El Senado impondrá el techo de gasto de 2020 a los Presupuestos de Sánchez

La plena vigencia que conserva la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tal y como quedó redactada en 2012, no solo permitirá al Senado, con mayoría absoluta del PP, vetar las propuestas sobre el techo de gasto público no financiero para 2024 que le presente un futuro Gobierno formado por PSOE y Sumar.

Además, la Cámara Alta tiene plenos poderes para forzar a ese Ejecutivo a que la piedra angular de sus Presupuestos Generales tenga que sujetarse al último tope del desembolso público aprobado reglamentariamente, que data de principios de 2020, en concreto de las semanas previas al estallido de la crisis del Covid. Esto supondría un recorte radical en la capacidad de gasto permitida para las Administraciones públicas.

El techo de gasto sobre el que se fundamentan las Cuentas aún vigentes de 2023 no es válido a estos efectos, ni tampoco los propios de los Presupuestos de 2021 y 2022. En todos esos casos la aprobación se vehiculó a través de un procedimiento excepcional, justificado por la crisis del coronavirus primero y la guerra de Ucrania después, coincidiendo además con la suspensión de las exigencias de estabilidad presupuestaria para los Estados miembros de la UE.

De hecho, en esos tres años no hubo lugar a que ni el Congreso ni el Senado plantearan bloqueo presupuestario alguno, debido a que realmente no votaron en sentido estricto esas Cuentas. El Gobierno, amparado por la situación de excepción, solo estaba obligado a informar a las Cámaras y eso le permitió marcar un tope récord al desembolso de las Administraciones de casi 200.000 millones de euros para este año.

Frente a tan elevada cifra, palidecen los menos de 128.000 millones de margen aprobados a principios de marzo de 2020, en una coyuntura económica por completo diferente y cuando las limitaciones de deuda y déficit que Bruselas marcaba para los países miembros en los años pre-Covid se encontraban plenamente vigentes.

Promesas imposibles

En esas circunstancias, la coalición de PSOE y Sumar lo tendrían imposible para sufragar las cuantiosas promesas de gasto público que contienen sus programas electorales. Es más, el Partido Socialista sufriría en esta situación todo un dèjá vu, dado que se estrelló contra un bloqueo semejante tras la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy.

Tras asumir el cargo de ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vio cómo un Senado con mayoría absoluta del PP (como hoy ocurre) invocó la Ley de Estabilidad Presupuestaria para rechazar, en dos ocasiones consecutivas, el tope de gasto y la senda fiscal que marca los objetivos de déficit que presentó en la Cámara Alta. Es más, Montero tuvo finalmente que transigir y ceñirse al límite para el desembolso público que se aprobó cuando Cristóbal Montoro ocupaba su puesto.

Un apartado que ha sido la ‘pesadilla’ del PSOE. El ‘párrafo de la discordia’ de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 se encuentra en el Artículo 15 de la citada norma, apartado 6. En él queda claro que el Senado puede presentar un veto con todos sus efectos, no una simple objeción, al techo de gasto.

La experiencia fue tan frustrante para los socialistas que, tras anticipar las elecciones generales, y ganarlas, el nuevo Ejecutivo de izquierdas se marcó como prioridad la eliminación de la capacidad de veto del Senado que el ministro Montoro incluyó en la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera en el año 2012.

Trámites rápidos

Ese afán hizo que los trámites parlamentarios avanzaran con notable rapidez y, de hecho, en 2020 el plan de los socialistas parecía a punto de materializarse.

Sin embargo, nadie podía contar con el parón sobrevenido por la epidemia del Covid-19 y la suspensión de la actividad legislativa ordinaria en el Congreso y en el Senado.

Esa congelación de procedimientos también afectó a la enmienda sobre la Ley de Estabilidad Financiera, cuyos plazos para recibir su aprobación definitiva y entrar en vigor se encuentran por completo caducados.

En estas circunstancias, volver al punto de partida, impulsando una vez más, la reforma de la normativa no resulta una solución satisfactoria. Las fuentes parlamentarias consultadas por elEconomista.es, tras la formación del nuevo Hemiciclo, aclaran que la tramitación tendría que reactivarse por completo. En consecuencia, resultaría imposible que todo el proceso estuviera listo a tiempo para elaborar las Cuentas del año próximo.

Es más, en una Cámara Baja que los resultados de las elecciones del 23-J han dejado tan fragmentada, y con un Senado completamente fuera del control del PSOE y de Sumar, todo apunta a que no sería posible ni siquiera dar los primeros pasos hacia la eliminación del veto senatorial al techo de gasto.