La futura Ley de Inteligencia Artificial, que estos días se somete a consulta y aprobación en las instituciones comunitarias, ha dejado la puerta abierta a la «vigilancia facial» de las personas en situación de búsqueda y captura. Según advirtió ayer el eurodiputado Patrick Breyer, «cualquier espacio público de Europa puede ser sometido a vigilancia biométrica masiva permanente por estos motivos, por lo que la ley legitima y normaliza una cultura de desconfianza», dijo.
Se estima que existen más de 6.000 ciudadanos susceptibles de ser detenidos en cuanto los localice las autoridades, con órdenes de detención inmediata por todo tipo delitos. De esa forma, los sistemas de vigilancia biométricos en tiempo real podrían convertirse en un excelente aliado de las fuerzas policiales. No obstante, la aplicación de esas herramientas de reconocimiento facial conectadas con las bases de datos policiales dependerá de los estados, quienes tendrán la última palabra para su uso en función de la existencia o no de autorización judicial previa.
Por otra parte, el proyecto de normativa europea avanza con paso firme tras el respaldo abrumador concedido ayer por las comisiones de Libertades Civiles (LIBE) y Mercado Interior (IMCO). Ambas delegaciones del Parlamento Europeo han concedido el apoyo mayoritario a una regulación cuyo próximo paso consistirá en obtener la aprobación del pleno del Parlamento Europeo. La votación celebrada ayer se saldó con 71 votos a favor, 8 en contra y 7 abstenciones. Con este nuevo hito, se recogen los primeros frutos del esfuerzo realizado a finales del año pasado en los triodos en favor del compromiso negociado con los Estados miembros de la Unión Europea.
En las próximas semanas se celebrará la votación en el pleno del Parlamento Europeo, para que los eurodiputados aprueben la normativa de manera formal. Acto seguido, posiblemente entre 10 o el 11 de abril, el consejo de ministros de la UE refrendará todo lo anterior con vista a su aplicación en 2026. El periodo de transposición será escalonado, primero con un plazo de nueve meses desde la entrada en vigor hasta la aplicación de un código de buenas prácticas y de un año para la puesta en vigor de las normas sobre IA de uso general. En cualquier caso, la ley de IS tendrá pleno vigor 24 meses después de su entrada en vigor, si bien el articulado relacionado con los sistemas de alto riesgo tienen un plazo de aplicación de 36 meses.
En el trámite parlamentario no se han alterado las sanciones inicialmente previstas, del 7% de la facturación anual para las infracciones más graves; del 5% de los ingresos anuales para otras violaciones y del 1,5% de la facturación anual en los casos de información incorrecta.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eleconomista.es
Publicado el: 2024-02-13 13:03:07
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