La jornada de 35 horas en el sector público entra en vigor este jueves pero la Administración tiene un mes para adaptarla

A partir del 16 de abril, la jornada semanal de 35 horas será una realidad para más de 220.000 trabajadores de la Administración General del Estado (AGE). El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este miércoles la resolución de la secretaria de Estado de Función Pública para la implementación de la nueva jornada ordinaria desde el 16 de abril, aunque el texto habilita el plazo de un mes, hasta mediados de mayo, «para realizar las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes, así como en los sistemas de control horario».

La resolución, que cumple con el último plazo dado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, para la implantación de la reducción de la jornada, especifica que el cambio de las 37,5 horas semanales a las 35 horas aplica a la Administración General del Estado y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como a «los organismos autónomos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la AGE».

No se aplicará al personal militar de las Fuerzas Armadas, ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y tampoco será de aplicación a las entidades locales ni otras administraciones. En otros casos, como instituciones penitenciarios, deberá negociarse en su ámbito de negociación específico para los funcionarios de prisiones, que en un primer momento quedaban fuera del texto.

El cambio, negociado con CCOO, UGT y CSIF, beneficiará así de entrada a unos 220.000 empleados públicos y servirá como referencia para otras administraciones públicas, así como para las empresas públicas.

La implantación de las 35 horas se adaptará a las jornadas en régimen de especial dedicación (jornadas de 40 horas que se verán reducidas a las 37 horas y media) y en la jornada intensiva de verano.

Además, la instrucción incide en que la implementación «se realizará garantizando en todo momento la adecuada prestación y continuidad de los servicios públicos, la atención a la ciudadanía, mediante las adaptaciones organizativas que resulten necesarias».