Bruselas presiona a España para que no cierre sus nucleares y da la victoria a Von der Leyen en su pulso con Ribera

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la vicepresidenta y comisaria de Transición Limpia, Teresa Ribera, escenificaron a principios de marzo el cisma existente entre ellas sobre el papel que debía jugar la energía nuclear para afrontar la crisis en Oriente Medio.

Mientras la alemana defendía dar un impulso al desarrollo de reactores nucleares dentro de la UE y mantener aquellos que estaban en operación –en un claro mensaje a España que es el único país que cuenta con un calendario de cierre–, la española replicó que tal decisión correspondía a los Estados miembro.

Ahora, prácticamente un mes después de este inusual choque público, Bruselas ha enviado a los estados miembros –tal y como adelantó ayer elEconomista.es–, una batería de medidas con la que pretende amortiguar el impacto de la nueva escalada geopolítica sobre los precios de la energía y, al mismo tiempo, acelerar la transición hacia un sistema menos dependiente del gas natural y del petróleo, al tiempo que acelera los planes de descarbonización.

En el borrador de dicha comunicación, titulada AccelerateEU – Energy Union, la Comisión ha optado por mandar un mensaje alto y claro al Gobierno español ya que recomienda que se eviten los cierres de las centrales nucleares operativas que puedan aportar energía fiable, segura y de bajas emisiones e incluso pide que se maximice la disponibilidad de las nucleares y las hidroeléctricas incluso retrasando los mantenimientos si es viable.

La decisión de la Comisión de mantener este punto supone una victoria política de Von der Leyen e incrementa la presión sobre el departamento de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que tendrá que tomar una decisión sobre la planta extremeña de Almaraz entre final de año y principios de 2027.

Esta comunicación de Bruselas, que previsiblemente se dará a conocer tras el Consejo informal europeo de los días 23 y 24 de abril, plantea medidas inmediatas para proteger a los consumidores, reforzar la coordinación entre Estados miembros, impulsar la electrificación y movilizar más inversión pública y privada.

Escasez de queroseno

El texto, no obstante, sigue en fase de trabajo y contiene varios apartados aún sin cerrar y cifras pendientes de completar como, por ejemplo, en lo correspondiente a las medidas necesarias para evitar una falta de suministro de queroseno.

Bruselas recuerda que en 2025 la UE importó productos energéticos por valor de 336.700 millones de euros y que, desde el inicio del nuevo conflicto en Oriente Próximo, el bloque ha asumido un sobrecoste adicional en sus compras energéticas de 22.000 millones. Aunque la Comisión sostiene que no existe por ahora una amenaza inmediata para la seguridad de suministro, sí advierte de que la subida de precios seguirá trasladándose a hogares, pymes e industrias intensivas en consumo energía.

La respuesta preparada se articula en cinco grandes frentes. El primero pasa por elevar la coordinación europea en materias sensibles como el llenado de los almacenamientos de gas, el eventual uso de reservas de petróleo y la interlocución conjunta con países proveedores.

Almacenamiento de gas

La Comisión plantea vigilar de cerca el calendario de compras de gas para evitar tensiones de mercado derivadas de adquisiciones simultáneas y abre la puerta a ampliar la flexibilidad sobre los objetivos de llenado de reservas para rebajar el objetivo a entre el 75 y 80% para noviembre frente al 90% actual. Las previsiones de Entsog ya hablaban del riesgo de poder alcanzar un 74%.

También prevé mapear la capacidad de refino en Europa para asegurar que las instalaciones existentes funcionen al máximo y refuercen el bloque, en especial en productos como el diésel o el combustible de aviación, las principales fuentes de preocupación.

Cheques energéticos

El segundo eje se centra en blindar a consumidores e industria frente a los picos de precios. El borrador anima a los Estados a desplegar ayudas selectivas como cheques energéticos, tarifas sociales, apoyo a la renta o rebajas fiscales. Entre las opciones mencionadas figuran reducciones del IVA para bombas de calor, paneles solares, calderas solares o pequeñas baterías, así como rebajas parciales o totales de impuestos eléctricos para hogares vulnerables.

Bruselas también contempla un marco temporal de emergencia para asistir a los sectores económicos más expuestos y se ofrece a evaluar las medidas nacionales, incluidas las fiscales y las dirigidas a gravar beneficios extraordinarios.

