esto es lo que se sabe de la Bicken Ben School

¿Si tuvieras todo el dinero del mundo, montarías una escuela a medida para tus hijos? ¿Aunque eso choque con la Ley y puede que moleste a otras personas? En Crescent Park, una de las zonas más exclusivas de Palo Alto, los vecinos de Mark Zuckerberg ya no son simplemente residentes de alto nivel adquisitivo: se han convertido en activistas urbanos después de descubrir que el CEO de Meta ha creado un complejo no declarado que incluye una escuela infantil.

A lo largo de los años, Mark Zuckerberg ha consolidado en Palo Alto algo más que una residencia familiar. Su complejo de 11 propiedades, repartidas por Crescent Park, recuerda más a un enclave cerrado que a un hogar tradicional. A diferencia de sus vecinos, su presencia viene acompañada de guardias de seguridad, reformas interminables, caravanas de empleados y, según se descubrió más tarde, una escuela privada en funcionamiento.

Desde 2016, los vecinos comenzaron a denunciar que esta expansión inmobiliaria estaba distorsionando el mercado local. Pero las quejas fueron creciendo en tono y frecuencia cuando, alrededor de 2021, algunos residentes observaron lo que parecía ser una escuela operando desde el interior del complejo.

Según documentos obtenidos por WIRED, la escuela funcionaba sin los permisos exigidos por la normativa de zonificación residencial de Palo Alto. Mientras el ayuntamiento aseguraba que no había trato preferente, los vecinos comenzaban a organizarse, intercambiar correos y presentar quejas formales.

Bicken Ben School: la escuela secreta de Mark Zuckerberg

El nombre de la escuela —Bicken Ben School— parece sacado de un cuento infantil. De hecho, al parecer comparte nombre con una de las gallinas que criaba en su jardín la familia Zuckerberg. Pero el aire inocente del apodo pronto perdió gracia entre los vecinos, cuando descubrieron que no era un simple grupo de clases particulares: la escuela llegó a tener hasta 40 estudiantes, operando como una institución privada a plena capacidad.

A pesar de que la ley local exige una licencia de «uso condicional» para operar escuelas en zonas residenciales, los Zuckerberg nunca la solicitaron. Durante años, el equipo legal del empresario defendió que la actividad educativa formaba parte del uso residencial. Sin embargo, los vecinos insistieron en que la actividad excedía los límites razonables.

La directora del centro, Sara Berge, fue señalada como cabeza visible de esta «versión Montessori» dentro del complejo. Su perfil en LinkedIn apuntaba a un proyecto educativo privado gestionado desde la oficina familiar de Zuckerberg. La documentación muestra cómo esta escuela no solo creció en número de alumnos, sino también en ambición: se planificaba una ampliación hacia secundaria, con varias ubicaciones y un enfoque pedagógico continuado durante todo el año.

Entre excavadoras y seguridad privada: una década de tensiones invisibles

Los problemas no empezaron con la escuela. Desde hace casi diez años, los vecinos de Crescent Park han vivido con el ruido constante de obras, las molestias del tráfico provocado por empleados y proveedores del complejo, y la presencia de coches de seguridad aparcados en la vía pública. En un correo interno de 2020, un inspector de la ciudad describió un intento de inspección frustrado por un grupo de hombres en SUV que le rodearon e interrogaron.

«No estamos tratando con una familia con una obsesión por la seguridad», escribió el inspector, «esto es algo más».

Los residentes comenzaron a recopilar pruebas, organizarse y comunicarse con el ayuntamiento. Durante los años siguientes, los registros de quejas se acumularon: problemas de tráfico, ruido, uso indebido de propiedades, invasión del espacio público. La escuela fue la gota que colmó el vaso.

Ante el creciente clamor vecinal, el Ayuntamiento de Palo Alto reaccionó con cautela. Si bien reconocieron que el uso de la propiedad como escuela requería un permiso, evitaron medidas drásticas inmediatas. A lo largo de meses, se intercambiaron correos con representantes legales de la familia Zuckerberg, quienes defendían que el uso educativo era compatible con la normativa estatal y constitucional.

Las autoridades locales se debatían entre dos presiones: la de aplicar la ley de forma equitativa, y la de gestionar un conflicto con uno de los ciudadanos más influyentes —y sin duda mejor asesorados— de la ciudad.

En marzo de 2025, se fijó una fecha límite: el 30 de junio. La escuela debía cesar sus actividades o regularizar su situación. Para septiembre, ya no se observaban niños entrando o saliendo del complejo. Pero, según la versión oficial, la escuela no cerró, solo se trasladó a un lugar no especificado.