Trump declara una emergencia nacional en EEUU para paralizar los embargos contra Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha firmado una orden ejecutiva con la que declara una emergencia nacional para blindar los fondos del Gobierno de Venezuela depositados en cuentas del Departamento del Tesoro frente a embargos, ejecuciones judiciales o reclamaciones de acreedores. La decisión llega apenas horas después del encuentro mantenido en la Casa Blanca con directivos de grandes compañías petroleras internacionales, entre ellas Repsol, donde aseguró que había que olvidar el pasado después de que ConocoPhilips recordara que tenía una deuda pendiente de cobro de cerca de 12.000 millones.

La orden, fechada el 9 de enero, invoca amplios poderes presidenciales en materia de seguridad nacional y política exterior y establece que cualquier intento de embargo o medida judicial contra esos fondos supondría una amenaza «inusual y extraordinaria» para los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Según el texto, permitir acciones legales contra esos recursos interferiría gravemente en los esfuerzos de Washington por estabilizar económica y políticamente Venezuela, un objetivo que la Administración Trump vincula de forma directa al control de la inmigración irregular, la lucha contra el narcotráfico y la contención de actores considerados hostiles en el hemisferio occidental como Irán o Hezbolah.

A lo largo de la última semana, tal y como ya indicó este diario, se estaban preparando amplias reclamaciones legales para tratar de recuperar las pérdidas generadas durante el mandato e Hugo Chávez por las expropiaciones. De hecho, Venezuela acumula ya 22 laudos impagados frente al Banco Mundial por cerca de 17.300 millones, según un estudio llevado a cabo por el International Law Compliance Institute (ILCI), que podrían quedar inmovilizados para ejecutar sus cobros y provocarle a las petroleras que inviertan en el país nuevos problemas de cobro.

Según la Confederación Venezolana de Industriales, el «exprópiese» –que hizo famoso Chávez– alcanzó a cerca de 1.322 empresas en el país. De acuerdo con los cálculos de PwC, el Ejecutivo bolivariano desembolsó alrededor de 23.000 millones de dólares en compensaciones.

El decreto define de forma precisa los llamados «Foreign Government Deposit Funds», que incluyen ingresos derivados de la venta de recursos naturales venezolanos o de diluyentes energéticos, canalizados a través de cuentas designadas del Tesoro estadounidense y vinculadas al Estado venezolano, su banco central o su petrolera estatal. A partir de ahora, cualquier embargo, ejecución o gravamen sobre esos fondos queda expresamente prohibido y será considerado nulo, incluso aunque exista una sentencia previa o un contrato firmado con anterioridad.

La Casa Blanca subraya además que estos recursos no tienen carácter comercial en territorio estadounidense y que Estados Unidos actúa únicamente como custodio, sin que ello suponga una renuncia, expresa o implícita, a la inmunidad soberana de Venezuela. El texto refuerza así la posición del Ejecutivo frente a posibles demandas de acreedores internacionales, muchos de ellos derivados de expropiaciones, impagos o litigios energéticos de la última década.

La decisión adquiere especial relevancia tras la reunión de Trump con representantes de la industria petrolera, en la que se abordaron los riesgos regulatorios y geopolíticos asociados a Venezuela. Empresas como Repsol mantienen intereses históricos en el país y han seguido con atención la evolución del marco sancionador estadounidense y las restricciones financieras que afectan a los flujos de ingresos del sector energético venezolano. Fuentes conocedoras del encuentro señalan que la protección jurídica de los fondos y la estabilidad de las reglas del juego fueron algunos de los asuntos planteados por las compañías.

Con esta orden ejecutiva, la Administración Trump refuerza su control sobre un instrumento financiero clave en su estrategia hacia Venezuela, al tiempo que envía una señal a los tribunales y a los acreedores internacionales. El Tesoro y el Departamento de Justicia quedan facultados para defender activamente la inmunidad soberana de esos fondos en cualquier procedimiento judicial, mientras que el Departamento de Estado tendrá la última palabra sobre su eventual uso con fines diplomáticos o de política exterior.

Trump ha insistido desde el primer momento de la incursión militar en que consideraba ilícita la salida de las petroleras estadounidenses Exxon o Conoco durante el proceso de nacionalización de la Faja del Orinoco, iniciado el 1 de mayo de 2007 y aunque ha insistido en que se recuperaría el dinero, ahora quiere evitar interferencias en la puesta en funcionamiento del sector petrolero.