Cómo las megacárceles de Bukele se convirtieron en modelo para la derecha radical (y qué ha pasado donde se han replicado)
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En las últimas campañas electorales en América Latina, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su política de «mano dura» contra la delincuencia —incluidas sus polémicas megacárceles— se han convertido en un punto de referencia recurrente en el debate político.
En Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, ganador de las presidenciales según los datos preliminares del preconteo de votos, ha expresado abiertamente su admiración por Bukele. Durante su campaña, prometió la construcción de siete megacárceles inspiradas en el modelo salvadoreño.
En el vecino Perú, Keiko Fujimori también puso la idea en el centro de su propuesta de seguridad. La líder derechista aseguró que, de llegar al poder, impulsaría la construcción de cuatro penales y un megapenal para reos de alta peligrosidad, «como el Cecot en El Salvador», en referencia al Centro de Confinamiento del Terrorismo, un establecimiento que ha recibido numerosas denuncias de abusos a los derechos humanos.
El atractivo de las megacárceles de Bukele no se limita a América Latina. Su modelo también ha comenzado a resonar en la derecha radical europea.
La semana pasada, Jordan Bardella, presidente del partido de extrema derecha francés Rassemblement National, se refirió al sistema penitenciario salvadoreño al abordar el problema del hacinamiento en las cárceles de su país.
«En un país de 6 millones de habitantes, el señor Bukele construyó 40.000 plazas carcelarias en ocho meses», afirmó en una entrevista con la cadena BFMTV.
Aunque este enfoque resulta atractivo para algunos líderes políticos, sus críticos advierten que suele presentarse sin mencionar las denuncias de violaciones de los derechos humanos documentadas en el marco de estas políticas.
«Hay que tener cuidado cuando se habla del ‘modelo Bukele’, porque en realidad no se trata de un modelo, pero a Bukele le interesa que se le llame así y que se propague a otros países», le dice a BBC Mundo Sonja Wolf, investigadora de la Facultad de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana de Ciudad de México.
Wolf, quien además es autora de «Mano Dura», un libro que examina la política de control de las pandillas en El Salvador, afirma que parte del atractivo internacional de este enfoque se debe a que no siempre se conoce el contexto político en el que se ha desarrollado en El Salvador.
«Muchos no entienden el régimen político que Bukele ha ido consolidando. Es lo que se puede describir como una autocracia electoral, en la que, para mantenerse en el poder, necesita demostrar que cuenta con el apoyo del ‘pueblo'», explica.
En ese sentido, el régimen de excepción —que ha permitido detenciones masivas— cumple una doble función: combatir la criminalidad y reforzar su legitimidad política.
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«Aparte de las elecciones, para Bukele es fundamental mantener altos niveles de popularidad. El régimen de excepción, pese a los costos que ha tenido para las personas detenidas y para la democracia en El Salvador, cuenta con respaldo popular, y eso le sirve para sostener su proyecto político», señala.
Wolf añade que la proyección internacional de estas políticas también juega un papel clave.
«La promoción del régimen de excepción en el extranjero, así como las visitas de líderes políticos a lugares como el Cecot, contribuyen a reforzar su imagen y a legitimar su permanencia en el poder», concluye.
En febrero de 2024, después de haber sido reelegido como presidente con más del 80% de los votos, Bukele destacó los resultados en materia de seguridad de su gobierno y se congratuló por haberlos logrado «con receta salvadoreña», arremetiendo contra sus críticos.
«Pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el continente americano. Y ¿qué dijeron? Que está violando derechos humanos», dijo frente a sus seguidores en referencia a las denuncias internacionales sobre su política de mano dura.
«¿Los derechos humanos de quién?, De la gente honrada no. Tal vez pusimos prioridad a los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes, eso es lo único que hemos hecho y es a lo que ustedes le llaman violar derechos humanos», aseguró el mandatario.
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Por qué es atractivo para la derecha radical
El atractivo de la política de «mano dura» de Bukele para sectores de la derecha radical en América Latina y el mundo responde a varios factores.
Por un lado, ofrece una respuesta rápida y visible a una de las principales preocupaciones de los votantes: la inseguridad, en el caso de América Latina, a la que se suma la inmigración irregular en EE.UU. y Europa.
