Caravana Humanitaria en Catatumbo
BOGOTÁ — Una caravana humanitaria compuesta por organismos internacionales, organizaciones sociales, la iglesia Católica y senadores se adentró el martes en el Catatumbo, una región del noreste de Colombia donde dos grupos armados se enfrentan, dejando hasta el momento 50.000 desplazados y cobrando la vida de más de 60 personas.
Contexto del Conflicto
Las camionetas marcadas con el logo de la ONU y entidades de derechos humanos, como la estatal Defensoría del Pueblo, recorrieron las desoladas vías hacia El Tarra, uno de los municipios del Catatumbo donde la violencia ha aumentado desde el 16 de enero. El Catatumbo es estratégico por su cercanía a la frontera con Venezuela, sus abundantes sembradíos de hoja de coca y la baja presencia estatal. El presidente Gustavo Petro declaró en enero el “estado de conmoción interior” con la promesa de restaurar el control y llevar inversión social a la región.
Derechos Humanos y Diálogos de Paz
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación el martes, instando a los actores armados a respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La situación se ha agudizado por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. Ambos grupos armados sostienen diálogos de paz con el gobierno.
La Defensoría del Pueblo informó que el frente del ELN en Catatumbo se comprometió a “respetar las acciones de la comisión humanitaria”. La caravana busca abordar la violencia que afecta a la población civil y solicitar a los actores armados un cese de los enfrentamientos.
Consecuencias de la Violencia
Camilo González Posso, jefe de la delegación gubernamental en los diálogos de paz, pidió acuerdos “mínimos humanitarios” en favor de las comunidades. “Hay que ponerle nombre: respetar la vida, no disparar contra una persona inerme. Que no se repita lo de buscar a la gente en las casas y fusilarlas por acusaciones infundadas”, afirmó González Posso en un video difundido a la prensa.
La ola de violencia ha dejado entre 60 y 80 muertos, según la ONU y la Gobernación de Norte de Santander, incluyendo defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz. El gobierno ha señalado al ELN como el principal responsable de la violencia, lo que resultó en la suspensión de la mesa de negociación en noviembre de 2022.
Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com
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