La UE prepara un paquete de medidas para reforzar la seguridad energética

La Comisión Europea prepara un paquete de medidas para reforzar la seguridad energética en el continente, pero la crisis de Irán ha llevado a retrasar la presentación que tenían prevista para este mes de mayo al próximo 10 de junio, según indicaron fuentes consultadas por este diario.

El Ejecutivo comunitario está elaborando una comunicación en la que prevé plantear una serie de medidas para reforzar la seguridad e incrementar el nivel de electrificación de Europa.

Bruselas ha recibido ya los comentarios preliminares de las eléctricas para elaborar estas medidas. Las recomendaciones del sector pasan por normalizar la anticipación ante ataques físicos y cibernéticos, ensayar la respuesta y planificar la recuperación.

La segunda es optimizar la «autonomía estratégica abierta», buscando un equilibrio entre reducir dependencias de importación y evitar que exigencias estrictas de contenido local (como las planteadas en el Acceleration Industrial Act para lanzar el Made with Europe) encarezcan la electrificación.

La tercera es garantizar un suministro eléctrico seguro mediante una planificación integral del sistema, inversión en nueva infraestructura más segura y un caso de negocio robusto para la flexibilidad.

En la parte de preparación, el sector propone orientar parte de la inversión a la protección de infraestructuras y ciberseguridad con el foco en la gestión de crisis (incluido el acopio de componentes críticos, capacidad de reparación y ejercicios conjuntos), defensas tácticas y salvaguardas estratégicas (protección física, resiliencia ciber, redundancias, defensa frente a drones y diseño seguro), y comunicaciones seguras e independientes para combatir la desinformación y coordinar emergencias entre operadores, autoridades y actores militares.

En autonomía estratégica, insiste en diversificar cadenas de suministro y diferenciar hardware y software por su distinta exposición al riesgo. Y, para el suministro seguro, pide mejorar la planificación de crisis (también entre vectores energéticos), elevar inversiones (tecnologías firmes y flexibles y redes, incluidas inversiones anticipatorias) y reforzar señales de mercado que reflejen necesidades en tiempo real e incentiven un consumo flexible sin alterar el diseño del mercado eléctrico.

Todo este esfuerzo en incrementar la seguridad llegará después de que el pasado 28 de abril de 2025 se constatara una certeza incómoda: muchas de las infraestructuras esenciales no estaban preparadas para responder a una emergencia simultánea y prolongada como el apagón que afectó a España y Portugal.

El cero energético no solo paralizó el sistema eléctrico peninsular. También actuó como una radiografía brutal de la dependencia energética de buena parte de la economía española.

Un año después, el balance que hace la CNMC, más allá de la red eléctrica, deja al descubierto vulnerabilidades serias en sectores tan estratégicos como el gas, los carburantes, las telecomunicaciones y el ferrocarril.

Algunos de estos negocios resistieron mejor de lo esperado; otros, por contra, revelaron una dependencia casi absoluta del suministro eléctrico para operar con seguridad.

Gas

El sector gasista, por ejemplo, logró evitar una crisis de suministro, pero no salió indemne. Desde el momento del cero eléctrico, las regasificadoras dejaron de estar operativas y fueron recuperando su funcionamiento de manera gradual entre la tarde del 28 de abril y la madrugada del día siguiente. Durante ese tiempo no pudo prestarse el servicio de carga de cisternas y el gestor técnico del sistema activó el modo de extracción en los almacenamientos subterráneos, aunque finalmente no fue necesario recurrir a ese gas. La interconexión de Irún con Francia tampoco funcionó, mientras Larrau mantuvo la exportación, aunque por debajo de lo previsto. La conexión de Almería con Argelia sí siguió operando con normalidad. Pese a todo, la demanda fue atendida porque el sistema contaba con suficiente «pulmón» y, además, el consumo de gas cayó durante la incidencia.

Donde sí aparecieron grietas fue en la operativa y en las comunicaciones. El sistema logístico gasista se mantuvo en servicio, pero varios comercializadores tuvieron problemas porque sus sistemas de comunicación no disponían de generadores propios. Eso les impidió contar con información completa de la demanda para nominar y balancear correctamente.

El diagnóstico que extrae la CNMC expone que el gas aguantó, pero no por fortaleza intrínseca de todos sus eslabones, sino porque la caída fue limitada en el tiempo y porque el sistema tenía margen. El regulador plantea ahora revisar la autonomía de instalaciones críticas, como partes de las regasificadoras o estaciones de compresión, y establecer canales alternativos de comunicación entre los agentes gasistas y entre los sistemas gasista y eléctrico.

