Investigación sobre la cirugía de la presidenta Boluarte
LIMA — La Fiscalía de la Nación de Perú solicitó el jueves a la presidenta Dina Boluarte que envíe la documentación médica que justificó una cirugía nasal realizada en 2023, en el marco de una investigación por abandono de cargo y omisión de funciones.
En un comunicado, la fiscalía exigió que, en un plazo de 24 horas, la mandataria aporte los informes sobre su estado de salud que respaldaron la intervención quirúrgica, en medio de la controversia por su ausencia durante 11 días, entre junio y julio de 2023.
Declaraciones de Boluarte y su defensa
Boluarte, quien ha negado que la cirugía fuera estética, declaró durante cuatro horas ante el Ministerio Público esta semana, en un proceso donde se investiga su falta de comunicación al Parlamento y al gabinete ministerial sobre su «impedimento temporal» para ejercer la presidencia del 28 de junio al 9 de julio.
Los delitos de abandono de cargo y omisión de actos funcionales pueden sancionarse en Perú con hasta dos años de prisión.
Detalles de la intervención y firma de normas
El abogado de la presidenta, Juan Portugal, indicó que la operación duró una hora y se llevó a cabo la noche del 28 de junio de 2023. Esa noche, la mandataria permaneció en la clínica y regresó a sus funciones diarias al día siguiente por la mañana.
La fiscalía también pidió a Boluarte o a su defensa que envíen las «91 normas en original» que afirma firmó entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023. En diciembre, la mandataria manifestó que, tras la cirugía, firmó 91 normas y cuestionó que se sugiera que las firmas fueron falsificadas.
Consecuencias legales posibles
Una vez que concluya su investigación preliminar, el Ministerio Público podría presentar una acusación constitucional contra la presidenta ante el Parlamento, lo que, al finalizar su mandato el 28 de julio de 2026, podría llevarla a ser juzgada ante la Corte Suprema, de acuerdo con el procedimiento establecido para altos funcionarios en Perú.
Boluarte actualmente enfrenta seis investigaciones fiscales por diversos delitos, incluyendo homicidio calificado, relacionado con las muertes de manifestantes ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 durante protestas que exigían su renuncia.
Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com
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