Puerto Casado, el pueblo en Paraguay comprado por una secta coreana cuyos habitantes luchan desde hace 25 años por obtener la propiedad de sus tierras

Explica que la caminata fue una protesta que realizaron «cansados de los atropellos», luego de que en el año 2000 su municipio -incluyendo propiedades, animales y plantaciones- fuera vendido a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, conocida como la secta Moon, una organización religiosa de origen surcoreano.

«Se anunció que se vendían no solo los terrenos, sino también todo lo plantado y clavado. Las casas, escuelas, la iglesia y las instituciones que se supone funcionan en manos del gobierno», cuenta Manena, quien nació y creció en la localidad.

Puerto Casado, explica, es un asentamiento de 7.000 personas que fue fundado en 1886 por el rico empresario argentino Carlos Casado de Alisal y siempre «ha estado en manos privadas». Es un ejemplo del enorme problema de la distribución de tierras en el país sudamericano que perdura hasta la actualidad.

Casado de Alisal usó Puerto Casado, que está ubicado en el Chaco paraguayo, una región poco poblada del occidente del país, como un enclave para la extracción de tanino, sustancia que proviene del quebracho, un árbol nativo, y que fue esencial para la producción de cuero durante gran parte del siglo pasado.

«Vino acá y explotó los recursos naturales. Formó un pueblo, pero siendo también el propietario que lo manejaba absolutamente todo, incluyendo los servicios básicos. Aquí, antes de la llegada de la secta Moon, nadie pagaba agua o luz», comenta Manena.

La compañía operó durante más de 100 años y se convirtió en una de las tanineras más importantes del mundo, haciendo que el empresario argentino amasara una enorme fortuna y acumulara más de 5 millones de hectáreas en el Chaco paraguayo.

Con el declive del tanino vegetal por la llegada de nuevos productos sintéticos, la empresa cesó sus operaciones y en el año 2000 decidió vender cientos de miles de hectáreas de terrenos, entre los que se encontraba Puerto Casado.

«Y por esa razón nos organizamos y reclamamos que las tierras sean pasadas a los casadeños», añade Manena.

Más de dos décadas después, su reclamo persiste.

El gobierno paraguayo y los actuales propietarios aseguran que buscan una solución al conflicto, marcado por promesas incumplidas y abandono.

Mientras, los casadeños lidian con las consecuencias de no tener un techo y una tierra propios.

«Siempre ha existido el temor de que nos arrebaten nuestro hogar. Pero en este pueblo nadie cederá ni aunque aparezca una orden judicial de desalojo», dice el periodista.

La ruta más rápida para llegar a Puerto Casado en auto toma unas ocho horas desde Asunción. En ocasiones, la carretera no tiene asfalto y cuando llueve se llena de lodo.

Una vez en Vallemí, el pueblo contiguo, hay que tomar una balsa y navegar 20 kilómetros por el río Paraguay hasta un pequeño puerto de madera.

Más allá del puerto, se abren calles de mediano tamaño, bordeadas por edificaciones que en su mayoría son de un solo nivel y preservan las fachadas originales de la época taninera.

En el centro del municipio, hay un monumento de un soldado paraguayo con los colores azul, blanco y rojo de la bandera nacional. Es en honor a quienes lucharon en la guerra del Chaco, un conflicto con Bolivia por el control de la zona, durante el cual se usó a Puerto Casado como cuartel y en el que Paraguay resultó vencedor.

Justo en frente, en la parroquia, un edificio sobrio -también de ladrillo- y con un enorme patio interior, nos recibe el sacerdote Zislao Ksiasek.

«Lo más doloroso de esa época, es que el ciudadano fue olvidado por el Estado. Estaba a merced de los patronos», comenta el cura polaco de la orden salesiana que vive en la ciudad desde hace 40 años.

El «paí Zislao», como le llaman los locales, es una de las voces más activas a favor de la entrega de títulos de propiedad a la población casadeña.

Guarda cientos de artículos de prensa, documentos, planos y fotografías originales que registran la vida de los lugareños durante el periodo de la taninera.

«Yo guardo mucha basura», dice con sarcasmo, y se queja de que en el país no existe un archivo oficial o museo sobre una época que él vivió como capellán de los obreros del quebracho.

Trabajaban, asegura, en condiciones de «esclavitud». «El pueblo fue abofeteado por el Estado», dice.

El sociólogo Julio Rafael Espinola, de la Universidad Nacional de Asunción, coincide con el padre Ksiasek.

