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El gobierno de Venezuela ha contratado al bufete de abogados Greenberg Traurig para representar al país en una larga batalla legal contra la minera Crystallex que involucra a más de una docena de acreedores que intentan obtener una compensación por expropiaciones, dijo el bufete que anteriormente lo defendía a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos el jueves.
Los abogados Daniel Pulecio y Dominic Draye ahora lideran el equipo de Venezuela en el caso, dijo esta semana el Fiscal General del país, Arianny Seijo, en una carta al bufete Munger, Tolles & Olson, que solicitó ser retirado como abogado por la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos.
El cambio se produce después de que el gobierno interino de la presidenta venezolana Delcy Rodríguez fuera reconocido formalmente por Washington como jefe de Estado en marzo.
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