Carburantes

Los carburantes ofrecen un escenario parecido. El apagón tuvo, en palabras de la CNMC, un «impacto notable» sobre el sistema de productos petrolíferos, aunque no llegó a provocar desabastecimiento generalizado. Las refinerías detuvieron su actividad, los terminales de almacenamiento sufrieron la inoperatividad de muchos sistemas de carga y descarga, y la combinación de tráfico ferroviario paralizado y carreteras congestionadas retrasó la entrega de combustibles. A pie de calle, la imagen más visible se dio en las estaciones de servicio: muchas quedaron completamente paradas por falta de electricidad en surtidores y sistemas de pago, de modo que solo pudieron seguir operando aquellas que disponían de respaldo autónomo.

Sin embargo, la cadena evitó el colapso. No hubo tensiones relevantes de oferta más allá del suministro a los generadores de emergencia. España, recuerda la CNMC, mantiene existencias de seguridad suficientes para cubrir al menos 92 días de demanda nacional, un colchón que hubiera permitido soportar una interrupción más larga de la producción. El problema no era tanto la falta de producto como la capacidad de ponerlo físicamente en el mercado sin electricidad. Por eso el regulador propone reforzar la resiliencia con grupos electrógenos de gran capacidad en infraestructuras logísticas esenciales y con sistemas de bombeo y carga autónomos en instalaciones de suministro. También reclama medidas para sostener las comunicaciones y evitar que fallen los centros de control y los pagos electrónicos en el comercio minorista. De hecho, incluso los centros de distribución de carburantes no contaban con una planificación de suministros esenciales y, según indican fuentes consultadas por este diario, tuvieron que utilizar las del gas natural. Los repartidores de camiones cisternas no podían aportar sus órdenes de pedidos y en muchos casos las enrtegas se realizaron tras hacer fotos a los DNI de los conductores.

Telecomunicaciones

Si hubo un sector donde el apagón funcionó como una gran llamada de atención ese fue el de las telecomunicaciones. La CNMC afirma que el incidente puso de manifiesto «vulnerabilidades críticas» en las redes y servicios de comunicaciones electrónicas e infraestructuras digitales. El problema fue doble. Por un lado, las telecomunicaciones se vieron afectadas por la falta de suministro eléctrico. Por otro, las dificultades en las comunicaciones entre responsables de infraestructuras eléctricas complicaron la reposición del suministro. Es decir, no se trató solo de que un sector sufriera el apagón del otro, sino de una dependencia cruzada: cuando cae la electricidad, se tambalea la conectividad; y cuando tambalea la conectividad, se hace más difícil restaurar la electricidad.

La CNMC entiende que este episodio, sumado a otras emergencias recientes como La Palma, la DANA de 2024 o la caída de centros de emergencias en mayo de 2025, justifica novedades normativas en gestión de riesgos, notificación de incidentes y planificación preventiva. Entre las medidas que plantea figuran el refuerzo energético de zonas rurales, la itinerancia nacional en emergencias, el análisis del apoyo satelital y una mayor coordinación entre la planificación de las infraestructuras de telecomunicaciones y la de las redes eléctricas. También propone impulsar el despliegue del DAB+ con sistema automático de alerta para mejorar la capacidad de aviso a la población.

Ferrocarril

Pero quizá ningún sector ilustra mejor la dependencia que el ferroviario. El apagón evidenció la «dependencia total». El lado positivo fue que los sistemas de protección funcionaron correctamente: la red hizo lo que está diseñada para hacer ante un fallo grave, detenerse con seguridad. La cara negativa fue la magnitud de la disrupción. El incidente afectó a 1.879 servicios de la Red Ferroviaria. En alta velocidad estaban operando 51 trenes de larga distancia y 13 de media distancia que necesitaron asistencia. ADIF y Renfe desplegaron locomotoras de rescate, pero las labores de auxilio y evacuación se prolongaron durante más de cuatro horas y dos trenes llegaron a pasar la noche detenidos en plena vía.

Todos los servicios programados para el resto del 28 de abril en larga distancia, cerca de 300, fueron cancelados. Aunque el suministro volvió a las 7:00 del día 29, la recuperación fue lenta: casi un centenar de servicios de alta velocidad registraron retrasos superiores a dos horas y más de 70 fueron suprimidos, con unos 30.000 viajeros comerciales afectados. En los servicios sujetos a obligación de servicio público, había unos 61.000 viajeros en trenes en el momento del incidente y cerca de 3.000 servicios fueron cancelados entre el 28 y el 29 de abril, afectando a 1,4 millones de personas. La CNMC admite además que no es realista dotar a toda la red ferroviaria de respaldo para operar sin red eléctrica: mantener trenes en circulación exige alimentación continua de catenaria, tensión y frecuencia estables y subestaciones sincronizadas a lo largo de cientos de kilómetros.

