Caso Hogar Seguro: el incendio en el que murieron 41 adolescentes en un albergue en Guatemala por el que ahora condenan a prisión a 6 exfuncionarios
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- Autor, Leire Ventas
- Título del autor, Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles
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Fue una tragedia que estremeció a la opinión pública nacional e internacional y se convirtió en símbolo de las fallas estructurales del sistema de protección a la niñez en Guatemala.
El 8 de marzo de 2017, un incendio en un albergue para menores acabó con la vida de 41 adolescentes y dejó a otras 15 con quemaduras graves que marcarían el resto de sus vidas.
Este martes el conocido como «caso Hogar Seguro» concluyó con penas de cárcel de entre 25 y 13 años para seis de los acusados, dictadas por la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal de Ciudad de Guatemala, año y medio después del inicio del juicio.
Las penas más altas fueron para Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro, y Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social, condenados a 25 años de cárcel cada uno.
Brenda Chamán, exjefa del departamento de protección especial contra el maltrato de la Secretaría de Bienestar Social, y Lucinda Marroquín, exsubinspectora de la Policía Nacional Civil, recibieron penas de 12 años de prisión.
Para Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Policía Nacional Civil, fueron 11 años, y 6 para Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Todos ellos se habían declarado inocentes de los cargos y le habían pedido a la magistrada ser absueltos.
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«Yo lamento mucho lo que sucedió ese día, soy madre y no sería capaz de hacer lo que aquí se dice», alegó Marroquín, quien enfrentaba los cargos de de maltrato contra personas menores de edad y homicidio culposo.
Castro aseguró por su parte que la Fiscalía no logró demostrar el incumplimiento de deberes por el que la acusaba. «Un resguardo fue lo que siempre pedimos», sostuvo.
Ambas fueron condenadas a penas de cárcel, como otros cuatro de los acusados. Mientras, Harold Flores, jefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación, fue absuelto ante la falta de pruebas de los cargos que se le imputaban.
El proceso empezó con ocho acusados, pero Anahí Keller, exsubsecretaria de Bienestar Social de la Presidencia, fue separada del juicio después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) le otorgara un amparo provisional.
Durante todo el procedimiento legal se presentaron como medios de prueba unos 600 documentos, 42 peritajes y 45 testimonios.
Además de dictar la sentencia, la jueza ordenó una serie de investigaciones, entre ellas una con el objetivo de aclarar la posible participación del entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) en el caso.
Y convocó una audiencia de reparación justa para este jueves 14 de agosto.
Las supervivientes de la tragedia y familiares de víctimas, quienes siguieron la audiencia sin poder contener el llanto, recibieron el fallo con júbilo, como también lo hicieron sus representantes legales y grupos de apoyo presentes en la sala.
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La tragedia
En la mañana del 8 de marzo del año 2017, jornada en la que se celebraba el Día Internacional de la Mujer, se produjo un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en San José Pinula, Guatemala.
El fuego acabaría provocando la muerte de 41 niñas y adolescentes, además de dejar a otras 15 menores de edad con graves quemaduras.
La noche anterior, un centenar de adolescentes se había fugado del lugar para denunciar abusos, malos tratos y condiciones inhumanas.
Sin embargo, fueron interceptadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y trasladadas nuevamente a la institución.
Según las investigaciones, las autoridades del hogar, administrado por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), decidieron encerrar a 56 adolescentes en un aula de aproximadamente 7 metros por 6 metros, como medida de castigo. La puerta permaneció bajo llave y vigilada por agentes de la PNC.
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Una indagación posterior reveló que a las niñas ni siquiera se les permitió salir del salón para ir al baño. Si querían hacer sus necesidades, tenían que hacerlo en una esquina.
Por la mañana, les dieron el desayuno en el mismo salón sucio. Desesperada por salir, una de las niñas encendió un fósforo. Las llamas se esparcieron rápidamente.
Las niñas golpearon la puerta presas del pánico. Pero esta permaneció cerrada durante nueve minutos.
«Que se quemen esas hijas de la gran puta, a ver si como son buenas para fugarse son fibrudas para salir», dijo la subinspectora de policía que tenía las llaves, de acuerdo al testimonio de sus subordinadas que este martes volvió a recordar la jueza Cifuentes.
La magistrada, quien antes de la lectura de la sentencia hizo un repaso cronológico de los hechos y de las pruebas del caso, explicó que fue después de la llamada del entonces presidente Jimmy Morales, a las 3:00 de la madrugada del 8 de marzo de 2017, que llegó un grupo de agentes policiales al Hogar Seguro.
La demora en su liberación, según la investigación del Ministerio Público (MP), fue determinante para que las llamas y el humo provocaran la tragedia.
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Un oscuro historial
El refugio empezó a funcionar en El Platanar, en San José Pinula, a 23 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, en junio de 2010, durante la presidencia del Álvaro Colom.
Entonces era el Hogar Solidario Virgen de la Esperanza.
Pero con el relevo en el gobierno en 2012, cambió su nombre de «solidario» por «seguro» y también el de la virgen que lo amparaba.
Eran problemas que las autoridades a cargo atribuyeron en su momento a falta de presupuesto y a las resoluciones de los jueces, que ordenaban el internamiento de menores sin tener en cuenta su perfil o el hacinamiento de los centros.
Algunos habían sido maltratados en sus hogares o habían sido víctimas de explotación o violación. Otros habían cometido algún delito y, tras cumplir la condena, no tuvieron a dónde ir.
Y a ello se le sumaba el hacinamiento típico de este tipo de instituciones en el país, en las que las revueltas son frecuentes.
En ese caldo de cultivo tuvieron lugar una serie de vejaciones y abusos, de acuerdo a lo que señalan las por lo menos 28 denuncias recibidas por la Procuraduría de Derechos Humanos entre enero de 2014 y agosto de 2016.
Fugas constantes
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Las fugas del centro eran tan frecuentes que sólo entre enero de 2014 y julio de 2015 el Sistema de Alerta Alba Keneth, una unidad de la Procuraduría General de la Nación (PGN) encargada de buscar y localizar a menores desaparecidos, recibió 233 reportes por «desaparición» en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
El 12 de diciembre de 2016 la jueza del Juzgado Sexto de la Niñez y la Adolescencia, Silvia Lorena Vásquez Calderón, ordenó el cierre «inmediato» del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Asimismo, solicitó al Ministerio Público que investigara a los funcionarios encargados del centro para determinar si pudieron tener «responsabilidad penal» en los abusos allí ocurridos.
La resolución fue después apelada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, y el albergue continuó abierto.
Y así siguió hasta el 8 de marzo de 2017, cuando 34 jóvenes murieron calcinadas, una cifra que aumentaría a 41 en los días posteriores.
Con ello, el nombre del Hogar Seguro, un lugar que en realidad nunca lo fue para quienes albergaba, quedaría para siempre asociado a la tragedia.
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.bbc.com
En la sección: BBC Mundo
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