Denuncia por delitos de lesa humanidad
SAN SALVADOR — Las organizaciones Socorro Jurídico Humanitario y Justicia Social denunciaron el lunes ante el ministerio Público a diputados del Congreso salvadoreño y al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, por delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen de excepción aprobado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
La directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, detalló que los denunciados incluyen a Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa; y a los congresistas Suecy Callejas, Alexia Rivas, Elisa Rosales, Reynaldo Cardoza, Reinaldo Carballo, Rodrigo Ayala, José Serafín Orantes, además de los excongresistas Guillermo Gallegos y Numan Salgado. También se incluye al director general de centros penales, Osiris Luna, así como a varios fiscales y jueces, cuyos nombres no se revelan por estar “reservados”. Todos son acusados de incumplimiento de deberes, negación de auxilio a los privados de libertad y actos arbitrarios.
Violaciones a derechos humanos
Escobar indicó que la denuncia se fundamenta en declaraciones de relatores especiales de la ONU, quienes han manifestado que El Salvador está violando pactos y tratados internacionales, específicamente el Estatuto de Roma. Desde que se instauró el régimen de excepción, se han aprobado 27 prórrogas “ilegales”, lo que ha llevado a más de 26.000 salvadoreños inocentes a soportar condenas injustas y torturas, costándole la vida a 305 adultos y a cuatro bebés, hijos de mujeres detenidas.
Human Rights Watch presentó un informe de 114 páginas en el que documenta 66 casos de menores víctimas de abusos, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas. El estado de excepción, que comenzó el 27 de marzo de 2022, suspendió derechos fundamentales, y permitió a las fuerzas de seguridad intervenir telecomunicaciones sin orden judicial.
Reformas penales y estadísticas de detenciones
El Congreso también modificó el Código Penal, considerando delito la pertenencia a una pandilla, con penas de 20 a 40 años y hasta 60 años para cabecillas. Se imposibilitan las audiencias judiciales y aumentan los plazos de detención sin supervisión judicial. Desde la aprobación del régimen, más de 81.110 personas han sido arrestadas, incluyendo 3.000 menores, muchos basados en testimonios policiales sin corroborar.
A pesar de los cuestionamientos sobre derechos humanos, el gobierno de Nayib Bukele defiende su estrategia y ha reportado 665 días sin homicidios. El presidente Bukele expresó en la red social X que “gracias a Dios, tenemos el plan de seguridad más exitoso y verificable del mundo”.
Estadísticas de homicidios
En 2015, El Salvador era uno de los países más violentos, con 6.656 homicidios. En 2023, cerró con 214 homicidios, incluyendo 38 de presuntos pandilleros en enfrentamientos con la policía. Hasta ahora en 2024, se han registrado 76 homicidios, incluidos tres presuntos pandilleros en situaciones similares.
Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com
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