Un año después, la principal enseñanza no es que España sufriera un gran apagón, sino que buena parte de su economía opera bajo la premisa de que la electricidad siempre estará ahí. El informe de la CNMC desmonta esa idea: cuando la corriente desaparece, lo que cae no es solo la luz, sino la capacidad de mover trenes, suministrar combustible, coordinar sistemas críticos y sostener las comunicaciones sobre las que se apoya el resto del aparato productivo.

Una estrategia de Seguridad caducada

España llega al primer aniversario del apagón sin que las autoridades parezca que se hayan dado cuenta de la gravedad incidente, ya que Moncloa mantiene desde hace ya siete años la Estrategia de seguridad nacional energética caducada.

El Departamento de Seguridad Nacional ha indicado en varias ocasiones que estaba avanzando en un nuevo documento, pero desde 2015 y con un sistema energético completamente distinto, los planes de emergencia no han sido modificados. La explicación oficial, no obstante, es que la estrategia general si ha sido actualizada.

El Gobierno abrió su revisión en 2020 para adaptarla a los riesgos derivados de la transición energética, la dependencia exterior y la necesidad de elevar las interconexiones con Europa, pero seis años después continúa sin ver la luz.

Así, después del gran apagón, el Ejecutivo trata de convertir aquella crisis en doctrina operativa. La pregunta que queda abierta es si este manual llegará antes de la próxima gran emergencia.

Así, un año después de la caída del sistema eléctrico, tras la dana de Valencia, el accidente ferroviario en la alta velocidad, los episodios de lluvias torrenciales, las dudas sobre la seguridad de puentes y presas o las tensiones recurrentes en redes básicas, el Gobierno parece que ha decidido actuar por un camino mucho más amplio.

El Departamento de Seguridad Nacional, dependiente del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, prepara una Hoja de ruta de resiliencia, concebida como un manual para afrontar crisis y mejorar la coordinación institucional.

La iniciativa surge tras el impacto que dejó el apagón eléctrico del año pasado, que paralizó durante horas el país y evidenció fallos en comunicaciones, dependencia energética y capacidad operativa de numerosas infraestructuras críticas. Según explicó en el Senado la directora del DSN, la general Loreto Gutiérrez, el objetivo es reforzar la preparación del Estado ante escenarios de alta disrupción.

La prioridad pasa por garantizar la continuidad operativa de la Administración cuando se produzcan fallos graves en suministros básicos como la electricidad o las telecomunicaciones. Para ello, el plan contempla reforzar los centros de crisis de los distintos ministerios, de manera que puedan seguir funcionando con mayor autonomía incluso en escenarios de apagón prolongado o colapso de las redes de comunicaciones.

Vulnerabilidad de sistemas

La Moncloa quiere extraer lecciones directas de lo ocurrido en 2025. El apagón dejó al descubierto la vulnerabilidad de sistemas que se daban por descontados: interrupciones en comunicaciones estratégicas, parada simultánea del parque nuclear, problemas logísticos en redes de hidrocarburos y dificultades de respuesta en instalaciones críticas durante las horas de mayor tensión.

Fuentes conocedoras de los trabajos explican que el DSN pretende además desplegar un sistema nacional de indicadores críticos, acompañado de un cuadro de mando para monitorizar riesgos en tiempo real. La intención es detectar señales tempranas de deterioro en sectores sensibles y activar medidas preventivas antes de que una incidencia escale a crisis.

Ese sistema se apoyará en una integración más amplia de información procedente de distintos organismos públicos y en nuevas herramientas tecnológicas basadas en gestión del conocimiento e inteligencia artificial. El propósito es mejorar la evaluación de amenazas, agilizar la toma de decisiones y reforzar el análisis en situaciones de emergencia.

Otro de los pilares en preparación es el llamado Catálogo de recursos de la Seguridad Nacional, un inventario de medios disponibles para responder ante contingencias graves. El proceso comenzó el pasado octubre con la creación de un grupo de trabajo encargado de recopilar recursos existentes en comunidades autónomas, así como en Ceuta y Melilla, vinculados a los riesgos contemplados en la Estrategia de Seguridad Nacional.

En una segunda fase se seleccionarán los recursos que pasarán a formar parte del catálogo definitivo, se integrarán en una plataforma digital estatal y se diseñarán los procedimientos de actualización y movilización. El borrador deberá ser analizado por el Comité de Situación y posteriormente elevado al Consejo de Seguridad Nacional. Si se cumplen los plazos manejados internamente, el documento podría estar listo en octubre de 2027.