Por qué España va a contracorriente del mundo y tiene una política migratoria abierta

En el continente europeo, Alemania aprobó reformas legales para facilitar deportaciones y detenciones; Francia restringió prestaciones sociales y aceleró expulsiones; Italia aplica leyes disuasorias y el procesamiento de solicitantes fuera de su territorio; y Reino Unido limitó drásticamente el acceso al asilo.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump mantiene una agresiva campaña de cierre de fronteras, persecución y deportación de irregulares; mientras Canadá, un país tradicionalmente abierto a extranjeros, ha recortado admisiones de temporales y estudiantes.

¿Por qué España se erige como la nota discordante? Lo analizamos.

Pese a arrastrar problemas importantes como bajos salarios, alta tasa de desempleo, pérdida de poder adquisitivo y escasez de vivienda, la economía española se ha fortalecido en los últimos años.

España recuperó recientemente el puesto 12 de las economías mundiales tras adelantar a México, Australia y Corea del Sur, con un PIB que ya supera los 2 billones, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

«La economía española presenta una demanda de mano de obra en sectores como el cuidado y la construcción y la hostelería, que dependen directamente de la inmigración», indica a BBC Mundo Cecilia Estrada Villaseñor, doctora en migraciones internacionales de la Universidad Pontificia Comillas.

La regularización, pronostica la académica, favorecerá a corto plazo la formalización del empleo y la recaudación pública al reducir la economía sumergida, mientras a medio plazo vaticina una mayor sostenibilidad del sistema de pensiones, cada vez más tensionado por el envejecimiento demográfico.

«En cuanto al impacto fiscal, los estudios del Real Instituto Elcano, de la OCDE y de la Comisión Europea muestran que, en promedio, los migrantes tienden a aportar más de lo que consumen en servicios sociales», indica.

Joaquín Arango, catedrático emérito de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y codirector del Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales, puntualiza que la demanda de mano de obra migrante «también ocurre en Francia, Italia o Alemania, pero España es el país que se atreve a solucionar estos desajustes de forma más enérgica».

«Otros países lo hacen en menor medida y de forma más discreta: Italia está aumentando los contingentes de trabajo para extranjeros, incluso en situación irregular, pero de forma más subrepticia. Alemania reconoce que tiene un déficit de alrededor de un millón de personas en el mercado de trabajo, pero encuentra más frenos y se comporta de forma menos decidida», afirma.

España cerró 2025 con 605.400 nuevos empleos y alcanzó la cifra récord de 22,46 millones de trabajadores y 118.400 parados menos.

Pese a haber logrado el mejor dato de los últimos 17 años, el país mantiene un alto nivel de desempleo -algo menos del 10% en comparación con el promedio del 6% de la Unión Europea-, por lo que los críticos de la medida creen que absorber a cientos de miles no será tan fácil como se plantea.

«Para un país que tiene un desempleo estructural muy grande como el de España, que es una anomalía dentro de Europa, eso sale muy caro, ya que favorece que siga llegando más inmigración de la que necesitamos», plantea el analista demográfico Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU-CEFAS.

El académico señala que la política de puertas abiertas a la inmigración, y el consiguiente rápido incremento poblacional, también agrava lo que muchas encuestas señalan como la principal preocupación de los españoles: la falta de acceso a la vivienda.

«Las personas que viven en su casa en propiedad, que son todavía la mayoría, no tienen un problema y, de hecho, su casa se revaloriza. Pero para quienes sí les afecta, que son los jóvenes y los propios inmigrantes, es un problema tremendo», argumenta.

Diversos estudios muestran que en general los españoles perciben la inmigración de una forma más favorable que otros países de occidente y, pese a ciertas preocupaciones sobre la integración de los extranjeros, reconocen su contribución económica.

Expertos destacan que ahí entra en juego una diferencia fundamental con sus vecinos europeos: el origen de los inmigrantes.

Aproximadamente un 48% de extranjeros residentes en España son personas nacidas en América Latina, que además suman el 66% de la inmigración no europea, según datos del Real Instituto Elcano.

Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Perú son los países que más aportan.

A falta de datos oficiales, el centro de análisis sociológico Funcas estima que, de los más de medio millón de irregulares que se podrían beneficiar de la nueva medida del gobierno, 9 de cada 10 son latinoamericanos.

