ambiental, donde la gente decide que se explota y que no».

«Estos principios en la práctica van en armonía con los derechos de la naturaleza que están contemplados en la constitución ecuatoriana, de proteger la naturaleza más allá del rédito económico”, añadió.

Los ecuatorianos decidieron en las urnas y con esta decisión acelerando la posibilidad de transición a alternativas para su economía. ¿Cómo se ve la implementación?

La consulta por el Chocó Andino se da en un área de conservación de la que es parte Quito, que incluye nueve bosques protectores y mas de 35 reservas naturales se da para evitar la emisión de permisos de exploración minera, una medida que se implementará desde la consulta.

El cese de actividades que se requiere después de la consulta popular en el Yasuní tiene visiones contrastadas, La estatal Petroecuador remarca las pérdidas para el Estado si la parálisis se efectúa con cifras que cuestionan los estudios de grupos como Yasunidos.

La consulta da al Estado un año para el cese de actividades, pero Ron Erráez considera que podría tomar más tiempo el desmantelar toda la operación de Petroecuador en Yasuní ITT. Mientras, las operaciones en el bloque 43 prosiguen.

Sofia Torres, vocera de Yasunidos, menciona que pese a todos los discursos que se manejaron durante la campaña sobre las pérdidas económicas, la votación indica que la mayoría de los ecuatorianos cuestionan el status quo extractivista del país.

A su juicio, las autoridades gubernamentales y petroleras insisten en que los recursos petroleros son indispensables para el desarrollo del país, pero los ecuatorianos no han visto que se haya concretado ese desarrollo, en infraestructuras, en medidas sociales o en servicios.

Por ello, decidieron que “es mejor optar por la preservación de algo en concreto, como es un ecosistema que nos brinda agua limpia aire puro y que se pone casi como un seguro hacia el futuro”, dijo a IPS.

El 15 de octubre los ecuatorianos escogerán entre Luisa González, heredera del expresidente  Correa, y el empresario Daniel Noboa. Sobre uno de ellos recaerá hacer cumplir el voto mayoritario sobre el futuro de Yasuní y el cese de la explotación petrolera en su territorio.

ED: EG