El dueño de la empresa tenía el poder de prohibir a los empleados salir de sus terrenos, vetar su consumo de alcohol y controlar sus víveres.

Los ciudadanos adquirían su comida en un almacén que era propiedad de Carlos Casado y a fin de mes el costo de los productos les era descontado del salario.

«Por legislación, la firma no solo tenía el poder administrativo de sus predios, sino también atribuciones de policía e incluso judiciales», explica el experto.

Y esto fue así porque luego de perder la guerra de la Triple Alianza contra Argentina, Brasil y Uruguay, el Estado paraguayo se encontró en la bancarrota y tuvo que vender parte de su territorio para saldar sus deudas tras el conflicto, sostiene Carlos Aníbal Pérez, también sociólogo de la Universidad Nacional de Asunción.

«Como el Chaco estaba muy lejos, vender las tierras públicas no afectaba a Asunción, el centro del país. Por eso se les dio libre albedrío a los dueños de las tierras y se creó una especie de Estado paralelo», asegura Pérez.

Para el experto, «Puerto Casado es el lugar en el que los poderes fácticos han tenido más incidencia que los poderes políticos reales».

Al cerrar la taninera, Puerto Casado se quedó sin su principal fuente de ingresos.

Y como los pobladores no tenían títulos de propiedad, no podían acceder a créditos o ayudas gubernamentales para desarrollar sus parcelas y trabajar en la agricultura o la ganadería.

«Pensábamos que nos convertiríamos en un pueblo fantasma», señala Manena, quien se dedica a cubrir para medios locales las noticias de la zona del Chaco.

A esta situación se sumaron riñas entre buena parte de los locales y la secta Moon, que tras adquirir miles de hectáreas de terreno quiso desalojar a la población.

El grupo religioso, a través de su representante legal para América Latina, Michelle Byun, le dijo a BBC Mundo que el desahucio no iba dirigido a toda la municipalidad.

«Al ser extensas nuestras propiedades, hubo varias invasiones», señaló.

Pero la respuesta inicial de los pobladores a la llegada de la secta fue feroz.

Cuando los representantes del movimiento religioso se trasladaron a la municipalidad por primera vez, los casadeños les retuvieron su avión durante varias horas.

«Fue una forma de protesta», señala Manena. «Hicimos que viniera algún representante del gobierno. Fue un mensaje para que se enteraran de que en Puerto Casado hay gente que quiere ser independiente», explica.

«En los inicios, no hubo una buena relación con los dueños. No sabíamos si de un día para otro iban a venir a desalojarnos de nuestras casas», cuenta Laura Diaz, una profesora de 37 años que nos recibe en la escuela Juan de Ayolas.

Vive en Puerto Casado desde que nació. Su familia llegó al lugar hace dos generaciones, por lo que conoce bien la historia de la localidad.

«Vinieron militares para apaciguar los conflictos, también policías para mediar y tranquilizar a la población. En las manifestaciones, muchos fueron golpeados», comenta.

Como consecuencia de estas diferencias, la organización religiosa decidió no establecer operaciones en Puerto Casado y solo mantiene reuniones de unos pocos fieles en la capital del país, añade Carmelo Caballero, también abogado del grupo.

Además, desistieron de adelantar los proyectos agrícolas que tenían previstos para los predios circundantes.

La lucha de los vecinos también logró que en 2005 el gobierno aprobara a su favor la expropiación de 52.000 hectáreas de tierra.

Sin embargo, la «alegría duró poco», recuerda Manena.

En 2007 la Corte Suprema de Paraguay declaró la ley inconstitucional por considerarla una «confiscación».

«Comenzamos una serie de conversaciones con las autoridades y se logró que se anularan las 52.000 hectáreas de expropiación a cambio de 30.000, pero como una donación», detalla la abogada Byun.

Pero la transferencia nunca fue ejecutada por el gobierno y más adelante, en 2012, tras la muerte de Sun Myung Moon, el controversial líder de la Iglesia de la Unificación, surgió un «cisma» en la organización y sus familiares se dividieron los bienes.

Esto incluyó los terrenos en los que se ubica Puerto Casado.

Unas 300.000 hectáreas quedaron en manos de la Iglesia, dirigida ahora por Hak Ja Han, la viuda Moon, y el resto fue a parar a varias empresas vinculadas a uno de los hijos del fallecido líder religioso.

Y con esta división, se inició un pleito legal por las tierras que aún no se ha resuleto y mantiene a los casadeños en vilo.

