La red del ‘caso Gaslow’ defraudó 30 millones en solo un año

La trama de hidrocarburos del ‘caso Gaslow’, que implica, supuestamente, a un exagente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a un socio del principal comisionista del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, defraudó 30 millones de euros a la Agencia Tributaria en tan solo un año.

De acuerdo a un informe emitido recientemente por la Hacienda Pública, incorporado en el sumario de la causa y al que ha tenido acceso este periódico, esta trama habría cometido, un fraude de IVA en los periodos comprendidos entre 2018 y 2022 a través de un complejo entramado societario.

«Las cuotas defraudadas con trascendencia penal ascienden, en cómputo anual, a la cantidad de 6.244.592,62 € en el año 2018; y a la cantidad de 30.090.287,63 € en el 2019», expone el informe que detalla, asimismo, que una de las sociedades utilizadas para el fraude pasó a facturar 20 veces más de un año a otro, algo que califica de «anómalo».

La trama del ‘caso Gaslow’ llegó, no obstante, a defraudar más de 182 millones de euros en años años posteriores y con ‘cabecillas’ distintos. La Agencia Tributaria concluye que la red utilizaba facturas falsas para acometer el fraude y que, por tanto, «no hay obstáculo para entender que concurren los indicios de comisión de un delito fiscal respecto a la parte de la defraudación cometida a través de las sociedades interpuestas».

El origen

La presunta organización criminal vinculada a la operadora Gaslow ya estaba en el punto de mira de la UCO desde el 2020. Los agentes señalan tres fases en esta trama de hidrocarburos que ha ido cambiando de propietarios y la consideran, en parte, el primer germen que destapó el ‘caso Koldo’ por el que el exministro Ábalos, su exasesor, Koldo García, y hasta el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, están investigados por presunta pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros tantos delitos.

El caso tomó relevancia, en primer lugar, porque implica a un exagente de la Guardia Civil, que está siendo investigado en la causa por presuntos delitos de violación de secretos, pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Este exagente estaba por aquel entonces destinado en una de las unidades que lideran las investigaciones anticorrupción y, según el sumario del caso, podría, supuestamente, haber cobrado hasta 130.000 euros de uno de los investigados en la causa que, casualmente, era fuente del propio capitán.

La causa cobró, asimismo, importancia al estar implicado también uno de los principales socios de Víctor de Aldama, Claudio Rivas. Este empresario, una vez cesada su vinculación en la operadora Gaslow, recurrió al comisionista para utilizar su red de influencias entre los altos cargos del Gobierno y conseguir así otra licencia de hidrocarburos con la que acometer otro presunto fraude: el de la operadora Villafuel –ahora conocida por su conexión con el ‘caso Koldo’ y por ser la causa en la que comparte imputación con Aldama–.

Claudio Rivas fue además quien compró a través de una de sus sociedades una de las viviendas en las que residía el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Aldama intermedió en este asunto para «aprovecharse», según cita el documento de los investigadores, de que Rivas corriera a cargo «con los gastos derivados» de la adquisición del inmueble del exministro.

Blanqueo de capitales

Los investigadores aseguran que las empresas vinculadas en este fraude incurrieron también en un delito de blanqueo de capitales al detectar documentación que probaría envíos de dinero a otros países como Panamá, Uruguay, Portugal y Andorra.

De acuerdo con varios informes, algunos de los investigados en esta causa acumularon «más de 70 kilos de oro», que fueron incautados, y «grandes cantidades de dinero en Hong Kong», haciendo además importantes transferencias de dinero. La UCO ha detectado así correos electrónicos y documentación que probaría envíos de dinero a las entidades panameñas Capital Bank o Canal Bank o incluso a la sociedad Inverlat Corporation.

Algunas de las sociedades implicadas desviaron fondos procedentes del fraude a través de inversiones inmobiliarias en «países terceros» o incluso mediante la compra de vehículos de lujo.

La Guardia Civil acredita sus sospechas, entre otros sustentos, en uno de los mensajes intervenidos a uno de los imputados en el marco de las diligencias, donde le preguntan literalmente si está en Panamá «limpiando papeles». Estas conversaciones, a juicio de los agentes, corroboraría la hipótesis de que los investigados se servían de sus gestiones en Panamá para «proceder al blanqueo de capitales».