¿Es fundada acusación de Gustavo Petro de traición a secretario de Cancillería?

En un solo trino, el presidente Gustavo Petro acusó de una grave conducta, la traición, al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, y dictó sentencia inmediata: su insubsistencia. Es decir que lo echó del cargo sin fórmula de juicio. El mandatario tiene facultades para hacerlo, ¿pero la grave acusación de traición tiene asidero en la normatividad colombiana como causal de una decisión administrativa?

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El jefe de Estado ha manifestado su molestia por el hecho de que el contrato de más de 500.000 millones de pesos para la elaboración de pasaportes se le entregue a la empresa Thomas Greg & Sons. De hecho, su canciller, Álvaro Leyva Durán, declaró desierta la licitación 001 de 2023 que esa firma había ganado de manera legal y legítima. Eso exponía a Colombia a perder una demanda de más de 100.000 millones de pesos.

La decisión de Leyva Durán hizo que la Procuraduría lo llamara a juicio disciplinario y lo suspendiera por tres meses, mientras investiga las posibles irregularidades que se pudieron presentar durante el proceso para la licitación de pasaportes.

Para el Ministerio Público, el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo: declarar desierta la licitación sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal, y decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.

Leyva Durán finalmente se apartó de su cargo y fue reemplazado por el embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo. En medio de todo el alboroto que vive la Cancillería, este lunes su secretario general, José Antonio Salazar, entregó finalmente el contrato de la elaboración de los pasaportes a Thoma Greg & Sons, y ahí fue Troya.

Gustavo Petro habla de traición

El presidente Petro escribió de inmediato en X, y, por su redacción, se entiende que debió estar muy alterado. Pero más allá de eso, lo que llama la atención es la grave acusación de traición, una conducta que, sola en sí misma, no está tipificada como delito en la normatividad colombiana. Ni siquiera la considera la Constitución Política.

El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firna su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí esta metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopilización de todos los datos privados en una… https://t.co/fT0109Qfuv

— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 26, 2024

Por eso, cobra toda relevancia el pronombre ‘nos’ (“… nos ha traicionado…”) que emplea el presidente. El que se siente traicionado es él y seguramente también considera que sienten lo mismo quienes lo rodean. Y dicta sentencia ‘ipso facto’ al declarar insubsistente a Salazar. Pero que Petro se sienta traicionado no implica de ninguna manera que Salazar haya incurrido, por ejemplo, en el delito de traición a la patria, que sí contempla nuestro Código Penal.

Se debe remarcar el hecho de que el señalamiento de ‘traición’ no lo hace cualquier persona, sino el presidente de la República, cuya investidura e influencia puede dar para que cualquiera entienda que la conducta en que supuestamente incurrió Salazar no es solo contra Petro y sus seguidores, sino contra el país.

El Código Penal estipula como delitos de traición a la patria (artículos 111 y ss) el menoscabo de la integridad nacional, la hostilidad militar, la traición diplomática, la instigación a la guerra, los atentados contra hitos fronterizos, los actos contrarios a la defensa de la Nación, el ultraje a emblemas o símbolos patrios y la aceptación indebida de honores.

En ninguna de esas conductas se enmarca la acción de Salazar, que lo que hizo fue dar cumplimiento a la Ley 80 o Ley de Contratación Estatal, que señala que si en una licitación hay varios concurrentes y uno de ellos obtiene la mayor calificación para que se le adjudique un contrato, en este caso, Thomas Greg & Sons, es lo que se debe hacer.

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Si bien el ideal es que en una licitación se presenten varios proponentes —y a eso es a lo que aspira el presidente Petro—, también hay procesos licitatorios en los que, por sus exigencias técnicas, solo una empresa puede tener la capacidad de ejecutarlos. Y eso no necesariamente implica que sean adjudicadas por corrupción. En este caso, por sus afirmaciones, es el mandatario el que debe probar que, efectivamente, la licitación se la ganó Thomas Greg & Sons de manera irregular.

Salazar cumplió con la ley y le evitó a la Nación una multimillonaria demanda. Después de haberle adjudicado finalmente el contrato de los pasaportes a Thomas Greg & Sons, el país conoció a este pintoresco personaje que no teme porque el presidente lo haya calificado de traidor, tampoco se molesta porque lo haya declarado insubsistente y está seguro de haber cumplido con su deber.

En Caracol Radio, Salazar dijo que cuando llegó Murillo a la Cancillería en reemplazo de Leyva Durán, “estaba pidiendo renuncias”. Y luego explicó su decisión, que habría tenido visos de grandeza. “Entonces yo me precipité también a resolver todas esas situaciones. No quiero pasar a la historia como el viejito que dejó al país sin pasaportes. Y no puedo dejarle a la administración pública, al país, una cantidad de problemas por no cumplir con el deber. Me siento muy orgulloso porque es resultado exclusivo de mi responsabilidad”.

Con su trino —para muchos, apresurado y mal redactado, como hace con frecuencia—, el presidente Petro no dejó ver al estadista, sino a una persona común herida.

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