España tiene ante sí el reto de generalizar el ahorro para la jubilación ante el imparable avance demográfico. La Seguridad Social, aunque no asumió en la última reforma que la generosidad de las pensiones puede ser menor en el futuro y la brecha frente al último salario mayor, dio un importante paso para que el sistema público se vea reforzado por el segundo pilar de los planes de empleo. El exministro del ramo, José Luis Escrivá, intentó recurrir a la inscripción automática a planes de empleo (‘auto-enrolment’ en inglés) que tanto éxito ha tenido en Reino Unido. Esta herramienta ha conseguido generalizar el ahorro en más del 80% de los asalariados británicos, pero tiene un difícil encaje legal en nuestro país.
La inscripción automática es un juego conductual por el que se incentiva el ahorro provisional. Las empresas crean o forman parte de un plan de empleo por imperativo legal. Los trabajadores pasan a formar parte automáticamente de un plan. Pueden elegir el fondo en el que invertir sus ahorros o bien pasan a formar parte de uno predeterminado. La economía conductual demuestra que es más difícil hacer una acción negativa, en este caso salirse del plan. De esta forma, más del 90% de los trabajadores inscritos se han mantenido en los planes desde su puesta en marcha en 2012.
Esta fórmula ha conseguido que más de 22 millones de trabajadores formen parte de instrumentos de previsión social empresarial sumando los que ya formaban parte de planes antes de 2012. El imperativo legal ha provocado que la práctica totalidad de las empresas ofrezca estos productos, explica el Instituto Santalucía.
Escrivá lanzó la ley de impulso de planes de empleo tras reducir de forma significativa los incentivos fiscales de los planes individuales. La intención es aprovechar la economía de escala que pueden generar los fondos de pensiones a nivel sectorial, incluyendo a los autónomos y las pymes. Todo ello con un objetivo marcado: de 10 a 12 millones de trabajadores cubiertos por planes de empleo dentro de un lustro.
Pero la intención de obligar a las empresas a crear planes de pensiones e incorporar de formar automática a sus trabajadores no es algo sencillo de imitar en España porque no se puede obligar a la empresa a implantar un plan. «El artículo 41 de la Constitución Española, que es el que prevé un sistema público de Seguridad Social, tiene un inciso final en el que se dice que las prestaciones complementarias serán libres», explica el abogado de Mercer y miembro de Ocopen, Antonio Méndez Baiges.
Manuel Álvarez, colaborador honorífico de los consultores de pensiones, explica que la posibilidad de obligar a todas las empresas a montar un plan de empleo por imperativo legal que se pretendía en un principio «tiene un encaje constitucional» porque la Constitución fija la «preeminencia de los agentes sociales». «Una obligación impuesta por Ley podría considerarse que interfiere en los acuerdos entre sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales. En consecuencia, tendría riesgo legal de ser inconstitucional», sentencia Álvarez.
Estos planes llevan aparejados una serie de costes y beneficios. Los simplificados, que están enfocados en el desarrollo de planes sectoriales, dependen de la negociación colectiva para el desarrollo de asuntos tan básicos como las aportaciones al fondo. El plan de la construcción fue el primero en ponerse en marcha. Arrancó en febrero tras un pacto entre la patronal y los sindicatos, con la gestión de VidaCaixa. Ahora, sectores como el metal, los grandes almacenes o el químico buscan una vía para tener sus propios vehículos y ofrecer un complemento a sus trabajadores.
Movimientos en otros países europeos
El entorno europeo se mueve pensando en la jubilación de las próximas generaciones. El Gobierno alemán quiere crear un macrofondo para invertir en los mercados y generar rentabilidades. El Gobierno laborista, a su vez, anunció el pasado verano la intención de desbloquear la inversión de los planes de empleo de los trabajadores públicos, con potencial para movilizar 430.000 millones de euros. Junto a ello, los planes de empleo a los que aportan las empresas y los trabajadores del sector privado completarán el cupo hasta gestionar 950.000 millones en activos esta década.
La intención de los laboristas es la de unificar los fondos o, al menos, conseguir que estos cuenten con un tamaño mínimo para aprovechar al máximo el potencial de las economías de escala.
El Gobierno español mantiene paralizado el fondo de pensiones de promoción pública y gestión privada por unos requerimientos legales que todavía no ha conseguido saldar. Este proyecto impulsado por Escrivá estaba llamado a ser un impulsor del ahorro en forma de macrofondo.
De forma paralela, el Ejecutivo mantiene una posición conservadora a la hora de invertir el dinero que tiene en su haber el Fondo de Reserva, la famosa hucha de las pensiones. El bloqueo presupuestario mantiene los planes de trabajadores públicos en el dique seco desde los recortes provocados por la anterior crisis financiera.
El ejemplo lo ponen países como Noruega, los profesores de Ontario o el fondo de pensiones holandés. Todos ellos trabajan con enormes patrimonios que permiten diversificar su inversión en diferentes sectores por todo el mundo.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eleconomista.es
Publicado el: 2025-01-06 01:15:00
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