Los centros de procesamiento migratorio de EE. UU. han tenido un inicio difícil | nytimes.com

El gobierno de Joe Biden tiene dificultades para atender la crisis humanitaria y política que se desarrolla en la entrada de Estados Unidos. Y una parte clave y cada vez mayor de dicho esfuerzo está enfocada en mantener a los migrantes que buscan protección lejos de la frontera entre México y EE. UU. a través de centros de procesamiento migratorio en Centro y Sudamérica.

Estos centros, ubicados en Colombia, Costa Rica y otros proyectados en Guatemala, son ahora un elemento crucial de la estrategia migratoria del presidente Biden, dijeron funcionarios estadounidenses, y el gobierno ya está explorando abrir oficinas en otros países de la región, entre ellos, México.

La iniciativa, conocida como el programa de movilidad segura, es “el plan más ambicioso que he visto”, dijo Sean Garcia, coordinador adjunto de migrantes y refugiados de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, quien ha trabajado en migración durante más de una década.

Pero el programa ha tenido un comienzo difícil, ya que la demanda de citas superó con creces la oferta, lo que llevó a cierres periódicos del portal en línea y a que algunos países limiten la cantidad de solicitantes por temor a que los centros hagan que la llegada de numerosas personas migrantes desborde sus propias fronteras.

Incluso algunos funcionarios involucrados en el programa reconocen que es una respuesta modesta a un desafío enorme.

Este año, más personas —360.000 hasta principios de septiembre— ya han cruzado el Tapón del Darién que en todo el año pasado. Y en agosto, aproximadamente 91.000 familias en la frontera sur de Estados Unidos fueron arrestadas después de cruzar de manera ilegal, un récord mensual.

“El efecto sobre la migración por el Darién es mínimo o ninguno”, dijo Francisco Coy, viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, sobre el programa estadounidense. “Hay que ser franco”.

Desde su lanzamiento en junio, el programa ha puesto a unos 3600 migrantes de aproximadamente 40.000 solicitantes en camino para que se les permita ingresar a Estados Unidos, según funcionarios estadounidenses.

Una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, dijo que “llevaría tiempo desarrollar el programa a la escala que queremos”.

“Estamos asegurándonos de que los servicios se brinden de manera ordenada y eficiente, al mismo tiempo que podemos mejorar los procesos”, agregó.

Alex Díaz, su esposa y su hijo de cuatro años estaban a punto de abordar un barco en mayo para llegar al Tapón del Darién, una brutal extensión de selva que conecta América del Norte y América del Sur.

Habían gastado unos 80 dólares en pasajes, pero pronto cambiaron sus planes cuando se enteraron de una opción mucho más segura para intentar llegar a Estados Unidos: un nuevo plan del gobierno de Biden para abrir oficinas en varios países, incluido Colombia, donde los migrantes, como la familia Díaz, podrían solicitar la entrada.

Una vez que se abrieron las solicitudes en línea en junio, Díaz, quien es venezolano, se registró con rapidez para una cita de entrevista.

No ha vuelto a saber nada desde entonces.

El programa proporciona entrada legal a Estados Unidos para personas calificadas que buscan estatus de refugiados, reunificación familiar u otro estatus temporal conocido como permiso de permanencia temporal. No proporciona asilo, que por lo general debe solicitarse una vez dentro de la frontera estadounidense o en un puerto de entrada.

Dado que la migración es uno de los desafíos más complejos del presidente Biden y que emerge como un tema importante en las elecciones del próximo año, su gestión, esencialmente, está externalizando el problema al confiar en los países de Centro y Sudamérica para evitar que los migrantes emprendan el recorrido hacia el norte.

Las autoridades mexicanas han estado interceptando a migrantes que cruzan a México desde el sur e impidiendo que muchos viajen a la frontera con Estados Unidos, sin embargo, en las últimas semanas, el flujo migratorio hacia el norte parece ir en aumento.

Colombia ha aceptado a 2,5 millones de inmigrantes venezolanos en los últimos años y, con ayuda estadounidense, ha otorgado permisos de permanencia, aunque muchos migrantes han salido del país por falta de oportunidades económicas.

Tras la expiración en mayo de una orden de salud pública de la era pandémica que permitía la deportación rápida de la mayoría de los migrantes, la gestión de Biden presentó reglas diseñadas para restringir el asilo en la frontera, al tiempo que amplió las vías legales para entrar a Estados Unidos.

Después de una caída importante en los encuentros fronterizos, las cifras han comenzado a aumentar. Los cruces ilícitos han aumentado a niveles históricos durante el mandato de Biden, como parte de un desplazamiento global masivo de personas impulsado por la pobreza, la violencia y la inestabilidad política.

