Fedit pide a las compañías españolas que incorporen la innovación en sus estrategias de crecimiento»

Los centros tecnológicos españoles generan un negocio de 7.700 millones de euros, el 0,44% del PIB español, y ocupan a 127.000 trabajadores y ofrecen servicios a 30.000 empresas. Las conclusiones se desprenden de un informe elaborado por la federación Fedit, que agrupa a 69 centros de innovación del país.

En un encuentro con la prensa, en el marco de su 30 aniversario, el mismo organismo ha indicado las principales debilidades del ecosistema español de innovación para apuntar que existe un número reducido de compañías que incorporan la innovación como una herramienta estratégica de crecimiento. Según Aúreo Díaz-Carrasco, director general de Fedit, el porcentaje de empresas españolas que colaboran con centros tecnológicos muestra cierto retraso español en comparación con sus comparables de los países líderes europeos.

El mismo representante de Fedit también ha explicado que «España dispone de conocimiento, talento e infraestructuras tecnológicas de primer nivel, pero necesita un tejido empresarial con mayor capacidad para absorber ese conocimiento, asumir riesgos y convertirlo en nuevos productos, procesos y modelos de negocio».

Esta peculiar situación afecta especialmente a las «pequeñas y medianas empresas», según señala el directivo de Fedit, ya que «el tamaño, la disponibilidad de recursos y la incertidumbre asociada a la innovación dificultan la puesta en marcha de proyectos tecnológicos». Ante esta situación, Díaz-Carrasco se muestra partidario de «generar mucho conocimiento y desarrollar numerosas tecnologías, pero, si no existen empresas capaces de convertirlas en soluciones de mercado, su impacto será limitado. España necesita más empresas innovadoras, más competitivas y con mayor capacidad para asumir riesgos«.

En el mismo foro informativo, Díaz-Carrasco ha recalcado que las empresas que colaboran con los centros tecnológicos «innovan más, crecen con más rapidez, presentan una mayor solidez financiera y mejoran su competitividad». No obstante, con vistas a la próxima década, Fedit ha apuntado que el desafío consistirá en «extender este modelo a muchas compañías y lograr que la innovación forme parte de la estrategia habitual del tejido empresarial español».

Entre las asignaturas pendientes para los próximos años, Fedit plantea tres grandes prioridades. La primera apunta a «la creación de un programa de financiación estructural y competitivo para los Centros Tecnológicos, basado en indicadores y resultados a medio y largo plazo». Con esta medida, el ecosistema podrá exceder del modelo sustentado exclusivamente en proyectos de duración limitada para «permitir que los centros planifiquen el desarrollo de capacidades, talento e infraestructuras estratégicas con un horizonte de entre cinco y diez años». Este tipo de apoyo ya existe para otros agentes del sistema científico español a través de programas como Severo Ochoa y María de Maeztu, pero los Centros Tecnológicos no pueden acceder actualmente a ellos.

La segunda prioridad pasa por «avanzar hacia una verdadera red nacional de Centros Tecnológicos, capaz de participar de forma conjunta en grandes iniciativas públicas y privadas». En este entorno, Fedit convive con limitaciones jurídicas y operativas que «dificultan que puedan presentarse como red a determinados programas o instrumentos de compra pública innovadora».

Y el tercer objetivo propone «revisar las políticas públicas de I+D+i para que sean estables a largo plazo, que tengan más en cuenta el impacto sobre las empresas y contribuyan a movilizar una mayor inversión privada. Será clave avanzar hacia una mejor medición y rendición de cuentas sobre el impacto real de los fondos públicos invertidos en organismos de investigación, tanto públicos como privados».

Por otra parte, Fedit considera que «uno de los principales frenos a la innovación empresarial es la aversión al riesgo, especialmente cuando una parte muy elevada de las ayudas públicas se articula mediante préstamos». Según sus datos, un proyecto de innovación puede no alcanzar los resultados previstos. De esa forma, «cuando se financia únicamente con deuda, la empresa asume el coste del fracaso y conserva la obligación de devolver el préstamo, una circunstancia que desalienta especialmente a las compañías de menor tamaño».

Ante esta situación, la Federación aboga por «evolucionar hacia fórmulas de riesgo compartido entre las empresas y las administraciones«. No se trataría de trasladar todo el riesgo al sector público, sino de diseñar mecanismos en los que ambas partes compartan tanto las posibles pérdidas como los retornos generados cuando el proyecto tiene éxito. «Tenemos que romper un círculo difícil: las empresas necesitan crecer para poder innovar, pero también necesitan innovar para crecer y competir en mercados más exigentes. Por lo tanto, las políticas públicas deben ayudar a reducir ese riesgo inicial», según el director general de Fedit.