LOS ÁNGELES — La semana pasada, Tommy Esquivel se graduó de bachillerato en la escuela Hollywood High School en el sur de California, con unos diplomas que premiaban su determinación, su historial de servicio y la calificación media más alta de su clase de ciencias medioambientales de nivel avanzado. “Ansío ver lo que harás con tu futuro”, le expresó su maestra de ciencias, Alycia Escobedo, en una nota de despedida. “Haz cosas importantes”.
Pero Esquivel, de 19 años, quien se crio en Los Ángeles sin permiso migratorio, tiene que enfrentar obstáculos importantes que le impiden sacarle el máximo provecho a su potencial. Su acceso a las ayudas económicas para estudiar en la universidad es limitado. En muchos estados, no le otorgan licencia para conducir. Sin número de Seguro Social, no puede trabajar de manera legal. Y, aunque ha vivido en Estados Unidos desde que tenía 9 años, en cualquier momento podrían deportarlo a Guatemala.
Por primera vez, la mayoría de los inmigrantes indocumentados que se gradúan de las escuelas de bachillerato de todo el país no gozan de ninguna de las protecciones que en la última década les ofreció el programa de la era de Obama que impedía que la mayoría de los llamados dreamers fueran deportados, además, se les brindaba acceso a empleos y ayuda para la colegiatura de la universidad.
El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) iba a ser una medida provisional para proteger a algunos de los inmigrantes más vulnerables —los jóvenes que llegaron al país cuando eran niños y se han criado prácticamente como estadounidenses— hasta que el Congreso hiciera una reforma de inmigración integral o, al menos, aprobara un proyecto de ley que les ofreciera una opción para obtener la ciudadanía.
Durante toda esta década, desde que entró en vigor DACA en junio de 2012, se han registrado unos 800.000 jóvenes. Pero nunca se materializó ninguna solución política a largo plazo. Al verse bajo los ataques constantes por parte de los republicanos que se oponen a la inmigración, DACA dejó de aceptar solicitudes nuevas y está inmerso en batallas jurídicas desde que el expresidente Donald Trump intentó eliminar el programa en 2017.
Esquivel se encuentra entre los casi 100.000 jóvenes inmigrantes que esta primavera están llegando a la edad adulta en una situación de precariedad: sin las herramientas más básicas para construir un futuro en el único país que muchos de ellos han conocido.
“No sé hacia dónde me llevará todo el trabajo que he hecho”, dijo Esquivel, quien llegó de Guatemala a Estados Unidos para reunirse con sus padres cuando estaba en tercer grado. “No sé qué puedo hacer”.
El DACA, que a través de los años ha logrado tener cierto apoyo bipartidista porque sus beneficiarios se encuentran entre los inmigrantes ilegales del país que causan más empatía, ha sido transformador para muchas personas al permitirles trabajar legalmente para que, en consecuencia, pudieran pagar la universidad, desarrollar una carrera profesional y comprar una vivienda. La idea de sus defensores era que el Congreso finalmente atendiera la situación migratoria de once millones de personas que se encuentran de manera ilegal en el país y que este programa temporal se volviera innecesario.
“Se tenía la esperanza de que DACA fuera un puente hacia la reglamentación y de que ya no se necesitara un programa administrativo debido a que habría uno legislativo”, señaló Alejandro Mayorkas, secretario de seguridad nacional y quien encabezó la agencia federal que diseñó y administró el programa que entró en vigor el 15 de junio de 2012.
“Parece que la polarización es un obstáculo hasta para hacer cosas que disponen de un acuerdo partidista”, comentó en una entrevista.
Los analistas en inmigración creen que cada año habrá 100.000 personas más en este nuevo grupo de jóvenes inmigrantes que se criaron en Estados Unidos pero que no cuentan con permiso migratorio ni con la protección del DACA.
