«Lo torturaron para que dijera que era culpable»: el adolescente que lleva un año detenido en Venezuela por los ataques contra las estatuas de Chávez en las protestas por la reelección de Maduro

«Mi hermano no estaba ahí ese día. Lo llevamos (a la policía) para que se hicieran las averiguaciones de que él no era culpable y resulta que lo torturaron para que dijera que era culpable», denuncia Mirbelis.

Además de la de La Guaira, al menos cinco efigies de Chávez fueron atacadas por manifestantes en los estados Aragua, Carabobo, Falcón y Guárico, en medio de 187 protestas para rechazar el resultado electoral, que tuvieron lugar en 20 de los 23 estados del país, según cálculos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

La oposición reivindicaba la victoria de González, quien se postuló en reemplazo de la dirigente María Corina Machado, tras ser inhabilitada por el Poder Judicial para ocupar cargos públicos.

Desde hace un año, la oposición exige al CNE mostrar las actas de votación y todavía espera por las evidencias. Sin embargo, publicó 80% de los comprobantes que daban a González 7,4 millones de votos frente a 3,3 millones de Maduro, con un nivel de participación de 60% del electorado, que excluyó a la mayoría de los electores venezolanos registrados en el exterior.

En las manifestaciones que siguieron a las elecciones, 28 personas murieron y 2.229 fueron detenidas en operativos de captura que se desplegaron por todo el país, tal como precisó en su momento el propio Maduro, que culpó a la oposición de querer desestabilizar el país.

BBC Mundo solicitó entrevista con el gobierno de Venezuela pero no obtuvo respuesta.

En una entrevista en febrero con BBC Mundo, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo:

«El 29 y 30 de julio [de 2024] ocurrieron hechos brutales de violencia. Murieron 28 personas a manos de manifestantes violentos, quemaron centros de salud, escuelas, centros electorales y derribaron monumentos y en función de ello se detuvo a un grupo de personas (…)

El plan de ellos (de los opositores) no era ir a las elecciones, era cantar fraude y promover una insurrección armada en Venezuela».

La sociedad civil organizada advirtió que 114 de los arrestados eran menores de edad, como Ángel Gabriel González.

Funcionarios de la policía de La Guaira buscaron al adolescente en casa de su padre días después de las elecciones, el 8 de agosto de 2024 a las 9:00 de la noche, recuerda Mirbelis.

«Ellos amenazaron que si no entregábamos a Ángel, se iban a llevar detenido a mi papá. Y mostraron un video donde caía la estatua, pero ahí no hay (nadie) parecido a mi hermano».

Debido a las dolencias físicas del padre, descartaron que él se presentara ante las autoridades y decidieron acompañar a Ángel al día siguiente a la «casa de seguridad ciudadana», una sede de la policía local, para aclarar la situación.

Cuando llegaron a la comisaría, Mirbelis cuenta que los funcionarios les pidieron quedarse afuera mientras el joven entraba.

«(Él) Me dice que le pusieron una bolsa en la cara y lo tiraron en una colchoneta boca abajo», asegura Mirbelis. «Nos comentó que lo habían asfixiado hasta botar sangre por la nariz, por eso dijo en ese vídeo que era culpable, porque lo torturaron».

«Él dice que ya no soportaba más lo que estaba viviendo».

Desde ese momento, la rutina familiar cambió por completo.

Ángel Gabriel fue recluido con otros adolescentes en una celda sin luz. «Nos pidieron la colaboración de [comprar] cables y bombillos», recuerda Mirbelis. Su hermano y los demás detenidos no disponen de lavabo, sino de una letrina entre dos paredes y una cortina, cuenta sobre el espacio que ella visita cada miércoles.

Como no reciben agua corriente, Mirbelis calcula que entre todos han acumulado un centenar de botellas de plástico de refresco que llenan una vez a la semana con una manguera de la que sale agua marrón.

Mirbelis, su padre y su tía visitan la comisaría cada día entre las 9:00 y 11:00 de la mañana para llevarle almuerzo, cena y agua potable congelada. El día de visita es el miércoles y sólo puede ir Mirbelis o su tía, porque está prohibido que los hombres entren en las celdas de los detenidos.

«Mi hermano dice que está cansado de vivir», asegura Mirbelis cuando recuerda las conversaciones con su hermano. «Él dice que está triste, pregunta que cuándo se va a acabar esto y cuándo lo vamos a sacar de ahí».

