Topolobampo: el dinero alemán detrás del amoníaco

La resistencia del colectivo ¡Aquí No!, que se opone a la construcción de una planta de amoníaco en el puerto mexicano de Topolobampo, entró en un nuevo capítulo.

El 15 de junio de 2026, cerca de 200 personas de comunidades indígenas mayo-yoreme tomaron de forma pacífica e indefinida la entrada de la fábrica de Gas Petroquímica de Occidente (GPO), una filial mexicana del grupo suizo Proman.

Desde hace años, los activistas denuncian que la planta de amoníaco pone en riesgo a las comunidades y el ecosistema de la bahía de Ohuira, en el estado de Sinaloa. Ahora, exigen que el Gobierno mexicano cancele y clausure el megaproyecto.

Hasta la fecha, las obras han avanzado en un 88 por ciento. ¿Cómo se llegó a este punto?

Megaproyecto con capital alemán

El banco público alemán KfW IPEX-Bank financia el proyecto con una inversión de 860 millones de dólares.

En su página web, la entidad bancaria asegura que la fábrica «cumple todas las normas medioambientales nacionales e internacionales» y que las inspecciones de las autoridades «no han dado lugar a ninguna objeción».

Desde el principio, el banco «era consciente de los daños al medio ambiente y a los habitantes de la zona», sostiene, a su vez, Dalile Antúnez, abogada e investigadora colaborativa de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.

Daños, riesgos e intimidaciones

«Cuando el banco aprobó el préstamo sin el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), las comunidades indígenas ya habían presentado una demanda judicial para detener el proyecto y habían expresado públicamente su oposición. Su postura era pública y bien conocida, y habían enviado cartas a la Embajada de Alemania y al banco advirtiendo de los riesgos», dice la abogada a DW.

Antúnez comenta que incluso un Análisis Funcional de Operatividad de la propia empresa «confirmó que ciertos incidentes presentaban riesgos inaceptables y potencialmente mortales», por ejemplo, fugas de amoníaco.

Además, la abogada insiste en que «el banco no podía ignorar que el proyecto se llevaría a cabo en una zona con una fuerte presencia del crimen organizado«. Y es que el estado de Sinaloa es una de las regiones más violentas en México, cuna del Cártel de Sinaloa.

Desde la fundación del colectivo ¡Aquí No!, en 2015, varios miembros han sido víctimas de represalias y amenazas de muerte por parte del crimen organizado, en parte, en colusión con políticos locales, de acuerdo con un informe de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.

Delegación mexicana en Alemania

Alemania no solo financia el proyecto de inversión a través del KfW IPEX-Bank, sino que, además, otorgó a la empresa Proman un aval a la exportación en 2023, explica Regina Richter, responsable de campañas sobre bancos, seguros y promoción del comercio exterior de la organización ecologista alemana Urgewald.

Si bien se impusieron condiciones de supervisión para el aval, «estas no abordan los problemas fundamentales de que la construcción de la planta afectará a toda la bahía y a la vida en ella», indica Richter, en declaraciones a DW.

Asimismo, la experta cuenta que, en abril de 2026, una delegación de activistas mexicanos viajó a Alemania para reunirse con representantes del banco KfW. Sin embargo, tampoco en esa ocasión se habrían resuelto los problemas fundamentales.

¿Por qué Topolobampo?

En 2012, Gas Petroquímica de Occidente (GPO) contrató como asesor a un exsenador que había presidido la Comisión de Energía del Senado de México. El político propuso implementar el proyecto en Sinaloa, donde su hijo se desempeñaba como coordinador de proyectos estratégicos, señala Dalile Antúnez, de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.

«El banco KfW y GPO no cumplieron con los procesos básicos de diligencia debida, violando los derechos de las comunidades afectadas. Ahora deben rendir cuentas y asumir las consecuencias», subraya la abogada.

En respuesta a DW, el banco KfW IPEX-Bank asegura que evalúa «continuamente el desarrollo del proyecto, incluyendo cualquier cambio significativo en el marco legal, ambiental, social o contractual».

Pero también recuerda que la evaluación futura del caso «está sujeta a obligaciones legales y, en particular, contractuales. Todas las decisiones que se tomen en este contexto deben estar en conformidad con estas disposiciones vinculantes y no quedan a la discreción exclusiva de un solo prestamista».

«Es posible detener el proyecto»

Por su parte, Antúnez está convencida de que «es posible detener el proyecto». Y agrega que «se han dado situaciones similares, en las que empresas y bancos de desarrollo tuvieron que retirarse de proyectos debido a sus impactos nocivos y a la falta de consenso». Como ejemplo, menciona la cancelación del proyecto de la presa hidroeléctrica de Santa Rita en Guatemala.

«Si los responsables en Alemania están verdaderamente dispuestos a resolver la situación», insiste la investigadora, «deben entablar un diálogo directo con las comunidades afectadas, a fin de acordar una salida responsable del proyecto».

(cp)