El texto concede un papel destacado a la protección de los consumidores más frágiles. Dentro de las herramientas que la Comisión pone sobre la mesa figuran la prohibición temporal de cortes de suministro, la mejora de la gestión de riesgo de las comercializadoras y el refuerzo del llamado «mejor consejo tarifario» para que los clientes puedan cambiar con rapidez a contratos más favorables. Asimismo, aboga por simplificar el cambio de suministrador en 24 horas, facilitar la participación en comunidades energéticas y potenciar el autoconsumo. En los anexos, Bruselas detalla incluso medidas de aplicación como incentivos para sustituir electrodomésticos y cocinas de gas por equipos eléctricos, apoyo a ventanas de altas prestaciones.

La tercera pata del plan busca reducir de forma acelerada el consumo de gas y petróleo mediante ahorro y sustitución tecnológica. La Comisión defiende que la manera más eficaz de proteger a Europa de la volatilidad fósil es electrificar más rápido edificios, transporte e industria. El borrador plantea promover rehabilitaciones de impacto rápido, mejorar el aislamiento, sustituir calderas de gas y gasóleo por bombas de calor e incentivar el despliegue de baterías, paneles solares, geotermia y solar térmica. También prevé presentar en mayo un catálogo europeo de medidas de ahorro y eficiencia ya probadas en 2022 y con potencial de réplica inmediata en los Estados miembros en el consejo que se celebrará el 13 de mayo.

En el transporte, Bruselas propone reforzar el giro hacia la movilidad eléctrica y el transporte público. Los anexos del documento mencionan rebajas del precio del transporte colectivo, apoyo a la bicicleta mediante la creación de carriles propios e incentivos fiscales a la compra, la promoción del coche compartido, el despliegue de puntos de recarga y las ayudas a la compra de vehículos eléctricos, incluso con figuras como el leasing para los consumidores vulnerables.

Bruselas insta a hacer gratuito el transporte público para colectivos vulnerables, subvencionar billetes de tren, reducir la velocidad del transporte marítimo o incentivar el uso del transporte público para desplazamientos laborales.

Aumentar las zonas sin coche

La propuesta incluye también crear o ampliar las zonas sin coches y organizar días sin coche o restricciones alternas. La propuesta incluye medidas de gestión de la demanda, como fomentar al menos un día semanal de teletrabajo «cuando sea posible» o limitar los desplazamientos en avión para los empleados públicos o en los viajes de trabajo.

La Comisión quiere además aprovechar la crisis para acelerar una transformación del sistema energético. El borrador reclama cerrar antes del verano la negociación del paquete europeo de redes y anuncia un futuro Plan de Electrificación –previsto para mayo– con objetivos específicos y actuaciones para eliminar barreras en edificios, industria y transporte.

Bruselas también estudia reformas legales sobre peajes y fiscalidad con el objetivo de abaratar la electricidad y corregir el actual sesgo tributario que en muchos países penaliza más a la electricidad que a los combustibles fósiles. En esa línea, el anexo legislativo propone dar más incentivos a los operadores de red para invertir en tecnologías inteligentes, mejorar la transparencia de los peajes y permitir que la electricidad tribute por debajo del gas y el petróleo.

Difundir medidas de ahorro como reducir calefacción, evitar horas punta, apagar luces o limitar estancias climatizadas.

Otro de los capítulos clave es la inversión. La Comisión reconoce que el dinero público disponible, aunque cuantioso, no basta para cubrir las necesidades de la transición, estimadas en 660.000 millones anuales hasta 2030. Por eso plantea organizar una gran cumbre europea de inversión en energía limpia para atraer a aseguradoras, fondos de pensiones, bancos promocionales e industria hacia proyectos con efecto rápido, como baterías, electrificación industrial, redes, solar térmica o calor de distrito. A la vez, ofrece a los países ayuda para redirigir fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, política de cohesión o ingresos del mercado de CO2 hacia inversiones energéticas con impacto inmediato.

El borrador incorpora ejemplos de medidas que Bruselas presenta como buenas prácticas. Entre ellos cita las ayudas francesas a bombas de calor, geotermia y solar; la rebaja del IVA en Bélgica a determinadas tecnologías limpias; las subvenciones a la sustitución de calderas fósiles en Austria o las rebajas del transporte público en España.