En la actualidad, el 60 por ciento de quienes cuentan con la protección del DACA tienen 26 años o más, e incluso si el programa se conservara, dependiendo de los desafíos jurídicos, no habría manera de inscribir a los inmigrantes más jóvenes, como Esquivel, quien llegó en 2012, a menos que este fuera modificado para incluirlos a ellos, cosa que es poco probable dada la división política relacionada con la inmigración.
“Para mí, DACA fue una prueba determinante para legalizar a millones de personas”, explicó Gaby Pacheco, una exestudiante indocumentada de 37 años que lideró una campaña que dio inició en 2010 para hacer visible entre la población estadounidense la difícil situación de los dreamers y convenció al gobierno de Obama de que les brindara ayuda.
“Aquí estamos diez años después; es como si retrocediéramos”, afirmó Pacheco, directora de TheDream.US, un programa que ofrece becas para que asistan a la universidad los estudiantes que viven en el país sin un permiso legal.
La imposibilidad de contratar a decenas de miles de egresados de bachillerato se presenta en medio de una “enorme escasez” de mano de obra, la cual ha aumentado debido al envejecimiento de la población del país y a la baja tasa de natalidad, explicó Neil Bradley, director de políticas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
“El Congreso ha tenido una década para resolver este problema y es difícil de entender que no haya encontrado una forma de proceder”, añadió.
Teresa Perez, una inmigrante de 19 años que llegó a Estados Unidos procedente de México cuando tenía 2 años, estaba a punto de cumplir 15, la edad requerida para solicitar registro al DACA, cuando Trump retiró el programa en septiembre de 2017.
No obstante, Perez fue perseverante —alentada por su hermana mayor, quien cuenta con la protección del DACA— y el año pasado la aceptaron en la Universidad de Utah. Para cubrir la colegiatura, reunió becas provenientes de grupos que no requerían que estuviera en el programa DACA.
Pero después de terminar las clases del primer semestre de cultura general, le informaron que no podía entrar al programa de enfermería porque no tenía número de Seguro Social.
“El costo es muy alto cuando sucede algo así que tiene consecuencias en tu vida”, comentó Perez, quien es consciente de que la falta de enfermeras está obligando a que muchos hospitales de Estados Unidos realicen contrataciones de extranjeros.
Domonick, un estudiante indocumentado de 22 años que nació en Islas Turcas y Caicos, llegó a Estados Unidos en 2007 a la edad de 7 años. Ocho años después, solo pudo ver cómo otros de su edad solicitaban DACA: había entrado al país pocos días después de la fecha de corte del programa.
Sin DACA, no puede obtener una licencia de conducir o una identificación estatal en Florida. Una beca de TheDream.US le ha permitido asistir a la Universidad Internacional de Florida. Espera graduarse en diciembre con un título en contabilidad y análisis de datos.
“¿Podré encontrar empleo en mi campo, contribuir a este país, vivir una vida normal?”, dijo Domonick, quien no quiso que se usara su apellido por temor a llamar la atención de las autoridades. “¿Tendré que empacar y dejar el único lugar al que llamo hogar?”.
Los asiáticos representan el grupo de mayor crecimiento de estudiantes que viven en Estados Unidos de manera ilegal, y entre ellos está James Song, quien llegó a Chicago procedente de Corea del Sur a la edad de 9 años con visa de turista y ya nunca salió del país.
Al mismo tiempo que asistía a la escuela de bachillerato durante los dos últimos años, ha estado trabajando muchas horas en restaurantes coreanos con el fin de ganar dinero y ahorrar para pagar la universidad y así poder entrar a estudiar bioquímica en la Universidad de Illinois en el otoño. Aunque recibe algunas becas, no le alcanzan.
“Estos problemas dificultan que tenga fe y pueda ver hacia el futuro”, comentó Song, de 19 años, quien ha recibido apoyo de Hana Center, una organización sin fines de lucro que ayuda a los inmigrantes asiáticos.
Pero Song no concibe vivir en ningún otro país. “Toda la gente que conozco está aquí. No leo ni hablo bien el coreano”, comentó.