«Al manejar el idioma pueden empezar a trabajar nada más llegar a España, además de que comparten nuestra cultura, valores y, en buena medida, la religión», sostiene José Pablo Martínez, investigador en dinámicas sociales y económicas de las migraciones del Real Instituto Elcano.

Alega que «eso, a nivel social, supone un choque mucho menos fuerte que el que puede suponer en otros países otro tipo de inmigración, por ejemplo, en la procedente de países musulmanes en Francia o en Alemania».

Alejandro Macarrón coincide en este punto al argumentar que «la facilidad de integración teórica es mucho mayor» ya que «no existe un conflicto como con el yihadismo» u otras corrientes religiosas y culturales.

Aun así, España no ha estado exenta de conflictos vinculados a la inmigración, desde los disturbios de Torre Pacheco el pasado julio -con enfrentamientos entre extranjeros y grupos vecinales y de extrema derecha por una agresión atribuida a jóvenes magrebíes- hasta el reciente desalojo masivo de un edificio ocupado en Badalona tras meses de quejas vecinales por la inseguridad.

Martínez reconoce, en este sentido, que «hay un tema social en España, como en otros países europeos, con una serie de problemas que también suceden aquí y que han llevado a los otros a poner más restricciones».

BBC Mundo también habló con Silvana Cabrera, portavoz de la plataforma Regularización Ya, un colectivo clave en la presión al gobierno para aprobar la nueva medida.

Cabrera, boliviana residente en España, niega la influencia del «factor latinoamericano».

«Nosotras no somos partícipes de ese discurso. Creemos que es un discurso totalmente colonialista y racista. Nosotras no somos hermanas. El Reino de España no nos trata como hermanas; nos maltrata y sufrimos el mismo racismo institucional», sentencia.

Otro factor que entra en juego, según expertos, es el político, desde la posición ideológica del gobierno español hasta los objetivos que persigue más allá de los declarados públicamente.

«En España hay un gobierno socialdemócrata de centroizquierda, que es más proclive a la cuestión migratoria que países con gobiernos más conservadores», afirma José Pablo Martínez, investigador del Real Instituto Elcano.

El analista demográfico Alejandro Macarrón lo plantea en términos más críticos: «El caso de España es anómalo, ya que es el único país de Europa Occidental que tiene a la extrema izquierda [en alusión al partido Sumar] en el gobierno. Así como en el resto de Europa se está intentando ordenar la inmigración, que los flujos sean más adecuados al mercado laboral, en España parece que se hace solo política ideológica».

Esta no es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España y las anteriores han sucedido tanto bajo gobiernos del Partido Socialista como del conservador Partido Popular (PP).

El gobierno de José María Aznar, del PP, hizo tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total, mientras el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo la mayor hasta la fecha en 2005, con 576.000 solicitudes aprobadas.

El historiador Jordi Canal i Morell historiador español, profesor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, también censura el desmarque español en el continente.

«Es una medida irresponsable. El tema de la inmigración y las regularizaciones es muy serio y debe tratarse al margen de llamadas populistas. Y debe concertarse con los vecinos y socios europeos», declara a BBC Mundo.

Por otro lado, expertos señalan que la frágil red de alianzas que mantiene en el poder a Pedro Sánchez le obliga a depender de formaciones más a la izquierda, como Podemos y Sumar.

«El gobierno está ganando tiempo para sobrevivir en un reparto de fuerzas desfavorable y necesita el respaldo de estos partidos, todos ellos favorables a la regularización», indica el catedrático Joaquín Arango.

Arango cree que ese es el principal motivo por el que el gobierno ha tramitado el real decreto: «Con esta decisión, piensa que puede aumentar sus apoyos parlamentarios y conseguir una mayor supervivencia política».

Otro objetivo que el experto menciona -más altruista en este caso- es solucionar el problema del alto número de irregulares y la creciente montaña de expedientes de solicitud de asilo que desborda a la administración.

«Esta regularización es una forma de poner orden: al aprobarla se facilitan las cosas y se gana tiempo hasta una futura coyuntura semejante, porque esto volverá a ocurrir. Durante un tiempo largo se puede poner el contador a cero».

El catedrático puntualiza que, a diferencia de otros países europeos, «en el caso español, el temor a la impopularidad de una medida de este tipo es mucho menor», ya que su sociedad se ha caracterizado históricamente «por un mayor grado de aceptación de la inmigración».

«Los estudios sitúan a España entre los más propicios a la aceptación de la inmigración, a las demandas de asilo y a la protección internacional», concluye.

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