No hay milagro económico en El Salvador de Bukele

El mayor logro de su gestión es haber desmantelado la estructura de pandillas que imperó en el país durante décadas. Según datos oficiales, en 2023 El Salvador tuvo la tasa de homicidios más baja de su historia (2,4 homicidios por cada 100 000 habitantes).

“El presidente lo ha hecho bien”, dice María. “Antes no se podía salir. Ahora una se siente más cómoda, puede caminar segura, ir a los parques”, explica.

Este tipo de respuestas se repiten en zonas urbanas y rurales de El Salvador, el país más pequeño de América Central, con costas solo sobre el océano Pacífico, y el más densamente poblado, con 6,7 millones de habitantes.

Y siempre hay una historia personal sobre lo que era convivir con las pandillas y lo que cambió – las zonas de tránsito que se desbloquearon, las “rentas” (extorsiones) semanales que se dejaron de pagar.

La política de seguridad de Bukele, que encarceló a más de 75 000 personas e impuso un régimen de excepción que habilita detenciones arbitrarias y extiende los plazos judiciales de manera indefinida, se ha vuelto célebre en América Latina, donde cada vez gana más imitadores.

A Bukele “lo tomamos como un redentor. Alguien que Dios nos mandó para salvarnos de esta hecatombe criminal”, dijo uno de sus seguidores a la salida de un centro de votación. La popularidad del mandatario se refuerza con una poderosa maquinaria de comunicación en redes sociales, donde su figura se confunde con la de influencer.

Pero a medida que la seguridad parece terreno conquistado, otras preocupaciones afloran. El crecimiento ha sido escaso, la pobreza extrema se tragó a unas 80 000 nuevas familias (ahora afecta a casi 9 % de la población, mientras 30 % son pobres) y la mitad del país sufre inseguridad alimentaria.

Detrás del sueño del Bitcoin

En 2021, la Ley Bitcoin dio curso legal a esta criptomoneda. Unos meses después, se constató que el impacto en el uso cotidiano de los salvadoreños era ínfimo.

Mientras el gobierno abrazaba la criptomoneda e invertía más de 100 millones de dólares para comprar bitcoins con un fondo de uso reservado, Bukele anunció una serie de megaproyectos en el departamento de La Unión, oriente del país: el Tren del Pacífico, el Aeropuerto del Pacífico y, finalmente, la Bitcoin City, una ciudad libre de impuestos sostenida con criptomonedas que emplearía el volcán Conchagua como fuente de energía geotérmica.

Ninguno de estos proyectos se ha concretado ni tiene fecha estimada, pero amenazan con desplazar a comunidades enteras de sus territorios. Lejos de la capital y del ojo público, cientos de familias se preparan para un enfrentamiento que puede durar décadas, y que el gobierno esconde detrás de la utopía del bitcoin.

“Desde que entró en vigencia la Ley Bitcoin hemos visto cómo se ha disparado la especulación inmobiliaria”, dijo a openDemocracy el activista César Artiga, defensor de derechos humanos y representante del Llamado Mundial de Acción contra la Pobreza (GCAP, en inglés).

“El gobierno ha anunciado varios megaproyectos que tienen como fin el acaparamiento de tierras. Hay una alianza entre los denominados bitcoiners, extranjeros que llegan seducidos por beneficios fiscales y sin tener que declarar el origen de capitales, y un sector histórico del país que son los cañeros de azúcar”, dueños históricos de la tierra, agregó.

Erme Martinez, campesino del caserío Flor de Mangle, una zona pantanosa en el municipio de Conchagua donde Bukele prometió construir el aeropuerto, tiene un video del día en que funcionarios del Estado se acercaron al lugar, reunieron a un grupo de vecinos y les explicaron que les iban a hacer ofertas por sus casas, para que con ese dinero pudieran comprar tierras en otro lado.

Pero los montos ofrecidos, según Martínez, están muy por debajo del valor de sus hogares y son insuficientes para comprar un terreno similar en otro lado.

“El gobierno dice que va a mejorar el país a través de los que vienen a invertir acá. Pero, para nosotros, ¿qué inversión hay? Este año no tuvimos ayuda para la agricultura, al gobierno no le interesa”, dice Martínez, parado sobre el terreno donde, según los planos difundidos, se construirá una pista de aterrizaje.

Otros campesinos también se quejan de que Bukele no fomenta la agricultura, obligando a importar cada vez más alimentos.

“Todo esto va a desaparecer”, dice Martínez, mientras señala las plantaciones del lugar.

Construir un aeropuerto en esta zona húmeda, pantanosa y llena de vegetación requeriría grandes inversiones cuyo origen no está claro, aunque el gobierno afirma que el proceso ya comenzó.

En distintos puntos de La Unión se multiplicaron los carteles anunciando proyectos o simplemente avisando que ciertos terrenos que antes se usaban de manera comunal son propiedad privada.

Ángel Flores, dirigente del Movimiento indígena para la integración de las luchas de los pueblos ancestrales de El Salvador (Milpa), fundado en 2023 para articular los reclamos de distintas comunidades afectadas, cree que los proyectos son una excusa para calificar la tierra como de interés público, rematarla y utilizarla para otra cosa, por ejemplo instalaciones turísticas.

En la playa El Icacal, José Marvin y Esmeralda Minero, una pareja de pescadores de cangrejos, comenta su temor a que pronto no los dejen entrar a las zonas de pesca en el manglar, donde ya hay maquinaria pesada operando.

“Los cangrejos se pescan en la orilla, y con el movimiento de máquinas y gente que hay es imposible”, dice Marvin. Entonces, ¿por qué votó a Bukele el mes pasado? “Bukele nos quitó a las pandillas y con eso estamos bien nosotros. Ahora puedo entrar fácil a vender a comunidades donde antes no podía”, explica.