Las imágenes de miles de presos en megacárceles, junto con la drástica caída de los homicidios en El Salvador, proyectan la idea de que la estrategia ha sido eficaz. El país ha pasado de ser uno de los más violentos del mundo a figurar entre los más seguros de la región, lo que refuerza esa percepción.
Sin embargo, esta política ha tenido un alto costo.
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Según la organización salvadoreña Cristosal, el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 ha normalizado la detención masiva de personas con un control judicial limitado, dejando a miles de detenidos sin pruebas suficientes en su contra.
Por su parte, Human Rights Watch ha documentado casos de tortura, malos tratos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. También ha denunciado el debilitamiento de las instituciones democráticas y la falta de garantías judiciales bajo el gobierno de Nayib Bukele.
Expertos de las Naciones Unidas han advertido que la detención prolongada sin acceso a asistencia legal ni revisión judicial puede constituir una grave violación del derecho internacional.
En un informe conjunto con Cristosal sobre el sistema penitenciario salvadoreño, Human Rights Watch concluye: «Los casos de tortura y malos tratos en el Cecot no fueron incidentes aislados, sino violaciones sistemáticas que se repitieron durante toda la detención».
Pero el atractivo del llamado «modelo Bukele» no radica únicamente en su estrategia de seguridad, sino también en su dimensión política, explican analistas.
Muchos líderes observan los altos niveles de popularidad del presidente salvadoreño como una señal de que este tipo de políticas y de retórica de «mano dura» pueden traducirse en respaldo electoral.
«Cuando se realizan estudios sobre cultura política en América Latina, en principio la gente suele expresar apoyo a la democracia, pero luego, cuando se les hacen preguntas más específicas, lo que se observa es que muchos prefieren a líderes que les resuelvan sus problemas», señala Wolf.
«La gente, en la práctica, no es tan democrática como se pudiera pensar», añade.
Para los políticos, este modelo basado en un liderazgo fuerte y con pocos contrapesos institucionales resulta especialmente atractivo.
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En otros países
Sin embargo, varios analistas advierten que este atractivo puede ser engañoso. El modelo es difícilmente exportable y depende en gran medida de condiciones específicas de El Salvador, así como de decisiones políticas que no siempre serían viables o legales en otros países.
Ecuador es uno de los países que ha intentado aplicar este enfoque.
Desde 2023, bajo la presidencia de Daniel Noboa, ha tratado de replicar elementos del modelo mediante la declaración de un «conflicto armado interno», acompañada de la militarización de la seguridad, detenciones masivas y el anuncio de nuevas cárceles de máxima seguridad.
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Sin embargo, las medidas no han producido los resultados esperados. Los niveles de violencia se han mantenido elevados. La tasa de homicidios en el país pasó de alrededor de 8 por cada 100.000 habitantes en 2020 a cerca de 45 en 2023, y en 2025 alcanzó los 51 por cada 100.000, lo que convirtió ese año en el más violento de la historia reciente del país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y estimaciones recogidas por el medio especializado InSight Crime.
El gobierno de Xiomara Castro en Honduras también ha adoptado medidas de «mano dura» inspiradas en El Salvador, incluyendo estados de excepción desde 2022 y la militarización de la seguridad.
Sin embargo, no se ha registrado una reducción sostenida de la violencia comparable a la salvadoreña.
Honduras sigue siendo uno de los países más violentos de la región con una tasa de homicidios de alrededor de 23 por cada 100.000 habitantes en 2025, según un balance anual de seguridad de InSight Crime.
Estas cifras han llevado a que varios expertos cuestionen la efectividad del enfoque.
«Hay una razón por la que el modelo de seguridad de Bukele no ha dado resultados en los países que han intentado replicar partes de él, como Honduras o Ecuador», le dice a BBC Mundo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
«El llamado ‘modelo Bukele’ no se basa únicamente en el encarcelamiento masivo: también implica una concentración de poder, un debilitamiento de la supervisión judicial, decenas de miles de personas detenidas sin el debido proceso e incluso acuerdos encubiertos con pandillas», prosigue.
«Eso no es una estrategia sostenible de seguridad pública. Si bien los homicidios han disminuido [en El Salvador], ha sido a costa de debilitar las instituciones necesarias para garantizar una seguridad duradera».
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.bbc.com
En la sección: BBC Mundo
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