En marzo, cuando visitamos Puerto Casado, la profesora Díaz se mostraba emocionada.

Le habían llamado para informarle que recibiría el título de propiedad de su vivienda, en la que antes que ella, también vivieron sus padres.

Era el resultado de «20 años de lucha», reflexionaba.

La maestra sería parte de un grupo de beneficiarios a quienes la empresa Atenil -vinculada al hijo del reverendo Moon y que quedó como dueña de unas 240.000 hectáreas tras la división de la Iglesia- les realizaría una entrega directa de la propiedad, al margen de la ley que quedó en pausa por la decisión de la Justicia del país.

Según Kiantar Betancour, gerente general de Atenil, la empresa busca entregar 268 títulos de propiedad a familias que viven en una zona del centro urbano de Puerto Casado, que no se encuentra ubicado dentro de las 30.000 hectáreas contempladas en la ley de donación.

«Es una donación privada, fuera de lo que es la ley de donación. Queremos regularizar el casco urbano», comentó Betancourt.

Su compañía opera en Puerto Casado un centro industrial en el que tiene varios proyectos de desarrollo sustentable que financian con la expedición de créditos de carbono.

La firma también ofrece ayuda a las escuelas de la zona con la restauración de muebles y la entrega de material educativo.

Díaz es una de las docentes que recibe su apoyo.

«Anteriormente no se conversaba con los dueños, siempre hubo intermediarios», asegura la educadora. «Ahora, al menos con esta empresa, eso ha cambiado», alega.

Pero el intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno, una figura que se encarga del ordenamiento territorial y de cobrar impuestos, asegura que la compañía no tiene la capacidad legal para ceder los títulos de propiedad.

Adorno sostiene que deben donar las propiedades primero al Estado paraguayo, para que sea este el que reparta los lotes entre los ciudadanos.

Dos meses después de que le hicieran visitar varias oficinas y firmar varios documentos, Díaz no ha recibido su título de propiedad.

Desconoce a ciencia cierta el por qué y atribuye el retraso a problemas burocráticos y a diferencias entre las empresas y el gobierno paraguayo.

Diego Puente, el representante legal de Atenil, dice que los títulos de propiedad que pretenden donar continúan tramitándose.

«Se terminaron de procesar 20, mientras que 30 están en el proceso burocrático. Cuando tengamos 50 casas, hacemos un evento y lo comunicamos», informaron a BBC Mundo en un mensaje de texto en mayo.

Fueron las mismas palabras que utilizaron cuando visitamos su oficina a principios de año.

Agustina Sosa es también «casadeña de cuna».

Tiene 18 años y está a punto de terminar el colegio. Espera entrar pronto a la universidad.

No obstante, sabe que se tendrá que ir de Puerto Casado cuando decida dar ese paso, pues en la localidad no hay un centro de educación superior.

«Mi meta es irme a Concepción, porque me gustaría hacer una licenciatura en instrumentación quirúrgica. Hace mucha falta aquí, en la comunidad, donde solo tenemos a una persona que se dedica a dicha profesión», señala.

Dice que no tiene mucho conocimiento sobre el problema de los títulos de propiedad.

«He escuchado algunas cosas, pero no le he dado tanta importancia a eso todavía. Aunque me encantaría tener alguna propiedad a mi nombre cuando tenga mi trabajo y estudios».

De lo que sí tiene certeza es de la falta de oportunidades para los casadeños.

«Aquí a veces se está bien y a veces mal. Digamos que la vida es regular. Hace mucho calor, no hay muchas fuentes de trabajo ni cosas para hacer», cuenta.

Arturo Méndez González, el gobernador del Alto Paraguay, el departamento donde está Puerto Casado, reconoce que es necesario solucionar el problema de la tierra para que el pueblo se desarrolle.

«Ninguna universidad o negocio va a invertir en un lugar donde no existe seguridad en términos de la propia tierra», señala.

Y asegura que su administración, que lleva casi dos años en el poder, está «por primera vez» fomentando el diálogo entre los dueños de los terrenos y los ciudadanos».

Pero es necesario esperar que se solucionen las diferencias legales entre la Iglesia y las empresas, agrega.

Con el tiempo, dice al final de nuestra conversación el periodista Alcides Manena, los casadeños han ido «perdiendo el miedo».

No tienen la intención de «entrar en un conflicto», pero continuarán con sus exigencias.

Por todo lo que han entregado a la historia del país, los casadeños deberían tener más que promesas, insiste.

«Por derecho, al gobierno le corresponde darnos tierra».

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.