Los migrantes deportados por EE.UU. a Costa Rica que serán liberados de un refugio por una orden judicial

Los deportados, entre ellos más de 80 niños, llegaron en vuelos desde Estados Unidos poco después de que se firmara el acuerdo entre ambos gobiernos en febrero.

Las autoridades estadounidenses evaluaron los expedientes de los migrantes y descartaron que tuvieran vínculos con grupos terroristas, informaron las autoridades migratorias costarricenses.

Un informe de organizaciones de derechos humanos indicó que estuvieron retenidos de forma arbitraria e ilegal durante más de 60 días, sin acceso a asistencia legal ni información en sus respectivos idiomas.

Grupos de derechos humanos denunciaron que a los migrantes no se les permitió salir de las instalaciones sin supervisión.

Ante las crecientes críticas, las autoridades migratorias costarricenses otorgaron a los deportados un estatus especial temporal en abril y les permitieron circular libremente fuera del albergue donde estaban recluidos.

En el fallo del martes, cuatro de los siete jueces declararon que las condiciones de reclusión de los deportados violaron sus derechos y llamaron al gobierno a determinar el tipo de asistencia estatal que los migrantes podrían requerir.

Entre las deficiencias constatadas por el tribunal se encuentran la privación de la libertad de movimiento sin una resolución individual previa, la restricción de sus comunicaciones con el exterior y la falta de información sobre la posibilidad de solicitar la condición de refugiado.

Una mujer afgana dijo a la agencia AFP desde el Catem que había huido de su país porque quería estudiar y trabajar, sin ser obligada a someterse a la compañía de un hombre para salir.

Además, denunció que si la obligaban a volver a Afganistán, los talibanes la «matarían».

El tribunal determinó que el gobierno actuó dentro de sus competencias al llegar a un acuerdo con Trump para aceptar a migrantes deportados de terceros países.

Costa Rica fue el tercer país de Centroamérica en alcanzar un acuerdo similar con la Casa Blanca, después de Panamá y El Salvador.

La deportación de migrantes a terceros países, también llamados «países puente», ha sido impugnada tanto en Estados Unidos como en Costa Rica.

Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó el lunes una orden de un tribunal inferior que exigía que los migrantes tuvieran la oportunidad de impugnar las deportaciones, ya que podrían correr riesgo de tortura, persecución o muerte en el país al que fueron deportados.

Además de a Costa Rica, Trump mandó a 300 deportados a Panamá, en su mayoría asiáticos, y a 252 migrantes venezolanos a El Salvador, acusados de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua sin presentar pruebas, y quienes permanecen encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel de máxima seguridad construida para recluir a pandilleros.

En febrero, cuando comenzaron los vuelos de deportación hacia Centroamérica, los gobiernos de Panamá y Costa Rica dijeron que estas operaciones eran financiadas por Estados Unidos y que se llevaban a cabo bajo la supervisión de la Organización Internacional de Migraciones, que pertenece a Naciones Unidas.

Muzaffar Chishti, investigador principal del centro de estudios Instituto de Política Migratoria en Estados Unidos, le dijo a BBC Mundo en febrero que al enviar a estas personas a otros países, Estados Unidos se libró de su responsabilidad con los deportados.

«Una vez que te llevas a esas personas fuera, las leyes, la Constitución y las regulaciones estadounidenses ya no aplican. Si esas personas tenían algún derecho bajo la ley estadounidense, al llegar a Panamá eso desaparece», aseguró.

El experto explicó que probablemente una de las principales razones de Washington para deportar a estos migrantes a Centroamérica era que procedían de los llamados países «recalcitrantes», que no colaboran o no están abiertos a aceptar el regreso de sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos.

Por ello, su expulsión requería negociaciones diplomáticas con esos gobiernos.

Juan Navarrete, abogado especializado en derechos humanos que trabaja en el tema migratorio con Amnistía Internacional, le dijo a BBC Mundo que probablemente muchas de esas personas requerían protección internacional porque procedían de países con conflictos armados internos o internacionales, o estaban controlados por gobiernos autoritarios que no respetaban los derechos humanos.

«Son personas que salieron de sus países por necesidad de protección internacional. Entonces, ya eso las coloca en una condición de vulnerabilidad y de revictimización», advirtió.

En el caso de los deportados que fueron enviados a Panamá, inicialmente fueron alojados en el hotel Decápolis, en la capital panameña, bajo la custodia de guardias armados que les impedían salir.

A través de las paredes de cristal, varios de ellos escribieron o mostraron mensajes para pedir ayuda.

Una mujer iraní que vivía en Panamá desde hace años le dijo a BBC Mundo en aquel momento que estuvo en contacto con uno de los migrantes dentro del hotel y dijo que estaban «aterrados» por la posibilidad de que los llevaran a Irán.

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