En 2007, el para entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez ordenó la nacionalización de proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco, pero el gobierno de Nicolás Maduro culpa a la oposición encabezada por Juan Guaidó de la sentencia de un juez estadounidense que ratifica que el Estado venezolano debe pagar 8.700 millones de dólares a la empresa ConocoPhillips, en compensación por la «expropiación ilícita».
El Gobierno interino, reconocido por países como Estados Unidos, presidido por Guaidó, no se quedó atrás y señaló a Miraflores de ser el responsable de la sentencia millonaria contra Venezuela, aunque afirma que gracias a las sanciones internacionales contra el gobierno de Maduro no es posible ejecutarla.
A continuación algunas claves del caso que de nuevo pone sobre el tapete el manejo de activos venezolanos en el exterior en medio de una dualidad institucional provocada por el conflicto político.
El origen
Expropiación. En 2007, Chávez ordenó la expropiación de proyectos en la mayor reserva de petróleo del mundo e «invitó» a las empresas extranjeras que allí operaban a aceptar los términos del Estado y convertirse en socios minoritarios.
Demanda. En respuesta, empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips demandaron al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). Chávez manifestó que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo «amistoso».
Retiro. En 2012, el gobierno venezolano oficializa su salida de la Ciadi con una carta enviada al Banco Mundial, al cual está adscrito el organismo internacional. Se alegó la «protección del derecho del pueblo venezolano a decidir las orientaciones estratégicas de la vida económica y social de la nación».
La decisión no implicaba que se detuvieran las demandas judiciales en curso ni que se presentaran otras contra Venezuela que para entonces enfrentaba 20 arbitrajes por la nacionalización de activos de empresas transnacionales; el de ConocoPhillips era el más oneroso.
Arbitraje a favor de Conoco. La batalla judicial de Conoco vs Venezuela iniciada en 2007 derivó en que en 2019, un tribunal del Ciadi falló a favor de la petrolera internacional y ordenó pagar más de 8.700 millones de dólares más intereses. Conoco aspiraba a una indemnización de 31.000 millones de dólares y el gobierno venezolano solo estaba dispuesto a pagar 515 millones de dólares.
Nueva sentencia. Este 22 de agosto de 2022, se conoció que el juez de Washington DC, Carl Nichols sentenció que Venezuela debe cumplir el laudo arbitral que ConocoPhillips ganó en 2019 y pagar 8.700 millones de dólares.
El juez además concedió una moción de la petrolera para que se dictara «sentencia en rebeldía» en vista de que Venezuela no compareció ni respondió con representaciones judiciales. Se ordenó también un reembolso de 22 millones de dólares por gastos legales.
Dimes y diretes
Decisión «injusta». El gobierno de Nicolás Maduro rechazó la decisión de la corte estatal y la tildó de «injusta». Denunció que al país le fue negado el derecho a la defensa «en complicidad» con Guaidó y su procurador especial José Ignacio Hernández, a quien señalaron de actuar jurídicamente para favorecer a ConocoPhillips.
«Con esta írrita e ilegal decisión se pretende consumar un paso de la intrincada trama de corrupción que facilite la entrega de los activos venezolanos a potencias extranjeras, mediante fraudes procesales, donde se le impide a los representantes legítimos de Venezuela la defensa integral y efectiva de los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela y de Pdvsa, mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales», reza un comunicado de la gestión de Maduro.
Se señaló además a EEUU de violar el derecho internacional ante la ausencia de garantías y de justicia. Se recalcó que Venezuela no renunciará a la defensa de sus intereses en las instancias que correspondan y que continuarán las acciones legales contra los «apátridas» que se prestaron para el «fraude», en alusión al Gobierno interino.
Responde el interinato
Con retraso. Juan Guaidó recordó a Maduro que fue la expropiación de Chávez y un «manejó irresponsable» de los procesos arbitrales y judiciales lo que ocasionó la sentencia del juez estadounidense. Pese a ello, acotó que la defensa del Gobierno interino entró tarde al proceso, y se hizo lo posible por defender los intereses de los venezolanos.
Protección por sanciones. Desde el Gobierno interino se asegura que las sanciones internacionales contra el gobierno de Maduro impiden la ejecución de la sentencia.
«El haber señalado la ilegitimidad de Maduro ante las cortes internacionales nos ha permitido ganar tiempo para plantear una negociación con acreedores en condiciones favorables, así como la protección de la Ofac (Oficina de Control de Activos en el Extranjero de EEUU) ha sido clave para mantener los activos en manos de los venezolanos», acotó Guaidó en su cuenta de Twitter.
Sin recursos para defensa
Advertencia del procurador. Se ha dicho que la contratación de abogados para representar a Venezuela ante la demanda de ConocoPhillips fue imposible porque la Asamblea Nacional de 2015 no aprobó los gastos.
La falta de recursos para representar a la República en juicios en el extranjero es una denuncia reiterada del actual procurador especial, Enrique Sánchez Falcón (sucesor de Hernández en el cargo). Desde la gestión de Hernández la Procuraduría Especial ha solicitado un presupuesto para pagar los honorarios de los bufetes de abogados.
El pasado 26 de julio, el procurador especial Enrique Sánchez Falcón (sucesor de Hernández) señaló a los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia de «obstaculizar» la aprobación de recursos necesaria para la defensa de activos de la República en litigios en el exterior.
«Los resultados de Citgo de este año (reportó ganancias de 1.290 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022) abren la puerta para explorar un acuerdo de pago justo y que permita salvar la empresa. El llamado a las distintas fracciones parlamentarias es a dotar a la Procuraduría Especial de los recursos necesarios para seguir protegiendo los activos», pidió también Guaidó.
Mal precedente
Deuda. De acuerdo con Falcón, en total, están en curso 139 juicios en los que están en juego 24 mil 569 millones 273 mil 615, 41 millones de dólares. Asimismo, 62 arbitrajes por más de 15 mil millones de dólares, para un total de 40.141.223.586, 53 dólares. Precisó que a la fecha se han pagado durante su gestión 28.467.996,20 dólares (16,36 millones de dólares en la gestión anterior de Hernández) y se adeudan 18,78 millones de dólares.
«Este es un precedente muy grave. Es importante aclarar que la Corte no autorizó la ejecución del laudo (a favor de ConocoPhillips) en contra de activos de Venezuela. Solamente confirmó el laudo, ante la no-comparecencia de la República. En todo caso, esto eleva los riesgos de la defensa judicial de los activos de Venezuela en el extranjero», advirtió Hernández.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
Publicado el: 2022-08-25 21:55:35
En la sección: Economía – Efecto Cocuyo