Para mediados de julio de este año, la ONG venezolana de defensa de derechos humanos Foro Penal estimaba que había 948 personas detenidas por razones políticas y cuatro de ellas eran adolescentes.

Varias organizaciones confirmaron que 59 presos fueron liberados el viernes 18 de julio como parte de un intercambio inédito de prisioneros entre los gobiernos de Venezuela, Estados Unidos y El Salvador.

Aunque el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, afirmó que 80 venezolanos serían excarcelados en el canje, ninguna autoridad en Caracas publicó una lista oficial, más allá del cálculo de las ONG.

El gobierno de Maduro no reconoce las razones políticas de las detenciones. De hecho, la Cancillería venezolana señaló en un comunicado que los liberados habían sido procesados por «la comisión de delitos comunes y contra el orden constitucional».

También fueron liberados diez estadounidenses que estaban presos en Venezuela.

A cambio, el gobierno salvadoreño excarceló y envió de vuelta a Venezuela a 252 migrantes que fueron deportados desde Estados Unidos y que permanecieron meses detenidos en la cárcel de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), diseñada para detener a pandilleros salvadoreños.

Sin embargo, al menos 20 personas fueron detenidas en las 72 horas posteriores al canje de presos por migrantes, según denunció la líder opositora María Corina Machado, quien acusó al gobierno de Maduro de aplicar una «política de puerta giratoria», en la que unos salen mientras otros entran a prisión.

En medio de los arrestos, Foro Penal advierte que al menos 51 personas permanecen «desaparecidas».

Tras examinar 15 casos, Amnistía Internacional concluyó en un informe publicado a mediados de julio que las autoridades venezolanas «cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil», lo que configura un «crimen de lesa humanidad».

El padre de Ángel es tan devoto del arcángel Gabriel que decidió ponerle su nombre.

La madre de Mirbelis y Ángel falleció un año antes de su detención, cuando él tenía 15. En ese momento ambos pensaron que perderla sería la experiencia más dolorosa de sus vidas.

Sin embargo, el arresto de Ángel desencadenó una temporada de incetidumbre y pesar para sus familiares que nunca imaginaron que podrían vivir. Las celebraciones han cobrado un nuevo sentido, especialmente los cumpleaños, la Navidad y el Año Nuevo.

«El cumpleaños de mi hermano siempre ha sido motivo de celebración», asegura Mirbelis. «El año pasado lo festejamos en la playa. Pero este año ha sido muy difícil».

Después de la muerte de su madre, lo más doloroso para Ángel ha sido estar ausente en el nacimiento de su hijo debido a la detención. «Él no conoce a su hijo porque no permiten la visita del bebé. Pero le hemos pasado fotos».

Mirbelis dice que su padre se reunió en diciembre con el fiscal venezolano, Tarek William Saab. Ahora no entiende por qué el jefe del Ministerio Público dijo que Ángel sería liberado, pero luego la excarcelación no se cumplió.

El joven le escribió una carta a su padre que se hizo viral a través de las redes sociales. En ella lamentaba no haber sido excarcelado el 12 de diciembre de 2024 y le pedía perdón a sus familiares por obligarlos a vivir su detención.

«Ese día me habían prometido mi libertad, para estar con ustedes y mi hijo. Ya estoy cansado de esta vida, a veces me dan ganas de seguir durmiendo y no levantarme más nunca».

Después de aquel episodio, el jefe de la comisaría le prohibió a Ángel el acceso a lápiz y papel, aunque tiene una Biblia que lee con frecuencia.

También se ha enfermado varias veces, incluyendo cuatro abscesos que le salieron en la piel de los brazos y las axilas. «Sólo nos permiten llevarle cuatro ibuprofenos y cuatro antibióticos».

Tres meses después de las elecciones, en octubre de 2024, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela había documentado 850 casos de violaciones graves de derechos humanos en Venezuela que incluían detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, entre otros delitos.

El equipo de Marta Valiñas, la presidenta de este mecanismo, alertó que el gobierno de Maduro había puesto en marcha «una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente» tras los comicios, que incluía una cantidad de arrestos de menores de edad nunca antes vista en Venezuela.

Recientemente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo estar «profundamente preocupado por el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia durante las protestas postelectorales de julio y agosto».

Mientras sigue las noticias sobre la liberación de presos a cambio de migrantes, Mirbelis González anhela que su hermano sea uno de los próximos excarcelados.

«Él no es un adolescente malo, no es un adolescente rebelde, le gustaba trabajar con mi papá. Siempre le digo que tenga esperanza, que esto se va a acabar pronto».

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