Jubilados, empleados de la Administración, trabajadores que se quedan en el paro, hogares vulnerables por su nivel de renta… son varios los colectivos cuya economía depende de las remuneraciones y ayudas del Estado. En concreto, el gasto público destinado a las pensiones, el sueldo del personal de la Administración Pública, las prestaciones por desempleo y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) superó el pasado ejercicio los 348.000 millones. Estas transferencias se desembolsan en beneficio de 16,3 millones de personas, un tercio de la población española. Son casi tantas personas como trabajadores por cuenta propia y asalariados en España, un colectivo que suma 17,7 millones de personas.
La presión de estas transferencias corrientes sobre las cuentas estatales crece año a año, especialmente por la evolución de las pensiones. El número de jubilados aumenta cada año de forma natural, pues comienzan a cobrar de la Seguridad Social más personas de las que causan baja en el sistema. Son el mayor colectivo, con 9,2 millones de personas que perciben más de 10 millones de pagas y suponen un desembolso anual de 170.800 millones.
Las pensiones son, indudablemente, el principal componente del gasto en la actualidad y lo seguirá siendo en las próximas décadas con el retiro progresivo de la generación del baby boom. El desembolso aumentará desde el 13% hasta rondar la horquilla del 16% ó 17%, según las previsiones de la Comisión Europea, que atisba un aumento del número de pensionistas hasta los 16 millones.
Los trabajadores del sector público, que rebasan los 3,5 millones en la actualidad, exigen a la Administración un desembolso que supera los 152.000 millones al año y que prevé aumentar con las diversas mejoras salariales comprometidas. En este montante se incluye el líquido y los complementos de los altos cargos, los funcionarios, el personal laboral o los trabajadores eventuales, tal y como recoge la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.
Estas dos partidas engrosaron el desembolso de la ‘nómina pública’ en unos 25.000 millones en 2023, esencialmente por la revalorización de las pensiones más elevadas (y caras) de la historia, que subieron más de un 8% para compensar el efecto de la inflación. Pensiones y sueldo de los funcionares suponen más de 320.000 millones, 93% del gasto público en estas ayudas y compensaciones salariales.
El ‘think tank’ de las cajas de ahorro, Funcas, prevé que la revalorización de las nóminas de los trabajadores del sector público (4.700 millones adicionales) .y de las prestaciones de la Seguridad Social (5.400 millones extra) volverán a engordar la factura en 10.100 millones este año, por lo que el desembolso de ambas partidas que deberían afrontar las arcas públicas se iría ya por encima de los 330.000 millones en 2024.
El lastre del mercado laboral obliga a España a destinar sobre el 1,5% del PIB a prestaciones por desempleo que perciben los casi 1,8 millones de parados con derecho a cobro de esta ayuda. Son casi 21.800 millones de euros destinados a esta cobertura para quienes se encontraron sin trabajo en el cómputo de 2023.
A este colectivo se les podría sumar los trabajadores por cuenta propia que solicitaron la prestación por cese de actividad el pasado ejercicio. Fueron unos 20.000 autónomos que percibieron esa prestación. El desembolso fue de otros 7.600 millones.
La brecha entre las nóminas públicas –que suman las pensiones, empleados públicos y las prestaciones por desempleo– y el número de trabajadores del sector privado –por cuenta ajena o propia– tuvo su punto de inflexión en 2008, cuando comenzaba la destrucción de empleo derivada de la crisis financiera. Hasta entonces, acompañados por la composición demográfica, había más nóminas privadas que públicas.
El deterioro del tejido productivo privado y del mercado laboral tras las sucesivas crisis desequilibró la balanza en favor de las nóminas públicas: para 2013 había 14 millones de personas que dependían de las transferencias del Estado por 11 millones del sector privado. En la actualidad hay 14,5 millones de ‘nóminas públicas’ por 17,7 millones de asalariados y autónomos.
Hogares vulnerables
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es la prestación que cubre a los hogares más vulnerables lanzada en plena pandemia y está llamada a sustituir a la renta mínima. El Ministerio de Seguridad Social publicó por primera vez los datos de beneficiarios, en personas y hogares, el pasado mes de febrero. En 2023, se desembolsaron más de 3.500 millones en beneficio de casi 1,7 millones de personas y más de medio millón de hogares a cambio de una ayuda media de 500 euros por hogar como complemento para reducir el riesgo de pobreza y exclusión.
Desde el inicio de la prestación, en plena pandemia, esta ayuda ha llegado a un total de 2,3 millones de personas que vivían en 770.000 hogares, lo que representa el 4,6% de la población en España. El 68% de los perceptores son familias con niños, el 23% los son monoparentales y entre los beneficiarios predominan las mujeres (el 66%). La edad media, teniendo en cuenta que cuatro de cada diez beneficiarios son menores de 28 años.
Desde Inclusión centraron buena parte del balance en el porcentaje de personas y hogares que no han percibido la prestación, pese a reunir las condiciones para ello: es lo que se conoce como la tasa de no cobertura (‘non take-up’). El decalaje de los datos fiscales que elabora la Agencia Tributaria dificulta la estimación de los potenciales beneficiarios. La Seguridad Social, en este sentido, admite que el IMV debe cubrir a más beneficiarios y se lo marca como uno de los grandes retos.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eleconomista.es
Publicado el: 2024-05-27 00:00:44
En la sección: elEconomista Seleccion