Díaz, de 28 años, llegó a Colombia procedente de Venezuela en 2017 en busca de trabajo para pagar su boda con su prometida, Beatriz.

Cuando las condiciones económicas empeoraron en Venezuela, decidió quedarse en Colombia, pero luchó por afianzarse en la pequeña ciudad fronteriza donde se había afincado. Trabajó como vendedor informal y durante un breve periodo de tiempo estuvo sin hogar antes de mudarse a Bogotá, la capital.

Con el tiempo, Beatriz se le unió, y tuvieron un hijo. Ambos trabajan medio tiempo —Díaz en una imprenta y su esposa como maestra suplente—, pero solo los llaman cuando es necesario.

Ambos batallan para pagar la comida de su hijo, que está desnutrido y debe ganar peso para poder someterse a una cirugía de extirpación de amígdalas, que los médicos dicen que necesita.

La pareja ha soñado durante mucho tiempo con iniciar un negocio en Estados Unidos y si Díaz no recibe respuesta sobre una cita en un centro de procesamiento de migración, dijo que intentará, una vez más, cruzar la selva.

El portal en línea para agendar citas en Colombia, que abrió su registro el 28 de junio, cerró después de solo un día. Se suponía que el portal cerraría después de recibir 3000 solicitudes, dijo un funcionario del Departamento de Estado, pero en las primeras 12 horas se desbordó con más de 5000 solicitudes. Volvió a abrir brevemente en agosto y recibió otras 5000 más.

El mes pasado se abrieron dos centros en Medellín y Cali, la segunda y tercera ciudades más grandes del país. Próximamente se abrirá un tercer centro cerca de Bogotá.

Una de las principales preocupaciones de Estados Unidos y otros países durante las negociaciones sobre el programa fue que las nuevas oficinas atraerían a muchos migrantes, según funcionarios colombianos y estadounidenses.

Para disuadir los desplazamientos masivos, los funcionarios impusieron reglas estrictas. Las oficinas no aceptan visitas sin previa cita y están limitadas a determinadas nacionalidades. El programa en Costa Rica está abierto a venezolanos y nicaragüenses que estuvieron en el país antes del 12 de junio, mientras que en Colombia está reservado para venezolanos, haitianos y cubanos que estuvieron en el país antes del 11 de junio.

Al inicio, el gobierno de Guatemala afirmó que aceptaría solicitantes de Nicaragua, Honduras y El Salvador, pero lo ha restringido solo a guatemaltecos.

“Nosotros no permitiremos ningún tipo de flujos masivos o irregulares o caravanas”, dijo Mario Búcaro, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, en una entrevista en video distribuida a periodistas en junio. “Siempre están movidos por grupos delincuenciales que tratan de desestabilizar la soberanía de los países”.

Algunos solicitantes, además de asegurar que no recibieron ningún seguimiento después de registrarse en el programa, dijeron que los requisitos no estaban claros y que los solicitantes en las tres ciudades principales donde se han abierto oficinas, o se abrirán, fueron contactados antes que las personas que habían presentado solicitudes primero.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que estaban tratando de reducir el número de casos en las grandes ciudades mientras averiguaban cómo llegar a los solicitantes fuera de ellas.

“Estamos comprometidos a asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de hacer esto”, dijo Garcia.

Si bien los nuevos programas que involucran a diversos gobiernos seguramente experimentarán contratiempos, el programa de movilidad segura debe gestionarse mejor y ser mucho más grande para ser efectiva, aseguraron expertos en migración.

“No están ofreciendo lo que podría llamarse una vía alternativa; están ofreciendo un goteo alternativo, tal vez”, dijo Adam Isacson, director para veeduría de defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos.

Los migrantes “van a decirle a todos los que conocen que esto fue una pérdida total de tiempo” si no reciben respuestas más rápidas de los administradores del programa, dijo.

Andreina Cardozi, de 33 años, quien salió de Venezuela hace cinco años, vive en la ciudad montañosa de Pereira, donde su esposo trabaja por temporadas en una finca de café y plátano. Pero cuando la cosecha se acaba, también se agotan sus sueldos y tienen que hacer esfuerzos para mantener a sus tres hijos pequeños.

Ella aplicó al programa de migración de Estados Unidos el día que se abrió en línea, pero dijo que no obtuvo respuesta. Unos amigos suyos cruzaron el Tapón del Darién y lograron ingresar a Estados Unidos.

Ella planea seguir pronto la misma ruta.

“Yo también quisiera irme a ver si se me cambia mi vida”, dijo. “La verdad sí me da miedo, pero en el nombre de Dios me voy a arriesgar porque no tengo otra posibilidad”.

Jody García colaboró con el reportaje desde Ciudad de Guatemala.