El sector del recobro sufre retrasos y costes extras por la remodelación de la justicia

La gran reforma de la Justicia está pasando factura en uno de los sectores más dependientes del funcionamiento diario de los tribunales: las empresas de recobro de deuda. Lo que sobre el papel debía traducirse en menos litigios, más acuerdos extrajudiciales y una justicia más ágil está provocando, según denuncia el sector, retrasos, inseguridad jurídica y un frenazo operativo en miles de procedimientos. Algunos inversores y servicers han, incluso, pausado compras de carteras ante la dificultad para recobrar deudas.

El origen es múltiple. Por un lado, la creación el pasado mes de enero de tribunales de instancia está ocasionando cuellos de botella por su reciente puesta en marcha y falta de medios, aunque a futuro vengan a resolver de manera más ágil los procesos gracias al nuevo sistema organizativo y su mayor especialización. De otro lado, los tribunales exigen acreditar que antes de pleitear han intentado negociar con el cliente moroso a través de medios de resolución de controversia extrajudiciales (los bautizados como MASC, por sus siglas). Es algo inherente a su actividad, que ahora deben certificar con métodos o sistemas en los que hay además disparidad de criterio en función del partido judicial.

La patronal Angeco, que agrupa a compañías especializadas en gestión y recuperación de deuda, comparte «los objetivos» de la Ley de Eficiencia Procesal y de la reorganización de los tribunales que está detrás de los cambios: reducir la litigiosidad, fomentar soluciones extrajudiciales y más ágiles, pero denuncia sus actuales efectos. «El problema es que, en su aplicación, se están produciendo fricciones operativas relevantes, especialmente en procedimientos de alto volumen, cuando los nuevos requisitos se aplican con criterios homogéneos o sin tener suficientemente en cuenta la realidad de la recuperación masiva de crédito», explica el presidente de Angeco, Carlos Ruiz Cabrera.

«La eficiencia procesal no puede convertirse en una nueva capa de trámites, costes e inseguridad jurídica», puntualiza. El foco de la tensión está en los MASC, donde las comunidades autónomas fijan criterios dispares (unas exigen la existencia un burofax acreditativo, otras lo dan por acreditado con un email o whatsApp).

El sector denuncia la inadmisión de demandas por no reunir esas condiciones y que otras no se presentan por falta de claridad, precisamente en una industria donde la contactabilidad del deudor es ya un problema estructural porque el moroso, a menudo, no quiere pagar.

El sector gestiona 131 millones de expedientes al año. En 2024 -últimos datos disponibles- solo lograron contactar con el 35% de los deudores y hubo acuerdos de pago en el 21% de todos los expedientes tramitados -amistoso y judicial-. El sector administraba casi 460.000 millones de euros en impagados y activos de millones de clientes en España, y unos 260.000 millones es deuda judicial bajo gestión, con 14 millones de expedientes. Se estima que concentra entre el 30 y 60% de la litigiosidad civil.

Gracias a su actividad, las empresas lograron recuperar 10.861 millones de euros en 2024, un 71,5% por la vía amistosa y un 28,5% por la vía judicial.

El deudor no quiere que le contacten

«Se aprecia una mayor incertidumbre operativa, condicionada por el territorio de tramitación. Los tiempos medios se han visto afectados durante esta fase de transición y, aunque no existen cifras homogéneas, se han observado indicios claros de descenso de actividad, como la reducción de las notificaciones en torno al 18% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025«, ilustra Ana Enguix, directora del Área de Judicial y Produca de Lexer, aunque precisa que se detecta una mejora paulatina.

Acreditar el paso por un MASC supone además reabrir el proceso porque el intento de los services de negociar arrancan mucho antes, «en una fase previa e informal que es donde se desarrolla la auténtica negociación», agregan desde DLA Piper Juan Verdugo, socio de Reestructuraciones; Borja de Obeso, socio responsable de Litigación y Regulatorio, y Bárbara Córdoba, counsel de Litigación y Regulatorio del bufete.

«En la mayoría de las controversias, la negociación real se produce antes: cuando se activa el MASC es porque la negociación real ha fracasado y el servicer trata únicamente de cumplir con el requisito legal que permite acceder al juzgado para recobrar la deuda», señalan. La dificultad se agrava cuando, además, la prueba «puede admitirse en un juzgado y rechazarse en otro, lo que genera incertidumbre y más retrasos», abundan.

El resultado es un acceso judicial más lento y con distintos criterios y ritmos según el tribunal. «La clave no debería ser imponer la negociación, sino crear incentivos reales para que las partes quieran negociar de verdad, sin convertir esa fase en obstáculo añadido», indican los socios de DLA Piper, convencidos de que «cuando no existe voluntad de acordar nada, el MASC difícilmente va a incentivar la negociación».

Una derivada del problema es que no se está gestionando de forma ágil las cuentas de consignación judicial (depósitos realizados durante un litigio o fianzas para asegurar el pago de deudas). La situación afecta al cobro efectivo, incrementando la carga operativa a las empresas, y puede retrasar también la cancelación de la deuda o el levantamiento de determinadas medidas. «No está paralizado, pero sí hay una desaceleración en el recobro judicial», refiere Ana Enguix, directora del Área Judicial y Procura de Lexer. «Esta situación transitoria -añade-, al igual que sucede con el ámbito de las notificaciones, ha provocado asimismo un retraso en la entrega de las cantidades consignadas en los juzgados».

«Estamos en un proceso de ajuste y transición, que todavía no está maduro por lo que, sin duda, se precisan de más medios personales y tecnológicos, mejorar la interoperabilidad y estabilizar el modelo. Si esto se consigue, es razonable pensar que una vez consolidado podremos tener un sistema mejor que el que teníamos», concede la responsable de Lexer.

Para dar solución a la problemática, la patronal Angeco reclama que los MASC sean «ágiles, proporcionados, trazables y compatibles con la realidad operativa», que fijen criterios homogéneos, reconocer la negociación intrínseca existente a la actividad de los servicers y establecer «soluciones operativas viables». «No tiene sentido hablar de Justicia eficiente si las cantidades ya consignadas se retrasan por falta de automatización, interoperabilidad y acceso masivo a la información», concluyen.

«Una justicia eficiente no de debería cerrar la puerta al juzgado, sino evitar trámites inútiles y favorecer acuerdos reales», argumentan los socios de DLA Piper. «Para el sector de NPL -activos improductivos-, eso exige reglas claras, criterios judiciales homogéneos y tecnologías que reduzca tiempos sin rebajar las garantías del deudor», coinciden.