También Esquivel creció en Los Ángeles hablando más inglés que español.
En la escuela Hollywood High School, un lugar emblemático en el sur de California que tiene egresados como Judy Garland y Warren Christopher (un exsecretario de Estado), Esquivel fue aceptado en el programa New Media Academy, el cual combina preparación para la universidad con capacitación en animación y producción de video.
Se distinguió en el ámbito académico y se unió al equipo de béisbol y a los clubes del campus. También dio recorridos escolares. “Todos los chicos estaban tratando de averiguar dónde se ubicaban en la escala social”, comentó su maestro de Literatura de primer año, Casey Klein. “Tommy era muy auténtico y cordial con todos. Nunca se quejaba”.
Casi nunca hablaba de su situación migratoria.
En 2020, Klein lo recomendó como asesor para un programa de verano que les facilitaba a los estudiantes de primer año en riesgo pasar al bachillerato, un trabajo por el que pagaban quince dólares por hora.
Pero en la solicitud de empleo del distrito escolar tenía que anotar su número de Seguro Social.
“Lo conmovedor de Tommy es que dijo: ‘Aunque no me puedan pagar debido a mi situación, de todos modos quiero hacerlo’”, recuerda Ali Nezu, coordinadora de New Media Academy, y así lo hizo.
Se volvió experto en edición digital y se aficionó mucho al uso de cámaras profesionales.
“Quiero convertirme en operador cinematográfico”, afirmó Esquivel, “o ayudante, alguien que pueda ayudar en el set y arreglar cualquier cosa que haga falta”.
Pero perdió varias oportunidades.
Durante el verano pasado consiguió una pasantía de cine, pero tuvo que rechazarla porque no tiene documentos.
A principios de su último año, Nezu tenía la intención de recomendarlo para una pasantía remunerada en la Academia Británica de Cine y Televisión, una que había impulsado las carreras de algunos estudiantes de Hollywood High. Cuando quedó claro que los estudiantes indocumentados no eran elegibles, eligió a otro estudiante.
El 12 de abril, aceptaron a Esquivel en la Escuela de Cine de la Universidad Estatal de San Francisco.
Esquivel lo festejó con su familia y sus maestros, pero luego analizó mejor la situación.
La mayor parte de su colegiatura sería cubierta por una beca estatal a la cual podían tener acceso los estudiantes indocumentados. ¿Pero cómo podría pagar 17.000 dólares de alojamiento y alimentación sin tener la posibilidad de trabajar?
Decidió inscribirse en Santa Monica College, una universidad comunitaria cerca de Los Ángeles, pues estudiando ahí podría vivir en su casa.
Durante su último día de clases el viernes, Esquivel les agradeció a cada uno de sus maestros, y sus ojos se humedecieron cuando lo describieron como un regalo para la comunidad escolar.
“Todo el mundo te ama y se siente bien al estar cerca de ti”, dijo su profesor de inglés, Bodin Adler, antes de acercarse para abrazarlo. “Realmente te voy a extrañar”.
En el modesto departamento de su familia, la madre de Esquivel exhibió sus premios de la escuela secundaria (un trofeo de vidrio, una placa de madera y certificados) en una mesa.
Su grupo de amigos planeó un viaje por carretera a San Diego, pero Esquivel decidió que era mejor no ir, para que no los detuvieran en un puesto de control de la Patrulla Fronteriza.
“Siento que no existo en este país, como que no puedo formar parte de la vida del país”, comentó Esquivel. “Siento que podría hacer más, pero hay muchas limitaciones”.
Miriam Jordan cubre el impacto de la migración en la sociedad, la cultura y la economía de Estados Unidos. Antes de unirse al Times, cubrió inmigración por más de una década en el Wall Street Journal y fue corresponsal en Brasil, Israel, Hong Kong e India. @mirjordan
Fuente de TenemosNoticias.com: www.nytimes.com
Publicado el: 2022-06-16 21:57:04
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