Una fundación ambiental exige a Repsol 1.200 millones en un juzgado de Holanda por el vertido de Perú

Repsol afronta una demanda de 1.200 millones ante la Corte holandesa por el vertido de cerca de 12.000 barriles de petróleo que se registró el 15 de enero de 2022 en el norte de Lima (Perú). Stichting Environment and Fundamental Rights, una fundación sin ánimo de lucro, ha encargado a Pogust Goodhead que lidere una reclamación en la que curiosamente aspira a embolsarse 300 millones y repartir unos 900 millones entre los afectados.

Pogust Goodhead es una colaboración entre varios abogados británicos, estadounidenses, brasileños y holandeses, con experiencia en la gestión de las llamadas ‘class action’ – litigios de grupos a gran escala- contra empresas por los daños causados con sus actividades.

En 2018, el abogado Tom Goodhead asesoró en la demanda por fraude de las emisiones diésel de Volkswagen. Posteriormente, se unió a otro abogado que estaba representando a las víctimas del colapso de la presa de Mariana en 2015 en Brasil contra la corporación minera anglo-australiana BHP y ahora impulsan esta denuncia contra Repsol.

Según indican en un comunicado, el vertido de Perú se ha descrito como «el peor desastre ecológico que ha afectado al país en la historia reciente y sigue causando importantes daños sociales, económicos y medioambientales».

Para el bufete, «el gobierno peruano se vio obligado a cerrar las playas afectadas de la costa norte de Perú durante lo que quedaba de 2022, declarando que no eran aptas para las actividades humanas. Aunque algunas de las playas se reabrieron en 2023, las autoridades han emitido varios informes medioambientales que concluyen que las zonas afectadas siguen contaminadas y presentan altos niveles de hidrocarburos. Muchas playas siguen sin ser aptas para las actividades humanas».

Tom Goodhead, Global Managing Partner y CEO, indicó que «Este es uno de los peores desastres medioambientales de Perú y lucharemos para que se haga justicia a las víctimas. Vamos a mostrar al mundo lo que Repsol ha hecho en Perú».

Repsol salió al paso de estas afirmaciones y recuerda que con todas las mediciones de laboratorios acreditados y los resultados publicados en los reportes de las autoridades ambientales del Perú, el agua en el mar y las playas afectadas cumplen desde hace tiempo con los más altos estándares de calidad ambiental, tanto nacionales como internacionales, y son aptas para el regreso de las actividades turísticas y pesqueras en la zona.

La demanda de Pogus estará dirigida por la socia Cécile Rouméas tras el encargo de Stichting Environment and Fundamental Rights que indica que el objetivo de esta fundación es representar los intereses de -y obtener justicia para- las partes que han sufrido, o corren el riesgo de sufrir daños como consecuencia de sucesos que repercuten negativamente en el medio ambiente, las condiciones de vida, las condiciones laborales o los derechos humanos.

Repsol, por su parte, explicó en un comunicado remitido en Perú que «Hemos tomado conocimiento que Refinería La Pampilla ha sido demandada ante una Corte de Holanda en representación de un grupo de presuntos afectados por el derrame. A la fecha, nos encontramos revisando los alcances del reclamo.

Consideramos que esta demanda judicial no tiene fundamento. Dicho esto, reiteramos que Refinería La Pampilla es respetuosa del derecho que tienen las personas de acudir al sistema de justicia cuando lo consideren necesario. Sin embargo, de acuerdo con experiencias similares, consideramos que este caso debe ser abordado en el Perú».

Hasta la fecha, la compañía ha destinado más de 1.000 millones de soles (250 millones de euros) para las tareas de limpieza, remediación y compensaciones. Además, el 98% de los afectados identificados por el Gobierno Peruano ha cobrado sus compensaciones totales.

Según Pogus Goodhead, el número de víctimas que participan en la reclamación supera las 34.000, entre ellas pescadores y propietarios de restaurantes, que aún no pueden reanudar sus actividades normales debido a la magnitud de los daños causados.

Pogus Goodhead, no obstante, mantiene abierta una línea para que se sumen afectados. Según explica el bufete en su web, para participar en la reclamación, su caso debe ser aprobado y deber firmar un contrato con la SEFR (la fundación). Una vez que haya firmado este Contrato, ya no podrá presentar ni resolver su reclamación por sí mismo, ni en Perú ni a nivel internacional.

En caso de que la SEFR tenga éxito en la recuperación de su reclamación o en lograr un acuerdo, el demandante conservará el 75% de cualquier compensación obtenida y no tendrá que pagar nada más.

El despacho advierte también que sus posibilidades de rescindir el Contrato con la SEFR estarán restringidas. La SEFR representa los intereses colectivos de un grupo grande en el caso holandés y reconoce que puede haber casos en los que los intereses más amplios del grupo en su conjunto tengan prioridad sobre los intereses individuales.

La determinación de si las demandadas deben pagar alguna compensación, se hará mediante una sentencia de los tribunales o un acuerdo de conciliación al que la SEFR y la o las demandadas hayan llegado.